El pasado 14 de septiembre Jack Alderman fue ejecutado por inyección letal en el Estado de Georgia, Estados Unidos.
Hasta el último momento, los abogados británicos que lo representaron sin cobrarle, agotaron todas las instancias para detener esta sentencia, solicitando incluso la intervención de su gobierno para que mediante nota diplomática solicitara la conmutación de la pena. Y sin embargo, no lo lograron.
¿Por qué tanta insistencia de los abogados británicos que involucró a la Sociedad Legal, a la Barra de Abogados y a la organización Reprieve que aboga por los condenados a muerte en Estados Unidos?
Aunque pudiera parecer que se trata de una condena a la pena de muerte, la Sociedad Legal de Gran Bretaña declaró que la intervención en el caso no se basó en una condena general hacia este tipo de sentencias, sino una defensa particular a Jack Alderman ya que su condena estuvo basado en un juicio controvertido y en donde sus derechos humanos fueron consistentemente violados.
Alderman fue condenado en 1975 por el homicidio de su esposa. Desde 1975 permaneció en prisión en el llamado corredor de la muerte, es decir, estuvo esperando la muerte durante 33 años, y ya desde este mismo hecho hay serios cuestionamientos sobre la aplicación de la ley y los derechos de este hombre.
Pero además, Alderman fue sentenciado en un juicio donde no se presentó ninguna evidencia forense posible, sino que se basó solo en el dicho de una persona de apellido Brown, quien fue el primer detenido por la policía tras el homicidio y de quien luego se supo que llegó a un acuerdo para implicar a Alderman en los hechos.
Tanto Alderman como Brown fueron condenados a la pena de muerte, pero Brown posteriormente se declaró culpable, por lo que su sentencia se conmutó a cadena perpetua y tras algunas apelaciones salió libre tras 12 años en la cárcel.
La defensa británica declaró que tres de los miembros del jurado que condenó a Alderman en el primer juicio no lo hubiera hecho si hubiera conocido que la fiscalía había llegado al acuerdo con Brown, y cinco miembros más solicitaron el perdón de la pena de Alderman.
Pero ni las notas diplomáticas, ni las solicitudes al Gobernador y al Fiscal General lograron detener la ejecución de Jack Alderman quien murió el 14 de septiembre a los 57 años de edad por la sentencia de un crimen del que siempre se declaró inocente.
Y si bien es cierto que la verdad legal del caso es la culpabilidad, se llegó a esa verdad legal sin todos los hechos. Por esos estos casos nos generan preguntas sobre la pena de muerte: ¿Puede el sistema judicial garantizar SIEMPRE que el condenado es el verdadero culpable? ¿La pena de muerte castiga el homicidio o como en este caso, el que el condenado no se haya avenido con las suposiciones de la fiscalía al no declararse culpable?
Y no está de más ponernos en los zapatos de los miembros del jurado que condenaron a la muerte a Alderman y preguntarnos como manejar el problema de conciencia al saber que muy probablemente condenaron a un inocente. Y es que ante la menor duda, no se puede declarar culpable al procesado.
El caso de Alderman en donde se plantean serias dudas sobre el sistema legal y judicial, desafortunadamente, no es el único. Hay varios casos de personas en el “corredor de la muerte”, cuyos juicios plantean serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial.
Y cuando el sistema legal comete un error al ejecutar a una persona ¿quién es culpable? ¿El Juez? ¿El jurado?¿Quien aplicó la inyección letal? ¿Quién lo amarró a la camilla? ¿El Gobernador que no perdonó? ¿Todo el Sistema? ¿Nadie?
¿Por qué es importante? Porque siguiendo la ley del ojo por ojo de la pena de muerte, ¿no debería condenarse a muerte a los culpables del homicidio de un inocente que también es hijo de alguien, padre de alguien?
Pero al parecer aquí solo aplica el ¡Ups!, usted perdone.
