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Categoría: Bárbara Amaro
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El pasado sábado asistí a un concierto gratuito al aire libre organizado por el gobierno del estado y el ayuntamiento. El concierto fue gratuito pero se necesitaba boleto para ingresar por lo que tuve que ir a la oficina de turismo municipal para que, contra identificación oficial, me entregaran dos boletos.

 

Con boleto en mano llegué al sitio indicado y me formé en la primera fila de acceso que encontré, pero no pude ingresar por ahí porque esa era la fila para invitados “V.I.P”.

 

¿Perdón? ¿Cómo que invitados V.I.P? ¿Dónde entregaban esos boletos? ¿O es que esos invitados pagaron su boleto lo que les dio derecho de estar en primera fila, con silla asegurada y entrar sin tumultos?

 

No, por supuesto que no pagaron. Se trataba de las personas “importantes”, invitados especiales del gobernador y de la presidente municipal, que llegaron muy emperifollados para cumplir con el compromiso político y social y de paso disfrutar de la música.

 

Debo confesar que se trató de una patada a mi ego.

 

Trabajo, pago impuestos, cumplo mis obligaciones, respeto leyes, reglamentos y hasta reglas de convivencia social, pero no soy “importante”. Al parecer, soy ciudadana de segunda. Bueno, eso mientras no estén detrás de mi voto porque en ese caso me dicen que soy muy “importante”.

 

El que las autoridades hagan estos distingos entre los “importantes” y el resto de los mexicanos es una práctica tan usual y común que la tomamos como inevitable y hasta como parte de las prerrogativas que tienen por ser “servidores” públicos.

 

Sin embargo es una práctica que no solo no es ética, sino que es ilegal. Ilegal porque la Constitución mexicana establece la igualdad de todos ante la ley, porque en su artículo 1° prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y porque en su artículo 4° establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

 

Ilegal porque se trata de un evento público que fue organizado con recursos públicos y no con patrocinio privado, lo que significa que no se trató del concierto personal del gobernador al que graciosamente invitó a la plebe como una deferencia.

 

Una actuación ilegal que seguirá sucediendo mientras los políticos sigan actuando como los dueños del país, mientras los “importantes” sigan actuando como nobles sin título y  mientras los demás, “la plebe”, sigamos pensando que así son las cosas y no hay remedio.

 

O quizá solo exagero y en realidad no importe, porque como parte de nuestra naturaleza humana solo estemos esperando la oportunidad de sentirnos “importantes” y colarnos por la puerta grande aunque sea solo durante un sexenio o de perdida un trienio, aunque ello cueste dinero, prestigio y a veces hasta la dignidad.

 

B.

 

 

 

 

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