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Categoría: Bárbara Amaro
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El periódico The New York Times publicó un interesante artículo sobre la medicación que ciertos pediatras están dando a niños "problema" de escasos recursos para ayudarlos a estabilizarse en la escuela y así formar parte del sistema educativo.

 

Las medicinas que se están prescribiendo para estos niños son las que tradicionalmente se recetan a niños con el ya tristemente célebre Síndrome de Atención Dispersa e Hiperactividad.

 

Estos medicamentos están clasificados por la DEA, Drug Enforcement Administration, como sustancias controladas porque son particularmente adictivas y aunque se desconocen sus efectos en el largo plazo se piensa que los niños pueden volverse dependientes en la medicación aún cuando los síntomas de la condición hayan desaparecido.

 

Varios pediatras han admitido recetar estos medicamentos a sus pacientes que tienen un bajo desempeño escolar y son de escasos recursos, bajo el argumento de que si el gobierno no está impulsando cambios en el sistema que satisfagan las necesidades educativas de todos los niños, entonces se tiene que ayudar a los niños a adaptarse al sistema educativo. Lo anterior partiendo de la base de que todos aprendemos de manera diferente en aplicación de la teoría de las múltiples inteligencias desarrollada por Howard Gardner.

 

La Academia Americana de Pediatría, frente al incremento en la prescripción de medicamentos como Adderall o Risperedal, emitió una guía el año pasado para que los médicos valoren en varios apartados a los pacientes a fin de asegurarse que los niños cumplen con los criterios de diagnóstico del Síndrome de Atención Dispersa e Hiperactividad, pero los médicos no suelen apegarse a esta guía y usualmente diagnostican por instinto.

 

Y muchos de ellos prescriben el medicamento a aquellos niños cuyos padres no pueden pagar un tipo de educación con métodos alternativos o terapias que podrían funcionarles y que están insertos en el rígido sistema escolar que exige determinado comportamiento y logros. Como estos niños no suelen alcanzar las medidas establecidas burocráticamente suelen fracasar académicamente lo que los pone en seria desventaja frente a sus pares.

 

Haciendo a un lado los aspectos médicos y el debate ético sobre este particular, quedan varias preguntas jurídicas que responder. La primera sobre el derecho a la educación de todos los niños y la negación de este derecho cuando solo se acepta una forma de educación y no se adaptan métodos alternativos funcionales para una amplio porcentaje de la población, aunque minoritario. Un cuestionamiento que no solo aplica en los Estados Unidos sino también en nuestro país donde cada vez más niños están siendo diagnosticados con el síndrome, acertada o equivocadamente, y en donde la tendencia de las escuelas de sugerir la medicación para tener niños más controlables, impulsó un cambio a la Ley General de Educación que sanciona los maestros que administren los medicamentos a los niños, sin prescripción médica y sin la autorización de los padres e incluso a quienes sugieran su uso, pues sanciona el promover el uso de sustancia psicotrópicas o estupefacientes, como está catalogada por la Ley General de Salud la medicación contra la hiperactividad. 

 

Por otro lado se tienen que revisar los derechos de los niños pues quizá con el afán de ayudarlos en unos casos, y de controlarlos en otros más, se les puede estar generando otro tipo de condición. Por ejemplo, el Adderall puede generar ciertos brotes psicóticos y se desconocen los efectos en el largo plazo del uso continuado de estos medicamentos. Y junto con el derecho a la educación, los niños tienen el derecho a la salud y a una vida sana libre de adicciones.

 

Desconozco las cifras que existen en México sobre el número de niños diagnosticados y medicados, pero no debe ser baja porque se trata de una condición cada vez más frecuente en la que los casos están muy cercanos a cada uno de nosotros. Por eso vale la pena hacerse estos cuestionamientos para analizar si no se está negando también a los niños "problema" sin recursos económicos, que no encajan en el sistema educativo público, su derecho humano a la educación.

 

B.

 

 

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