El día de ayer se informó sobre la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud que pretende presentar la Secretaría de Salud para sancionar penalmente a las personas que induzcan o vendan alcohol a menores, así como elevar a 21 años la edad mínima para la venta de alcohol.

 

Carlos Tena, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, indicó que el consumo de alcohol en México es cada vez más frecuente entre niños y mujeres. En el país, subrayó, 27 millones de personas de entre 12 y 65 años consumen esas bebidas de manera nociva, de las cuales 9 por ciento tienen entre 12 y 17 años.

 

Por otra parte, se destaca que los más recientes estudios sobre el desarrollo del cerebro han demostrado que el cerebro humano concluye su desarrollo en los primeros años de la segunda década de vida y que un cerebro en desarrollo expuesto al consumo de alcohol puede sufrir efectos perdurables sobre las capacidades intelectuales y que pueden incrementarse las probabilidades de la adicción al alcohol. Por cada año que se demora el inicio del consumo de bebidas alcohólicas, se reduce en un 14 por ciento el riesgo de sufrir una dependencia al alcohol posteriormente.

 

El Código Penal Federal señala que comete corrupción de menores quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad realizar cualquiera de los siguientes actos consumo habitual de bebidas alcohólicas, sin derecho a libertad preparatoria, y se sanciona con prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días.

 

Sanciones semejantes son incluidas ya en algunas legislaciones locales, sin embargo no han tenido un efecto real para disminuir el consumo.

 

La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 señala que el consumo se inicia a los 12 años de edad, lo que indica que de una u otra forma los menores están teniendo acceso  a las bebidas alcohólicas. Un ejemplo son las revistas de sociales o las secciones dedicadas a este tema de los diarios, que presentan imágenes de los antros de moda, en donde claramente se puede apreciar la presencia de menores de edad sin que esto tenga consecuencias para estos establecimientos.

 

Así, queda de manifiesto que el problema no es de leyes, sino de la falta de aplicación de las mismas.

 

 

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