Corte Europea escucha caso sobre penas de prisión a altos funcionarios alemanes en desacato
Esta semana la Corte Europea de Justicia escuchó el caso referido por el Tribunal Superior Administrativo de Baviera, Alemania, respecto de la demanda presentada por una organización ambientalista que pide pena de prisión para las autoridades bávaras que no han implementado decisiones en materia de contaminación del aire.
La demanda fue presentada por la organización Deutsche Umwelthilfe, Acción Ambiental Alemana, DUH por sus siglas en alemán, debido a que el gobierno de Baviera no ha implementado dos decisiones judiciales que lo obligan a actuar para reducir los tóxicos niveles de dióxido de nitrógeno que exceden los límites legales establecidos por la Unión Europea.
Al respecto, en noviembre de 2018 el tribunal administrativo de Baviera determinó que el premier del estado federado, Markus Söder, y su gobierno estaban incumpliendo sus obligaciones, están en desacato de órdenes judiciales e incumpliendo el estado de derecho.
El caso fue referido por el tribunal administrativo a la Corte Europea de Justicia en ese mes de noviembre en contra de los altos funcionarios precisamente porque “dejaron en claro, públicamente y ante el tribunal, que no cumplirían con sus responsabilidades”.
El tribunal bávaro añadió que la imposición de una multa de 4,000 euros ha sido “ineficiente” pidiendo, por tanto, opinión al tribunal europeo sobre la legalidad de imponer penas de prisión para los funcionarios.
La decisión de la Corte Europea de Justicia, que podría publicarse en unos meses, no es legalmente vinculante para el tribunal alemán, sino meramente orientativo y, aunque se opte por la imposición de penas de prisión, es prácticamente imposible que éstas se ejecuten porque correspondería hacerlo a los mismos funcionarios acusados.
Así, el asunto plantea, conforme con DW, no sólo lo relativo a la disposición de las autoridades de reducir los niveles de contaminación, sino también hacia la dificultad del poder judicial de lograr la ejecución de sus decisiones cuando se refiere al gobierno ya que las sanciones están limitadas a la imposición de multas de hasta 10,000 euros y se trata de dinero que sale y regresa a las arcas del estado.
Sin embargo, la decisión de la Corte Europea es muy importante en cuanto a los antecedentes porque “proporcionaría una clara interpretación, una clara indicación a los tribunales alemanes de lo que necesitan hacer cuando se enfrentan a situaciones de este tipo”, declaró a los medios Ugo Taddei, abogado de la organización ClientEarth que ha estado litigando en el Reino Unido respecto de la actuación del gobierno para reducir niveles de contaminación del aire. Además, el abogado dijo que la decisión podría ser vinculante para los jueces de los 27 estados miembros de la Unión Europea.
La contaminación del aire es un tema que es muy seguido por grupos ambientalistas en Europa y que ha estado ligado a interesantes demandas. Derivado de estas demandas, en Alemania el año pasado la Corte Federal Administrativa concluyó, en un caso también presentado por DUH, que las ciudades sí pueden imponer prohibición a la circulación en ciertas zonas de vehículos de diésel a fin de combatir la contaminación del aire. Esta demanda fue presentada en contra de las altamente contaminadas ciudades de Stuttgart y Dusseldorf para forzarlas a tomar acciones más certeras en contra de los tóxicos óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión emitidas por los vehículos que funcionan con diésel.
En el caso del estado de Baviera, las autoridades sostienen que imponer prohibiciones de este tipo no tienen efecto y que los niveles de contaminación han ido disminuyendo poco a poco debido a medidas impuestas como el fomento al uso de la bicicleta y del transporte público.
Para DUH, la falta de acción de Baviera y la inejecución de la sentencia emitida para disminuir la contaminación del aire, “es un ataque frontal a la democracia”. Además, para el presidente de la organización, Jürgen Resch, el premier Markus Söder y su antecesor Horst Seehofer, actual ministro federal del interior, “pusieron en peligro la salud de miles de personas en Múnich que tienen derecho al aire limpio”.
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