Pozo petrolero

 

El martes por la tarde, el juez federal Rudolph Contreras, de una corte federal de los Estados Unidos en Washington DC, ordenó la reevaluación de las adjudicaciones de permisos de perforación para extracción de petróleo y gas en Wyoming por no haber tomado en consideración las emisiones de gases efecto invernadero.

Se trata de la primera decisión que se refiere a la agenda de esta administración “energía primero”, que pretende reanudar proyectos de extracción de combustibles fósiles pese a la real amenaza que representa el cambio climático.

La demanda que se ha resuelto fue presentada en 2016 en contra de la adjudicación de permisos de perforación de pozos de petróleo y gas en 300,000 acres de terrenos públicos en el estado de Wyoming. La acción fue presentada por las organizaciones WildEarth Guardians, Physicians for Social Responsibility, y Western Environmental Law Center en contra del organismo público Bureau of Land Management, BLM, que es el encargado de administrar los terrenos públicos y, en su caso, adjudicarlos a empresas de energía. Se señalaba al BLM de no haber tomado en consideración para la adjudicación las emisiones de gases efecto invernadero, infringiendo con ello leyes medioambientales.

El juez Contreras estuvo de acuerdo con los peticionarios al establecer que la agencia de gobierno “no cuantificó adecuadamente los impactos en el cambio climático de las adjudicaciones de petróleo y gas”, añadiendo que el BLM “debe considerar el impacto acumulativo de emisiones de gases efecto invernadero” generados por pasadas, presentes y futuras adjudicaciones en todo el país.

“Este juez ha ignorado décadas de precedentes legales en su sentencia”, declaró sobre la decisión Kathleen Sgamma, presidente de la Western Energy Alliance, otro de los demandados en el caso. “El juez está básicamente solicitando al BLM que haga una conjetura sobre cuántos pozos se abrirán en las adjudicaciones, prematuramente”.

Para los peticionarios la decisión es importante porque “señala que todo el programa de perforación de petróleo y gas está fuera de tracto y moviéndose hacia la ilegalidad”. Así lo manifestó Jeremy Nichols de WildEarth Guardians.

Un estudio reciente muestra que bajo la administración Trump se han hecho adjudicaciones para perforación en más de 13 millones de acres de terrenos públicos, la mayoría de ellos localizados en Colorado, Montana, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming, además que se pretende otorgar permisos de perforación para pozos de petróleo y gas en grandes porciones del Atlántico.

Por lo pronto, los planes en los 300,000 acres de Wyoming se detienen mientras se apela la decisión o se hace una reevaluación del proyecto.

Los grupos, además, planean presentar demandas similares en contra de las adjudicaciones otorgadas en otros estados.

“Con la ciencia estableciendo que necesitamos controlar agresivamente los gases efecto invernadero, esta decisión es monumental”, declaró el abogado Kyle Tisdel de la organización Western Environmental Law Center. “Cada acre de nuestra tierra pública vendida a la industria del petróleo y gas es otro golpe para el clima, lo que hace de esta decisión una poderosa revisión de la realidad para la administración Trump y una poderosa herramienta para controlar la contaminación del clima”.

Mientras, en México, en lugar de proponer alternativas de generación de energías limpias, seguimos hablando de termoeléctricas y de pedir carbón a Coahuila para hacer ricos a unos cuantos, un senador incluido, mientras se daña el medio ambiente y nos ponemos en grave riesgo nosotros y a los futuros mexicanos.

Más información theguadian.com

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