El pasado mes de julio se promulgó en Argentina la Ley 26.685, mejor conocida en el ambiente judicial como la ley del expediente digital, y que ahora es reglamentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación para implementar la utilización del expediente electrónico para todos los procesos judiciales y administrativos que se tramiten ante el Poder Judicial de la Nación.

 

Esta ley argentina tiene como finalidad la digitalización de todos los procesos judiciales federales, otorgando el mismo valor probatorio a los expedientes, firmas, documentos y comunicaciones electrónicas que sus equivalentes en papel.

 

Desde 2005 se han presentado diversas experiencias en los tribunales argentinos respecto de la digitalización. Sin embargo como no había una ley que respaldara los procesos digitales ni les otorgara pleno valor probatorio, dichas experiencias no se generalizaron.

 

Pero ha quedado demostrado que la digitalización no solo supone un ahorro en papel y espacio, sino también logra la celeridad de los procesos. Por ejemplo, las notificaciones electrónicas suponen un gran ahorro de tiempo, puesto que se elaboran y envían en cuestión de minutos, lo que de otra manera lleva incluso días.

 

Con la implementación de esta ley, las partes de una causa deberán fijar un domicilio electrónico constituido, el cual puede ser el código de usuario y la contraseña que se asigna a los abogados en los servidores y base de datos del tribunal.

 

En la actualidad, gracias a un convenio que existe con el Poder Judicial de Argentina, ya opera lo que se conoce como Gestión Electrónica en Materia Previsional, por lo que a partir de la adhesión del abogado al sistema, el registro, sorteo y asignación de la causa, el inicio de la demanda, el traslado, la contestación y la notificación de la sentencia, se sustancia plenamente por medios electrónicos en los servidores del Poder Judicial, a través de las redes de Internet e Intranet, según corresponda.

 

Serán varios años los que se necesite para implementar la ley en su totalidad, sorteando las dificultades económicas que se presentan así como la resistencia de algunos funcionarios judiciales y abogados a los cambios digitales, pero quienes apoyan el cambio señalan que será benéfico puesto que ayudará a transparentar las acciones y a reducir los tiempos procesales, lo que redundará en beneficio de la administración de justicia y de la sociedad argentina.

 

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