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¡Terminó el año escolar!
Sin duda, momento de júbilo para los niños y jóvenes, de relajación para algunos papás que, me incluyo, agradecemos que se acabaron las desmañanadas, y de estrés para otros que no saben que hacer con los niños en vacaciones.
En el caso que sea, muchas felicidades por un ciclo más que culmina, esperemos que, sin bien no cargado de medallas y diplomas, si por lo menos con un sello de aprobado en la boleta.
No dejemos de pensar, sin embargo, en el otro grupo de niños y papás para quienes estos días no les dicen nada porque la escuela no tiene ningún significado, la mayoría de ellos por la pobreza en que viven sumidos que los hace saber que el derecho a la educación consagrado en el artículo 3° constitucional es solo accesible para ciertos ingresos económicos y que es falso que se trata de un derecho universal, como aprenden en formación cívica y ética los estudiantes de primaria. Y si no, pregúntale a la mujer de la esquina que vende chicles por que no envía a sus hijos a la escuela.
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Como van las cosas, dentro de poco en México podremos ahorrar millones de pesos cada año porque ya no vamos a necesitar ni jueces ni leyes.
El poder judicial va a ser sustituido por los medios de comunicación que nos van a seguir instruyendo lo que debemos pensar u opinar respecto de la culpabilidad o inocencia de alguien, y mediante encuestas telefónicas y “preguntas del día”, sea la opinión pública dirigida por un puñado de periodistas quienes dicten sentencia.
Las grandes batallas se librarán entre los medios de comunicación porque el que tenga mayor rating será el que haga prevalecer su opinión en sus valoraciones y apreciaciones de lo que debe ser la justicia, la cual ya nada tendrá que ver con leyes porque de acuerdo con el personaje a juzgar, será lo que la tripa (o los intereses) dicten al momento de emitir el veredicto.
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Probablemente porque parte de mi trabajo es analizar los acontecimientos desde la óptica del derecho, hace tiempo que he estado percibiendo que en México estamos viviendo en una anarquía.
Contamos con muchas leyes, unas buenas, otras que podrían mejorar, unas muy parchadas y otras muy viejas, pero finalmente un sistema de normas que sostienen, o deberían sostener, al estado mexicano. Y es labor del legislativo revisar ese marco jurídico y cambiar lo que se debe cambiar y perfeccionar lo que se debe perfeccionar para lograr un mejor marco jurídico para el estado.
Pero el problema es que ni el legislativo trabaja en lo que debería, ni el ejecutivo está aplicando esas leyes como debería. Es más, ni siquiera los gobernantes están cumpliendo con las leyes que han prometido cumplir y hacer cumplir.
Ejemplos hay muchos. Tomemos al RENAUT . Su marco normativo fue aprobado por el Congreso de una manera, pero el ejecutivo decidió hacer a un lado la ley y aplicó lo que mejor convenía a sus intereses del momento. Resultado, una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que terminó por ni siquiera empezar y por generar el rechazo de la sociedad.
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En el mes de mayo en muchos países se festeja a las madres. A todas las madres, tanto a las que la literatura nos presenta como abnegadas, sumisas y sacrificadas y a las madres, como la de mi hijo, gritonas, apasionadas, a ratos locas y a veces, solo a veces, mandonas.
Generalmente se recuerda a las madres desde el inicio de la vida y el sacrificio que fue llevar en el vientre durante nueve meses una nueva vida y las múltiples molestias de ello, desde la nausea matutina hasta los terribles dolores de parto que algunas madres no olvidan y que en cada reprimenda se encargan de hacérselo saber a sus hijos.
Pero hoy quiero recordar a las madres que esperaron a sus hijos más de nueve meses, muchas veces, años; que si bien no sufrieron dolor de parto, padecieron mensualmente dolor con tratamientos invasivos, inyecciones diarias y análisis un tanto vejatorios; que cada mes lloraron la desilusión de no ver su sueño materializado y que pensaban que la maternidad no era para ellas, pero que nunca se dieron por vencidas y que, posiblemente después de muchos intentos, se decidieron por el amor más que por la genética, y decidieron hacer familia de una otra manera, mediante la adopción.
