Diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política, para que el Estado garantice el acceso a Internet. Esta es la tercera iniciativa que en la LXII legislatura se presenta para considerar el acceso a Internet como un derecho humano.

 

Estas iniciativas coinciden con la resolución A/HRC/20/L.13 que el 5 de julio aprobó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamada “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”, que señala que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

El documento exhorta a los Estados miembros de la organización “a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países”.

 

Como hemos citado ya antes en esta revista electrónica, México ha empezado a dar pasos para reconocer como un derecho humano el acceso a Internet, al reconocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acceso a Internet como un servicio básico.

 

Por otra parte, el estado de Sonora está en proceso de reconocer como un derecho humano el acceso a Internet al establecer en su Constitución que “El Estado garantizará como un derecho humano el tener la posibilidad de acceder a la conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que otorga igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado”.

 

En el fondo las tres iniciativas coinciden en reconocer como una manifestación del derecho a la información, a la libertad de expresión  e inclusive  a la educación haciendo referencia a la declaración del Relator Especial para la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, quien señala que Internet  “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.

 

Asimismo reconocen la existencia de una brecha digital en el país provocada por la desigualdad socioeconómica y la falta de programas que permitan que la tecnología esté más cerca de la población, además de la falta de infraestructura en las zonas rurales para la conectividad.

 

El derecho a Internet con el acceso a banda ancha es uno de los objetivos de la actual administración, aunque expertos consideran que esta última debe matizarse para que se incluya dentro del régimen de servicio público y no como un derecho.

 

Esa es la opinión de Jorge Fernando Negrete Pacheco, Director General de Mediatelecom Policy and Law, quién señala que esto la pondría al nivel de otros servicios básicos como la alimentación, el agua, la energía en sus diversas facetas, el transporte multimodal, en concordancia con el criterio de la Suprema Corte.

 

Negrete Pacheco destaca que Finlandia fue el primer país en el mundo en considerar la banda ancha como un derecho legal de todos los ciudadanos, tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2010 de una ley en la materia, concibiendo a la banda ancha no sólo para el entretenimiento sino para una multiplicidad de servicios públicos como educación, salud y seguridad, es decir, para beneficio de la población. Esta nación conceptualizó la banda ancha como un derecho legal al ser parte de la responsabilidad del Estado para que éste pueda prestar de manera eficiente los servicios básicos a la población, de ahí su carácter de servicio público.

 

En ese orden de ideas, para materializar el acceso y el servicio público de banda ancha, Mediatelecom ha propuesto una Ley de Banda Ancha y Sociedad de la Información que reglamente el servicio público de banda ancha con el objetivo de llevar al país a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

 

El paso siguiente sería la conformación de una Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC, que tendría entre sus primeras tareas la publicación del Plan Nacional de Banda Ancha y la Agenda Digital de México. Negrete Pacheco considera que esta comisión el mejor esquema para promover y masificar esta herramienta como servicio público.

 

En América Latina, Perú ya cuenta con la  Ley 29904 de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que tiene como objetivo desplegar la infraestructura que permita impulsar, socializar, masificar y democratizar la banda ancha a alta velocidad. Por su parte México ha dado los primeros pasos al lanzar el primero de tres satélites del Sistema Satelital Mexicano que proporcionará servicios de telecomunicación a áreas remotas aisladas y poco atendidas, porque la estructura no existe allá, o no es factible utilizar otro tipo de tecnología y que incluye banda ancha, pero no tenemos aun el marco legal adecuado.

 

Este no es un tema menor ya que el acceso y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento de crecimiento, como lo reconoce la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2010 al destacar que un crecimiento de 10 por ciento en la penetración de banda ancha incrementa 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto de un país, por lo que debemos estar atentos a los avances en estos temas.

 

También habrá que estar vigilantes de que se respete la neutralidad de la red, para que los proveedores de servicios de Internet permitan el libre acceso y se abstengan de bloquear, discriminar, entorpecer o restringir el derecho de los usuarios a consultar, transmitir, recibir, contratar u ofrecer cualquier contenido, servicio o aplicación lícitos.

 

 

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