Antes era cada mes de mayo, pero ahora cualquier excusa es buena. Me refiero a los plantones de los maestros que exigen mejores condiciones de trabajo mientras dejan de trabajar.

 

Hoy no es la excepción. Los maestros tomaron varias sucursales bancarias en Morelia, pero podemos cambiar el nombre de la ciudad por Cuernavaca ó Oaxaca y el resultado es el mismo: miles de niños que se quedan sin escuela.

 

También el día de hoy comentamos en la sección del Derecho y la Actualidad las alarmantes cifras del descenso de la cantidad de niños que acceden a la escuela en Zimbawe. Y eso me puso a pensar que nadie está protegiendo a los niños africanos para que puedan acceder a mejores oportunidades. Pero la realidad es que en México tampoco estamos protegiendo a nuestros niños para que hagan valer su garantía constitucional.

 

¿Cuántos niños se están quedando sin acceder a la escuela? Ya no hablemos de la calidad educativa, sino nada más de la posibilidad de leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas. ¿A cuántos niños se les ha robado un año de vida al no poder cursar normalmente su primaria o secundaria y hacerles perder un año por los paros de los maestros? ¿Y cuántos de ellos regresan efectivamente a estudiar después de meses de vacaciones obligadas?

 

La educación es la base del progreso de cualquier país. Eso es un principio que todos conocemos y por ello es un derecho humano y en México, en lo particular, una garantía individual tutelada en el artículo 3°.

 

 

Pero, ¿quién la está protegiendo? Los maestros que hacen paros no están velando por el bienestar de los niños, el sindicato que los apoya, tampoco porque solo protegen los intereses de sus agremiados. ¿Y el Estado?

 

Desde primero de primaria los niños aprenden que el gobierno tienen la obligación de velar el cumplimiento de su derecho a la educación, y por ello construye escuela, capacita maestros, edita libros. Es más, no faltan los gobiernos locales que becan niños, regalan cuadernos y uniformes y llevan a cabo toda una serie de acciones que deben tender a que se respete el derecho a la educación a los niños. Pero ¿qué hace el ejecutivo cuando hay paros y se niega este derecho fundamental a nuestros niños? ¿Tutela el derecho a la educación negociando con los maestros?

 

¿Cómo protegemos a los niños? Jurídicamente es difícil decirlo. Por ejemplo, al vulnerarse una garantía constitucional procedería el amparo, pero no contra los maestros o el sindicato porque no son autoridad, y contra la SEP o directamente el Presidente, tampoco porque no han emitido un acto de autoridad base de la acción. ¿Y la responsabilidad patriomonial del estado? Es una posibilidad remota, pero quizá presionando pueda obligárseles a actuar y de inmediato requisar el servicio cuando se sucedan estas cancelaciones de clases.

 

Quizá solo falta que un valiente se atreva a exigirlo ante tribunales de alguna manera, porque la injusticia es mucha y no nos estamos dando cuenta de la dimensión del problema porque se ha convertido en un acto recurrente. Pero al final de cuentas el daño no es solo contra miles de niños, sino contra todo México porque en efecto, en la educación está nuestro porvenir.

 

 

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