El asunto del que escribo me ha estado dando vueltas en la cabeza desde la semana pasada y debo confesar que no sabía muy bien ni como abordarlo ni como empezar.

Se trata de Haití, claro, tema recurrente en la semana, y de la crisis de su estado de derecho, no solo en cuanto a lo que a su soberanía corresponde al haber sido pacíficamente ocupado por ejércitos extranjeros, tanto de la ONU como de Estados Unidos, sino porque no hay ley que valga ahora, salvo la del más fuerte.

El problema de la seguridad pública fue patente desde un principio, pero ahora la situación es más clara: simplemente no hay policías suficientes para guardar el orden. Así que de la mano de los Cascos Azules que llegaron a la región, los guardias de seguridad privada han tomado funciones de policía pública, con la anuencia de las autoridades haitianas.

Ayer empezaron las clases después del período navideño y hoy, en el estado donde vivo, Veracruz, se suspendieron.

 

Protección Civil del estado, con el gobernador al frente de dicho organismo, determinó que el Frente Frío 22 venía muy fuerte y con mucho frío, valga la redundancia, y que por ello había que proteger a los más vulnerables, los niños, y la mejor manera de protegerlos era dejarlos en casa, calientes y sin salir para que no pasaran frío y no se arriesgaran a contraer alguna enfermedad.

En efecto, está haciendo frío. En el Puerto de Veracruz, donde apenas en octubre vivíamos a 40° hoy tenemos los ventiladores apagados y hemos sacado hasta el abrigo, que por cierto, huele a naftalina, porque verdaderamente se necesita. Pero no es un frío insoportable.

En la región de las Altas Montañas me imagino que el frío es atroz, que se deben estar congelando, como se están congelando mis sobrinos en Metepec, Estado de México, que tuvieron que ir al colegio, o los niños de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Y me pregunto ¿estamos protegiendo a los niños al no enviarlos al colegio?

 

Los símbolos religiosos, particularmente los cristianos, han sido tema de análisis en fecha reciente no solo en Europa sino también en nuestro país.

En noviembre pasado dimos a conocer una resolución de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que concedía la razón a una madre italiana en el sentido de que la exhibición de crucifijos en las escuelas públicas violentaban la libertad de culto de los alumnos. Pese a que la resolución no condenó expresamente al gobierno italiano a retirar los crucifijos, éste se defendió airadamente con el argumento de que no se trataba de símbolos religiosos sino de la tradición y costumbres italianas, lo que ocasionó una controversia no solo en Italia, sino en otros países de Europa particularmente católicos como Grecia o España.

En este último país fue donde se votó una proposición en el Congreso en donde acogían el fallo de la Corte Europea y sin ser demasiado explícitos pedían que se respetaran las “Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión desde el principio de neutralidad ideológico y religioso del Estado y, especialmente, en lo relativo a los centros escolares".

 

Uno de los temas que ha cautivado la atención pública esta semana en nuestro país es el relativo a la protección de la vida que a nivel constitucional han regulado ya 17 estados.

No se trata desde mi punto de vista de una penalización del aborto, sino de la regulación de la protección a la vida ya que se empieza a definir por primera vez en México que ésta inicia desde la concepción o fecundación.

Y no se trata de la penalización del aborto por dos razones: las normas constitucionales establecen que se defiende la vida, con las salvedades que establezca la ley secundaria, y los códigos penales siguen estableciendo las salvedades que ya conocemos como violación o el que se ponga en riesgo la vida de la madre. Eso no ha cambiado.

 

Las leyes y normas siempre deben buscar el bien común. Pero debemos ser realistas: nunca terminan por proteger a todos y a veces terminan vulnerando los derechos de quienes se quiere proteger.

En semanas pasadas he encontrado algunos ejemplos de lo anterior que me han parecido interesantes de compartir y que nos invitan a cuestionarnos sobre lo legal y lo justo.

El primer caso lo tenemos en los Estados Unidos en donde para evitar tragedias como la de Columbine, muchos distritos adoptaron políticas de cero tolerancia a la introducción de armas a las escuelas. Se trata de una política que sin duda ha salvado muchas vidas, pero que al plantear una política de cero tolerancia, no deja margen de interpretación y ello afectó directamente a Zachary Christie quien no nada más fue suspendido del colegio sino que se le sancionó a ser internado 45 días en un reformatorio.

