Michoacán promoverá controversia constitucional en contra de los “superdelegados"

Mazo y birrete

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, ha anunciado que promoverá una controversia constitucional en contra de la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo prevista en el artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

El Ejecutivo estatal explicó que la figura del delegado de programas de desarrollo, por las facultades que se le otorgan en la ley, se constituye en una autoridad paralela a los gobiernos estatales y a sus autoridades electas.

El articulo 17 Ter establece que esas delegaciones “… tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”.

Asimismo, el gobernador michoacano cuestionó la figura de los coordinadores estatales y regionales del Plan Nacional de Paz y Seguridad o coordinadores territoriales para la construcción de la paz, ya que carecen de facultades al no existir esa figura en la legislación vigente. Según lo manifestó Aureoles Conejo, los coordinadores presentan un nombramiento realizado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Arturo Durazo.

El artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) no establece la existencia de esta figura y, por el momento, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana carece de un Reglamento Interior que establezca esta figura.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en distintas tesis que el Reglamento Interior es el ordenamiento a través del cual el Ejecutivo Federal puede crear las distintas figuras que forman la estructura de una dependencia o entidad, suprimirlas, o establecer, cambiar o modificar sus atribuciones.

Así, si en los reglamentos interiores no se contempla una figura específica de la estructura de una dependencia o entidad, la SCJN señala que “… es evidente que no tiene existencia legal, ya que no puede sostenerse válidamente que en el acuerdo delegatorio de facultades, organigramas generales, o en el manual general de organización, se confieran facultades a una autoridad que no se encuentra expresamente creada en dicho reglamento interior, ya que además de la existencia de la autoridad, debe constar expresamente en el cuerpo de leyes que contempla a las unidades administrativas…” y se considera una autoridad inexistente.

Esto, conforme con lo establecido en el artículo 18 de la LOAPF que señala que: “En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias”. 

Otro problema de los coordinadores estatales y regionales del plan de seguridad es que conforme al artículo 21 de la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben contar con el certificado de evaluación y control de confianza, y aparentemente los coordinadores no cuentan con ese certificado.

 

Para Silvano Aureoles, la designación de estas figuras por parte del gobierno federal no es un tema menor ya que pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales, así como actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federal.

La controversia constitucional será presentada en los próximos días.

Más información eluniversal.com.mx

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net

Additional information