Sobre las policías comunitarias que vienen operando en el estado de Guerrero se ha dicho que estas son ilegales y que operan al margen de la Ley, pero en ese entidad existe un marco jurídico que las regula.

 

Las policías comunitarias fueron reconocidas en 2011 en la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 8 de abril de 2011.

 

El artículo 37 de esta ley reconoce “para todos los efectos legales a que haya lugar” la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias.

 

Inclusive este artículo señala que deberá legislarse para que exista una vinculación entre el Consejo con el Poder Judicial del Estado y una participación en el sistema estatal de seguridad pública, pero hasta el momento no se ha legislado sobre el tema.

 

El artículo dispone que se deben respetar “la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo”.

 

Esta ley también confirma que la Policía Comunitaria es un cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y que ambas instituciones formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 

Y en consecuencia, según este ordenamiento “los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad”.

 

Por otra parte la Ley No 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero faculta a los Ayuntamientos para “crear y reconocer unidades o agrupamientos especiales de policía comunitaria preventiva integrados con miembros de la propia comunidad”

 

Como características de esta policía el artículo 18 de la ley señala que deben “revestir el carácter de personas honorables y ser considerados aptos para la prestación del servicio de seguridad pública, tomando en cuenta los usos y costumbres de la propia Comunidad”.

 

Adicionalmente se prevé que a esta policía comunitaria se le proporcione “compensaciones, estímulos y equipamiento para el cumplimiento de sus funciones conforme a sus posibilidades presupuestales” otorgándoles el carácter de auxiliares de la seguridad publica.

 

La ley también establece que los miembros de las policías comunitarias deben ser “capacitados, evaluados, certificados y credencializados, tomando en cuenta sus usos y costumbres, como requisitos indispensables para el desempeño del servicio y su permanencia” y serán “coordinados y supervisados por los titulares de seguridad pública de los municipios, quienes informaran permanentemente sobre su funcionamiento, operación y resultados al Ayuntamiento”.

 

Lo que no se encuentra debidamente regulado es la vinculación con el Poder Judicial y la “procuración, impartición y administración de justicia” que es el sistema de justicia comunitaria y de reeducación, que constituye un sistema de justicia indígena que puede salirse de control como esta sucediendo en Bolivia.

 

El esquema que existe en Guerrero se pretende llevarlo a nivel federal a través de la iniciativa que promueve en Senador por esa entidad, Sofío Ramírez Hernández, que propone modificar  el octavo y noveno párrafos del artículo 21 y artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación para los Pueblos Indígenas de México como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

 

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