En Argentina empiezan a conocer a un clásico mexicano reciente que con su ¿y yo por qué? elevan su protesta en una localidad de aquel país en donde aprobaron una disposición según la cual los padres de los menores de edad que se encuentren en la vía pública en estado de ebriedad serán multados.

¿Es justo? Si por justicia entendemos dar a cada quien lo que le corresponde, estrictamente no es justo porque el que está en estado de ebriedad no es la persona sancionada, pero habrá quienes contesten que los hijos son responsabilidad de los padres, y eso también es cierto…hasta cierto punto.

Es como cuando tenemos un animal (de los de cuatro patas y cola). Somos responsables de lo que haga de tal manera que si se el burro (el animal) patea al vecino, seremos responsables del pago de los gastos médicos por las heridas que sufra el vecino. Pero eso aplica porque se trata de un animal que es un bien, es decir, una cosa que aunque se mueve no tiene ni inteligencia ni voluntad y por lo tanto tampoco tiene capacidad de ejercicio.

Además de los múltiples chistes que se hicieron y se siguen haciendo sobre la Influenza, han estado circulando correos con diversas teorías sobre una conspiración del gobierno para distraernos de otros asuntos como el endeudamiento, la supuesta legalización de las drogas, la crisis financiera y otras cuestiones por el estilo que sería largo enumerar. Y al habernos convertido en una sociedad altamente descreída del gobierno, somos cautivos de estas teorías de conspiración, que se suelen aceptar sin hacer más investigación al respecto.

 

Muchas de estas teorías de la conspiración presentan datos y cifras y se redactan de manera convincente. Pero fallan en algo: el gobierno no tan fácil puede hacer lo que le da la gana porque además de que existen medios de control, la información real y verdadera existe y solo hace falta que la busquemos bien.

 

Por ejemplo, en unos de esos correos se dice que durante la contingencia se aprobó la legalización de las drogas en dosis personales, cuando la realidad es que no está sancionado que una persona tenga no solo mariguana sino otro tipo de drogas, en una dosis que se considere para consumo personal y eso está en el artículo 195, segundo párrafo, del Código Penal Federal, el cual no ha sido modificado desde hace años.

La filosofía china dice que cada crisis es una oportunidad. Honestamente nunca había entendido muy bien a que se refería este pensamiento porque una crisis es una crisis y muchas veces pueden llegar a ser catastróficas. ¿De dónde sale la oportunidad? Pero ahora que volteo a ver a México, empiezo a entender porque una crisis es una oportunidad.

 

Es innegable que México está en crisis y la epidemia por Influenza porcina, ahora llamada Influenza Humana, lo confirma. No lo califiquemos como "lo que nos faltaba", como fatalistamente solemos contestar los mexicanos que tendemos a ser muy negativos, sino como una circunstancia más que se une a la inseguridad, a la violencia, a la crisis financiera, a la crisis de las instituciones y a la falta de credibilidad en nosotros mismos.

 

Con la Influenza, México enfrenta tres problemas a futuro: la crisis financiera, que poco importa si vino de afuera y se juntó con la de adentro, porque se trata de un hecho que se va a ver agravado; la crisis de imagen, porque México está bajo la lupa del mundo y si ya nos han catalogado como un país violento e inseguro, se le añade la percepción de ser poco higiénico; y, la crisis de credibilidad en nuestras instituciones políticas, gubernamentales, religiosas y hasta familiares y por tanto en nosotros mismos.

Lo planteo porque esta semana me enteré que el gobierno belga bloqueó una página de Internet llamada detengamos el abuso infantil, porque en ella se contenían los datos de personas convictas por abusar sexualmente de niños.

De acuerdo con las leyes belgas, este sitio es ilegal por violar el derecho a la intimidad y privacidad de los que han cometido el delito. Se explica porque un principio básico de derecho nos dice que si una persona ya fue juzgada y condenada por un delito, no se le puede seguir persiguiendo ni juzgando por ese mismo delito.

Desde el punto de vista de la lógica jurídica es muy razonable que a nadie se le niegue seguir adelante con su vida, impidiéndole, por ejemplo, tener un trabajo o vivir en cierto lugar, por una falta que cometió y que, según los términos jurídicos, ya reparó.

Pero entre la lógica jurídica y las leyes se meten las emociones humanas que nos hacen preguntarnos sobre los derechos de las posibles futuras víctimas de esa persona en caso de que reincida.

