Napoles, Italia

 

El miércoles de la semana pasada, una coalición de más de 50 organizaciones agrupadas bajo el nombre Guidizio Universale, Juicio universal, anunció que planea presentar una demanda en contra del gobierno italiano por las inadecuadas políticas de acción climática.

Las políticas están delineadas en el plan energético de 2017 y fueron ratificadas el pasado diciembre en el Plan Nacional de Energía y Clima y la coalición considera que estas políticas no son lo suficientemente agresivas para reducir las emisiones de combustibles fósiles.

“No estamos develando todavía toda nuestra estrategia legal, pero el fundamento para la demanda es la falta de ambición y eficacia de las políticas climáticas de Italia lo que está violando los derechos fundamentales de los habitantes”, declaró sobre el asunto Cecilia Erba, integrante de la coalición.

“Queremos exponer la ineficacia de las políticas italianas comparadas con lo que la comunidad científica dice que se debe estar haciendo”, añadió la activista al lanzar una campaña que pretende obtener apoyo a la demanda planeada para los próximos meses. “El punto es que Italia no ha estado reduciendo suficientemente sus emisiones en los pasado años”.

Lo anterior coincide con las conclusiones presentadas el mes pasado por la Fundación Europea del Clima que otorgó a Italia una calificación 2.6 de 45 respecto de sus planes para reducir las emisiones y la dependencia a la energía de combustibles fósiles.

En este reporte. Italia fue unos de los seis países de la Unión Europea que “proporcionó información limitada, describiendo insuficientemente sus políticas existentes”. La Fundación tomó nota de que Italia no tiene un plan claro para eliminar gradualmente los subsidios a combustibles fósiles.

La decisión de presentar esta demanda contra el gobierno italiano parte no sólo de antecedentes legales como Urgenda contra los Países Bajos para obligar al gobierno a reducir las emisiones, o Juliana contra los Estados Unidos que pretende acciones más claras respecto de la crisis climática, sino de la decisión del 22 de mayo en que el Tribunal General de Europa desechó la demanda presentada en contra autoridades europeas por la falta de políticas eficaces en contra del cambio climático.

La demanda fue presentada ante el Tribunal General de la Unión Europea en mayo de 2018 y se identifica como Carvalho y Otros v Parlamento y Consejo (Caso T-330/18), con un total de 36 demandantes de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumania, Kenia, Fiyi y de Suecia para quienes los objetivos europeos de reducir las emisiones de los gases efecto invernadero de forma nacional en por lo menos un 40 por ciento para el 2030, en comparación con los niveles de 1990, no son medidas protectoras de sus derechos.

El Tribunal General desechó la demanda no negando la certeza de los hechos expuesto, sino considerando que como se trata de un asunto que afecta a todos los habitantes de Europa y no sólo a los promoventes de la acción, éstos carecían de interés jurídico.

Este tipo de demandas se han estado generalizando en varios países ya que, como lo ha señalado la abogada Tessa Khan, codirectora de Climate Litigation Network de la Fundación Urgenda “el canon existente de derechos humanos reconocidos es suficiente para fundamentar estos reclamos".

Así, un informe de las Naciones Unidas en 2014 respaldó este tipo de demandas al confirmar que el cambio climático impulsado por el ser humano "amenaza directa e indirectamente el disfrute pleno y efectivo de una gama de derechos humanos por parte de personas en todo el mundo, incluido el derecho. a la vida, el agua y el saneamiento, la alimentación, la salud, la vivienda, la autodeterminación, la cultura y el desarrollo".

Guidizio Universale planea presentar la demanda a finales de este año.

Más información climateliabilitynews.org

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