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Categoría: Bárbara Amaro
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Obama llegó y Obama se fue y para los medios en México su visita de 24 horas fue más que suficiente para analizar por adelante y por atrás, al derecho y al revés, las relaciones entre México y Estados Unidos y para “futurear” sobre los temas candentes que rigen esta vecindad.

 

Y para no quedarme atrás, no voy a ser la excepción. Por ello me refiero ahora a uno de los temas más importantes ventilados entre los presidentes Obama y Calderón: el tráfico de armas.

 

Ya desde la visita de Hillary Clinton el mes pasado a nuestro país, México acusó a Estados Unidos de ser el principal proveedor de armas de los cárteles de la droga en México y el presidente Calderón lo reafirmó ayer al mencionar que más del 90% de las armas incautadas en nuestro país pueden ser rastreadas hacia la Unión Americana.

 

Pero ¿qué puede hacer el presidente Obama? No mucho más de lo que dijo que es fundamentalmente cabildear ante el Senado la ratificación de un tratado internacional en materia de tráfico de armas, que establece mecanismos de importación, exportación y registro de armas entre los países que lo firmaron.

 

 

Pero en Estados Unidos la Asociación Nacional de Armas declaró que no van a permitir que se vulnere el derecho de los estadounidenses de adquirir y portar armas de fuego. Y ya Wayne LaPierre, vicepresidente de esta asociación, dijo que con todo el dinero que tienen los carteles de la droga, si no pudieran comprar armas en Estados Unidos, lo haría en cualquier país, así que no tiene objeto endurecer las leyes. Ciomo quien dice, no tiene ni caso.

 

La realidad es que este problema de tráfico de armas se debe en mucho a lagunas legales en Estados Unidos, aunque no federales, sino de los Estados, fundamentalmente de Texas y Arizona, donde es legal que una persona sin antecedentes compre cuantas armas desee y que las pueda revender sin llevar el registro de la persona a quien transmite la propiedad.

 

Bajo el amparo de esas lagunas legales han estado operando los cárteles de la droga en México: buscan personas sin antecedentes que necesiten efectivo (y en época de crisis ¿quién no lo necesita?) para que compren las armas y las transporten hacia la frontera. Según las leyes de allá, el que compra las armas no comete delito, ni siquiera al llevarlas a la frontera porque tienen autorización para portarlas dentro del territorio americano. Así que aunque los detengan en la fointera con un vehículo lleno de armas, mientras tengan el permiso, no hay delito que perseguir y con esto las autoridades federales tienen muy poco que hacer.

 

¿Puede el presidente obligar al cambio de legislación en los estados? La realidad es que, al margen de que hay múltiples intereses creados en relación con el tema, no tiene el poder legal para inmiscuirse en los asuntos estatales debido a la manera en que opera el sistema federal en aquel país. El funcionamiento del federalismo y los origenes en los Estados Unidos, es un tema que analizo en el e-book de Derecho Constitucional y ello nos puede servir de guía para entender como opera el sistema legal en nuestro vecino del norte.

 

Así que mientras las armas sean vistas como un derecho y como una facultad de cada estado, los poderes federales de Estados Unidos no pueden hacer mucho en un tema que para ellos es accesorio, pero para nosotros es prioritario. Y si no, preguntémosle a los deudos de los miles de personas asesinadas con armas provenientes de Texas o Arizona.

 

Se trata de dos sistemas, tanto jurídicos como administrativos diferentes, que ahora nos están mostrando su mala cara al estar encima de las vidas humanas y ojalá que nuestras autoridades no se desgasten más encontrando culpables al otro lado de la frontera, sino que busquen soluciones de este lado, que es donde se cometen los delitos, porque mientras los estadounidenses tienen el derecho de comprar armas, nosotros tenemos el derecho de vivir sin miedo y de exigir que se trabaje para que este derecho se proteja.

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