Obama llegó y Obama se fue y para los medios en México su visita de 24 horas fue más que suficiente para analizar por adelante y por atrás, al derecho y al revés, las relaciones entre México y Estados Unidos y para “futurear” sobre los temas candentes que rigen esta vecindad.

 

Y para no quedarme atrás, no voy a ser la excepción. Por ello me refiero ahora a uno de los temas más importantes ventilados entre los presidentes Obama y Calderón: el tráfico de armas.

 

Ya desde la visita de Hillary Clinton el mes pasado a nuestro país, México acusó a Estados Unidos de ser el principal proveedor de armas de los cárteles de la droga en México y el presidente Calderón lo reafirmó ayer al mencionar que más del 90% de las armas incautadas en nuestro país pueden ser rastreadas hacia la Unión Americana.

 

Pero ¿qué puede hacer el presidente Obama? No mucho más de lo que dijo que es fundamentalmente cabildear ante el Senado la ratificación de un tratado internacional en materia de tráfico de armas, que establece mecanismos de importación, exportación y registro de armas entre los países que lo firmaron.

En el Reino de Arabia Saudita, un grupo de clérigos ortodoxos solicitó al Ministro de Información, nombrado por el rey Abadalá bin Abdelaziz, monarca absoluto del país, que prohíba la aparición de mujeres en los medios de comunicación, sea televisión, radio, periódicos o revistas, así como que cese la transmisión de música en televisión.

 

Arabia Saudita es un país teocrático en donde se están enfrentando grupos ortodoxos y moderados en términos de la religión, y aunque los moderados no consideran adecuado tampoco que las mujeres muestren sus rostros públicamente, han permitido que aparezcan en los medios de comunicación, incluso conduciendo entrevistas a hombres.

 

Los ortodoxos, por su parte, consideran que las mujeres no deben aparecer en lugares públicos sin estar acompañadas por sus esposos o padres y que no deben exhibirse en medios de comunicación, aunque permanezcan completamente cubiertas con sus abayas (capas largas negras) y sus velos llamados niqab. Asimismo consideran que la música viola los principios religiosos.

 

En los países musulmanes, debido a la aplicación estricta de la ley, las mujeres son segregadas y hay una marcada preferencia por los hombres.

 

Pese a que esta nota se relaciona con una celebridad, la he querido comentar aquí por la connotación que tiene en el ámbito jurídico y político de nuestro país.

 

Me refiero a Peter Gabriel, y no es que yo sea pitonisa, pero será noticia la próxima semana, no solo por los dos conciertos que dará, uno en el Foro Sol y otro en Guadalajara, sino también porque tras haber recibido la petición de numerosas personas para interceder por la impartición de justicia en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, planea entregar una carta al Presidente Calderón solicitando la acción de las autoridades en la investigación y resolución en dicho caso.

 

Y como si lo estuviera viendo. Los titulares de los periódicos estarán repletos de declaraciones de políticos mexicanos, rasgando sus vestiduras por la intromisión en asuntos nacionales de un extranjero y el ataque a la soberanía nacional, y si no estoy equivocada y la historia en nuestro país sea recurrente, no faltará el personaje que solicite que se declarado persona no grata y se le aplique el 33 (constitucional, claro).

Nunca he estado de acuerdo en que sea el gobierno quien se encargue de cuidarnos y creía que la mayoría de los mexicanos opinaban como yo, sobretodo cuando decían que el “paternalismo” priísta tenía que terminar.

 

Pero la realidad no está dando de frente y como hemos sido incapaces de asumirnos como un pueblo adulto, estamos dejando que el ala protectora de papá gobierno, del partido que sea, nos cobije y decida por nosotros en materia de seguridad, salud, educación, crecimiento económico, legalidad, impartición de justicia y demás temas trascendentales.

 

Por ejemplo, analicemos el tema de salud en el D.F. El gobierno asumió que debe cuidar que la gente no se emborrache y que tampoco maneje en dicho estado, y no solo por cuidar sus vidas, sino también porque las reparaciones de los daños en la vía pública son costosos, así como el brindar la atención médica de emergencia a quienes se accidentan.

 

Así, el pasado mes de febrero entró en vigor en el Distrito Federal la Ley de Establecimientos Mercantiles, en donde, entre muchas cosas, se regulan los centros nocturnos en cuanto a la venta y distribución de bebidas alcohólicas y a sus horarios de funcionamiento.