El deseo de ser padres de muchas parejas infértiles, hetero y homosexuales, o de personas solteras se ha incrementado de tal manera que lo relativo a la fertilización se ha convertido en una industria millonaria.

Por ejemplo, ya hay turismo reproductivo en donde se venden paquetes vacacionales que incluyen entre una romántica cena de bienvenida y el citytour, la visita a la clínica de fertilidad para realizar el procedimiento. Son paquetes que suelen incluir el costo del semen donado, porque si se requiere también donación de óvulos, la tarifa aumenta.

Al margen de cuestiones éticas y biológicas, surgen preguntas de tipo legal. Por ejemplo, la clínica Cryos de Dinamarca exporta semen a varios países no solo europeos sino también de América Latina. Se precian de pagar bien las donaciones ($20.00 dólares aproximadamente según calidad y volumen) y de tener producción en exceso, gracias en parte a una legislación que protege a los donadores con el anonimato.

El Congreso de los Diputados español rechazó esta semana expedir una ley para regular la prostitución en aquel país. Se trataba de una propuesta que incluía entre otras cosas, la regulación de los derechos laborales de las mujeres que se dedican a la prostitución, la intensificación de la lucha contra la trata de personas y la prohibición para los medios de publicar anuncios sobre contactos o encuentros con mujeres.

El proyecto, que no admitía aprobación parcial, fue rechazado porque se partió de la premisa de que no todos los casos de prostitución son iguales. Es decir, hay casos en donde las mujeres y hombres que se prostituyen lo hacen voluntariamente, es decir, toman su elección, quizá no muy libremente porque se trate de motivaciones económicas, pero donde su decisión es voluntaria.

Pero hay otros casos en donde quienes se prostituyen no lo eligen, sino que son forzados a prostituirse. Es el lamentable caso de la trata de personas, en donde bajo engaños o en busca de una vida mejor, miles de mujeres emigran a otros países, sobretodo europeos, y son forzadas a prostituirse. Es el caso que de manera muy cruda retrata la serie de televisión Matrioski.

La BBC publicó que las dos terceras partes de los órganos donados en China provienen de los reos que fueron condenados a la pena de muerte y por tanto son el mayor recurso de órganos en un país donde 1.5 millones de personas necesitan un trasplante de órganos pero donde solo se realizan unas 10,000 operaciones la año.

Y es que aún cuando China, según ha denunciado Amnistía Internacional, es el país donde hay más ejecuciones, no basta para cubrir la demanda de órganos porque además no es moral que se retire los órganos de los ejecutados aunque con ello se salve la vida de otra persona porque no es moral que se utilicen órganos de una persona que no los ha donado voluntariamente. Reo o no.

El gobierno de China ha iniciado una campaña para la donación de órganos para que ya no provengan de los ejecutados y para tratar de detener el mercado negro de órganos que ha crecido aun cuando se trata de un delito.

En una decisión inusitada, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos solicitó a un juzgado federal en el estado de Georgia que revise el caso de un reo condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1987.

 

La decisión ha despertado mucha controversia ya que el asunto del reo, de nombre Troy Davis, es cosa juzgada. Sin embargo, Davis introdujo una nueva petición ante la Corte para que se revisara su caso porque ha aparecido nueva evidencia respecto de su inocencia.

 

La verdad jurídica es la que ha quedado establecida en los tribunales cuando la sentencia es firme. Por tal motivo, y dado que el caso ya no admitía mayores apelaciones, la verdad jurídica es que Davis es culpable y conforme a la legislación estatal, merece la pena de muerte.

 

Pero los testigos se retractaron de su testimonio original y las evidencias actuales parecen apuntar a que el verdadero homicida es quien fungió como testigo principal contra Davis. Por eso el ministro Stevens declaró que matar a un hombre inocente es una violación a las leyes y sobretodo a los principios constitucionales y con ese fundamento se ha solicitado la revisión de la nueva evidencia.