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Categoría: Justicia Climática
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Contaminación por humo

 

La Corte Europea de Derechos Humanos concluyó el pasado 24 de enero que Italia ha fallado a los habitantes de Taranto, al sur de Italia, al no haber actuado con suficiente rapidez para poner remedio a los altos índices de contaminación ocasionados por una planta de acero, lo que ha sido causa de enfermedades entre los habitantes.

Taranto es el lugar en donde se ubica la planta de acero más grande de Europa, propiedad de la empresa Ilva que en junio de 2017 fue adquirida por la empresa multinacional india ArcelorMittal. Se trata de una fábrica que cubre 1,500 hectáreas y emplea a unas 11,000 personas. Pero las emisiones contaminantes de las plantas han sido causa de que los habitantes de localidades cercanas sufran diferentes enfermedades, entre ellas cáncer, según ha sido constatado por investigaciones científicas.

Desde el 30 de noviembre de 1990 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa identificó la zona como de “alto riesgo ambiental” y pidió al Ministerio del Medioambiente de Italia que diseñara un plan de descontaminación y limpieza de la zona.

Desde entonces se han diseñado planes que no se han puesto en marcha o lo han hecho con mucha lentitud, con la fecha límite de aplicación de los planes siendo extendida hasta agosto de 2023.

En este contexto, los habitantes de las municipalidades afectadas de Apulia, esto es, Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola y Statte, presentaron recurso ante el Tribunal Administrativo de Italia respecto de las consecuencias a la salud y al medio ambiente de la extensión de la fecha límite de aplicación de los planes de descontaminación e incluso presentaron un recurso respecto de su constitucionalidad, el que sigue siendo resuelto en los tribunales italianos.

Paralelamente se presentaron acusaciones penales en contra de administradores de Ilva por daños ecológicos graves, contaminación de los alimentos, por no evitar accidentes de trabajo y por contaminación ambiental. Algunas de estas denuncias terminaron en sentencias condenatorias, pero lo más importante fue que la Corte de Casación italiana concluyó que la administración de la empresa era responsable de la contaminación del aire, del desecho de peligrosos contaminantes y de la emisión de partículas.

Incluso, el Tribunal de Justicia de Europa encontró en 2011 responsable a Italia por no haber cumplido a cabalidad sus obligaciones de prevención y control de contaminantes y en 2014 la Comisión Europea pidió a las autoridades italianas que resolvieran los asuntos de la grave contaminación de la zona.

Argumentando violaciones al derecho a la vida y a la vida privada, 180 habitantes de la zona afectada presentaron su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos señalando que el estado italiano no ha adoptado medidas legales y obligatorias para proteger su salud y el medioambiente y que no les había proporcionado información sobre la contaminación ni atendido los riesgos a la salud.

La Corte Europea, considerando este asunto bajo la óptica del Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que protege el derecho a la vida privada, concluyó que, en efecto, los planes para descontaminar la zona no habían sido efectivos. Por tanto, el riesgo a la salud de los habitantes persiste.

La decisión observa que no constituye suficientemente causa para reparación pecuniaria del daño, es decir, para reparar económicamente los daños, pero ordenó a Italia a pagar 5,000 euros por gastos judiciales.

Además, reitera que es el Consejo de Ministros el que debe hacer las observaciones pertinentes a Italia para que se ponga remedio a la situación y se ejecuten los planes pertinentes de limpieza y descontaminación de la zona.

Cabe notar que esta demanda, identificada como Cordella y otros vs. Italia, fue presentada por 180 personas en 2013 y en 2015 y que de los 180 peticionarios se descartaron como víctimas a 19 por no habitar la zona de los municipios afectados.

Esta es una decisión judicial que reitera que hay un grave daño ambiental y a la salud de los habitantes, pero al parecer es insuficiente para que el gobierno italiano actúe con suficiente celeridad sobre el particular.

Más información echr.coe.int

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