La adopción es una figura legal que existe desde la época del Derecho Romano, y que ha persistido a lo largo de los años porque cumple una función fundamental que es la de dar familia a una persona que por distintas razones lo necesita, y la de hacer familia a una pareja o a una persona.

Jurídicamente la adopción ha ido transformándose conforme las nuevas exigencias de la sociedad. Por ejemplo, hace años los vínculos de la adopción solo eran entre padres e hijo y ahora se amplían a toda la familia, abuelos, tíos, primos, etcétera, para equiparar en derechos y obligaciones a una familia adoptiva con cualquier familia biológica.

Y también, dada la globalización, han surgido figuras como la llamada adopción internacional, en donde encontramos que en unos continentes las tasas de natalidad son bajísimas con altos problemas de infertilidad, mientras que en otros, la natalidad es alta al igual que los problemas de violencia o pobreza.

Traigo todo esto a colación porque hay un grave problema que está emergiendo en relación con las adopciones internacionales, sobretodo de las realizadas por europeos con niños procedentes de países pobres de África, América Latina o Asia y se refiere a la ilegalidad de los procesos, en donde, ni los padres biológicos ni los padres adoptivos tienen responsabilidad sobre los hechos.

Paradójicamente la responsabilidad de estas ilegalidades es de las agencias legalmente autorizadas para trabajar a favor de los niños.

Y es que en un afán por liberar a los niños del sufrimiento que implica la pobreza de sus padres y que muchas veces los condena a ellos a seguir en la miseria, estas agencias tramitan las adopciones sin el pleno consentimiento de los padres biológicos.

Este caso está sucediendo en varios países, como en Nepal, en donde el gobierno ha descubierto que las agencias hacen que los padres firmen la cesión de la patria potestad de sus hijos, sin que ellos sepan que están firmando, ya que la gran mayoría no sabe ni siquiera leer.

La adopción es una enorme acto de amor de quienes entregan a sus hijos y de quienes lo reciben. O al menos eso debe, pero como este caso de Nepal, encontramos casos en donde la adopción la deciden terceras personas, por razones que pueden creer muy válidas, pero causan un serio perjuicio a los padres biológicos, a los adoptivos y sobretodo a los hijos.

Y no nada más se trata de pobreza o de ignorancia, sino que muchas veces se mezclan en estas decisiones asuntos ideológicos.

Por ejemplo, en Argentina se presentó un caso de una joven de 22 años que demandó a sus padres adoptivos y pidió su encarcelamiento cuando se enteró que fue dada en adopción tras la captura y asesinato de sus padres biológicos durante la dictadura militar y que ni siquiera se solicitó el consentimiento de los abuelos. Alguien en el gobierno decidió que ella iba a estar mejor con personas afines a la ideología estatal que con los opositores.

Su demanda me deja un mal sabor de boca, porque de primera instancia me parece como una rabieta de una niña malcriada que culpa de sus males a sus padres de crianza, pero la realidad es que las razones que tiene son muy poderosas porque en su caso, los padres adoptivos tuvieron conocimiento de que su madre biológica no había consentido en esa adopción.

Por estas causas, los diferentes gobiernos tratan de endurecer los procesos de adopción, para tener la seguridad plena de que la madre biológica entrega voluntariamente a su hijo. Pero con estas medidas también se desprotege a los niños, muchos de los cuales crecen en la orfandad, y se desmotiva el proceso legal, favoreciendo la trata de personas, que aún por razones humanitarias, se trata de un delito.

Y no vayamos ya más lejos. Ayer trascendió que Ilse Michelle, la niña “perdida” del albergue Casitas del Sur en el D.F., fue entregada en adopción a un alto funcionario gubernamental, mientras la abuela sigue buscando a su nieta. Porque la corrupción es otro factor a tomar en consideración.

Los gobiernos, legisladores y jueces deben poner en la balanza los derechos y obligaciones, los procesos, las leyes, los sentimientos, las razones humanitarias, la unicidad de las personas y el valor de la vida humana, para resolver esta problemática. Algo nada sencillo, que mientras se resuelve o intenta resolver, seguirá llevando por delante vidas de madres desesperadas buscando a sus hijos, de hijos a quienes le son vedados sus orígenes y de padres adoptivos que ponen la vida en su hijo sin saber que no tienen el pleno derecho para hacerlo.

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