En enero de 2006 entró en vigor el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership o Trans-Pacific Partnership). Este tratado fue impulsado en el marco del Foro de Cooperación Asia Pacífico y fue firmado originalmente por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur.

 

Desde 2010 están abiertas negociaciones para un nuevo acuerdo en las que participan Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú, Vietnam, Canadá y México, pero la propuesta de Estados Unidos para este tratado incluye según sus críticos un capítulo de Propiedad Intelectual que se considera que es más duro que la indicativa SOPA o ACTA.

 

En materia de derechos de autor, la propuesta sugiere considerar un delito el que se violen las medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. Igualmente, sanciona como delito toda infracción de derechos de autor incluso si las supuestas infracciones han sido cometidas sin ánimo de lucro y sin beneficio económico para el infractor y las autoridades deberían actuar de oficio sin que medie reclamación de los supuestos afectados.

 

La propuesta también afectaría seriamente el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Por ejemplo limita las reproducciones temporales de obras sin la autorización de los titulares de derechos de autor, incluyendo los archivos electrónicos.

 

El Acuerdo impone un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea, imponiendo obligaciones como identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet. Además, la propuesta requiere que los países dispongan de medidas para bajar no solo contenidos infractores, sino que todo un sitio web por supuestas infracciones.

 

Para la ONG chilena “Derechos Digitales” varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada.

 

Estas medidas han sido rechazadas ya en tribunales de países europeos y de la Unión Europea, así como el Parlamento Europeo, pero Estados Unidos insiste en que sean parte de los acuerdos en los que participa, por lo que en el caso de México deberemos exigir  a nuestras autoridades sobre el contenido del tratado, que al igual que ACTA, se negocia en secretoy cuando el documento llegue al Senado evitar que se acepten este tipo de disposiciones.

 

 

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