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La semana pasada recibimos una consulta de una persona que quería regularizar su situación personal y sentimental. Es el caso de muchos miles de mexicanos que se separan de su esposa/o porque encontró a otra persona a quien amar y con quien incluso ya tiene otro hijo.
Para los más conservadores, se trata de una situación escandalosa que involucra infidelidad y falta de respeto al juramento de amar al otro para toda la vida, pero se trata de una situación real, bastante común con la que muchos se pueden identificar ya sea personalmente o porque eso vive un amigo o un pariente.
Pese a que esta situación, que me niego a juzgar como buena o mala, es una realidad, las leyes en la gran mayoría de los estados, siguiendo una tradición conservadora, se niegan a reconocerla y hacen casi imposible la regularización de la situación legal si el cónyuge engañado y ofendido se niega al divorcio.
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Después de 17 años, hace cuatro años, dejé de fumar- Pero aunque ya no soy fumadora he estado reflexionando en las leyes en contra del tabaco. Leyes que están siendo recurridas por los fumadores porque consideran que atentan contra sus libertades individuales al negárseles el derecho de menguar su salud por propia voluntad.
Se trata de leyes que nacieron con el espíritu de proteger la salud de la mayoría, pero son disposiciones que aunque no hacen de fumar una actividad ilícita, si una actividad pecaminosa y escandalosa que se debe efectuar en la soledad de una habitación.
Se me ocurre que fumar es visto ahora como a principios del siglo XX se veía a una mujer embarazada, que tenía que ocultar su vientre durante la gestación porque era reflejo de que había cometido actividades bochornosas y poco propias de una dama, aun bajo la licitud del matrimonio.
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Estamos en los tres primeros meses del año en que los gobiernos estatales y municipales hacen uso de sus mejores herramientas para persuadirnos de pagar dos impuestos que son fuente importante de ingresos para ellos: el predial y la tenencia.
Antes pensaba que se trataba de impuestos que solo los afortunados que tienen casa y coche deben pagar, pero el secretario de Hacienda me ayudó a salir de mi error y ahora sé que cualquier mexicano con un sueldo mínimo de $6,000 también paga predial y tenencia (¡hasta para esto alcanza!)
Contribuir no es un acto potestativo de los mexicanos, se trata de una obligación establecida en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política, y aunque mucho se ha cuestionado la naturaleza de estos dos impuestos a la propiedad privada, el hecho es que se trata de contribuciones legítimamente establecidas, y ni modo, a pagar.
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Don Canelo es el señor que pasa por mi casa cada noche ofreciendo elotes con un característico grito acompañado del repicar de la clásica campanita de bicicleta. Compremos o no, Canito, mi perro, se encarga de hacernos notar que don Canelo se acerca porque empieza a ladrar.
Mientras nos prepara los esquites, uno de $15 y el otro de $20, el de $15 con poco chile, nos hace conversación. Fue así como nos enteramos de lo caro que estaban los limones o que su papá falleció hace dos semanas, en el estado de Puebla.
También nos avisó que durante el Carnaval, a principios de marzo, no va a pasar por acá porque va a aprovechar la afluencia de turismo para vender mejor sus elotes, y es que aunque los restauranteros y hoteleros de altos vuelos en Veracruz hablen desdeñosamente del turismo de “horchata” que visita esos días el Puerto, es una derrama importante de recursos para gente como don Canelo.
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El llevar un nombre es algo tan cotidiano como respirar, que hemos perdido la noción de lo que representa: un derecho humano y un derecho personalísimo, porque tener un nombre significa ser identificado y reconocido por el estado y es el punto de partida de donde nacen los derechos y obligaciones.
Por eso es que en Japón, y a la luz de las disposiciones constitucionales que establecen la igualdad entre hombres y mujeres, cuatro mujeres y un hombre están recurriendo las disposiciones del Código Civil que establecen que las mujeres deben cambiar de apellido una vez que se casan. La disposición establece que los hombres pueden adoptar el apellido de la mujer, pero en una sociedad donde las mujeres caminan atrás de los hombres se entiende que se trata de un derecho que los hombres optan por no ejercer.
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