Mientras que en E.U., Francia o España están optando por criminalizar el compartir links o descargar contenido de la red, existen países con una posición totalmente distinta, como es el caso de Suiza.

 

El 19 de marzo de 2010 el senado suizo ordenó al Departamento de Justicia Federal y Policía realizar una investigación sobre las descargas de Internet, y si era necesario tomar medidas en contra de la violación de los derechos de autor, ya que los productores previamente se habían quejado de una disminución en sus ingresos a causa de la piratería.

 

La investigación señal que un tercio de los suizos de más de 15 años regularmente descarga de la red música, películas y videojuegos sin pagar por ello, pero la mayoría de ellos no se da cuenta de que están violando la ley, a pesar de la amplia cobertura de los medios sobre el tema y las campañas de sensibilización, además de que la mayoría de usuarios no distingue entre lo que es legal e ilegal.

 

No obstante lo anterior, continúa el informe, el gasto que destinan los suizos al entretenimiento no se modifica y el dinero que podrían haber ahorrado termina siendo gastado en otras formas de entretenimiento como son conciertos, cine y mercancía con diseños alusivos, por lo que los creadores de contenidos terminan recuperando sus pérdidas, aunque se presentan cambios en los patrones de consumo: menos gasto en la música, más en los juegos, por ejemplo.

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El informe considera que cualquier censura en Internet, tales como el filtrado o bloqueo de sitios web previstos en Ley Hadopi en Francia o la Ley Sinde en España, son represivos y cuestiona su legalidad cuando por una parte las Naciones Unidas considera el acceso a Internet un derecho humano y por la otra se daña la libertad de expresión y violan las leyes de protección de la privacidad, por lo que deberían derogarse.

 

Esto concuerda con la decisión del Tribunal Federal de no permitir a las empresas intervenir las direcciones IP de los que comparten archivos.

 

El informe concluye destacando que los temores sobre el impacto adverso en la producción cultural de la nación son infundados, siendo los más afectados las empresas extranjeras, pero en ambos caso deberán adaptarse al comportamiento cambiante del consumidor, no siendo necesaria una acción legislativa sobre este tema.

 

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