Fachada de la Corte Penal Internacional

 

Unión Europea condena como inaceptables sanciones coercitivas de Estados Unidos a funcionarios de la Corte Penal Internacional

La Unión Europea, en la voz de Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, condenó las sanciones que el 2 de septiembre impuso la administración de los Estados Unidos a dos funcionarios de la Corte Penal Internacional, una de ellas la fiscal Fatou Bensouda, calificándolas de inaceptables.

Los Estados Unidos no son signatarios del Estatuto de Roma, instrumento que da origen a la Corte Penal Internacional, tribunal encargado de investigar y en su caso procesar y sancionar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cometidos en los diferentes países, aun en los no signatarios (Recordemos que Estados Unidos es un país que difícilmente se compromete en algún documento internacional). Sin embargo, Estados Unidos había elogiado las acciones de ese tribunal para reestablecer el sentimiento de justicia en las víctimas de los atroces delitos cometidos en otros lugares y por otras personas. Pero cuando se abrió investigación por presuntos delitos cometidos por soldados estadounidense en Afganistán, el apoyo no solo se acabó, sino que se convirtió en persecución.

Así, en noviembre de 2017 la fiscalía de la CPI anunció la investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que incluye la investigación de personal militar estadunidense por posibles actos de tortura cometidos durante las detenciones de sospechosos. El mismo gobierno estadunidense ha aceptado haber realizado estas “técnicas de interrogación mejoradas”, pero no ha procesado ni sancionado a nadie, pese a que algunos detenidos murieron. Incluso, la actual directora de la CIA, Gina Haspel, estuvo involucrada en estos actos de tortura, aunque, claro, no cometiéndolos directamente.

Como respuesta a esta investigación, en marzo de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que se negarían visas de entrada a personal y funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI, si seguían investigando la posible comisión de crímenes en Afganistán. Y un mes después, en abril, la amenaza se cumplió cuando se revocó la visa a la fiscal Bensouda.

En junio, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones en contra de “funcionarios, empleados y agentes, así como de miembros de sus familias inmediatas” de la CPI. Estas sanciones incluyen el bloqueo de activos de estos funcionarios.

En un comunicado, la CPI calificó esta acción de “más amenazas y acciones coercitivas” del gobierno estadunidense. “Estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte. Se anuncian con el objetivo declarado de influir en las acciones de los funcionarios de la CPI en el contexto de las investigaciones independientes y objetivas de la Corte y los procedimientos judiciales imparciales”, se lee en ese comunicado firmado en junio.

Este 2 de septiembre, Mike Pompeo anunció que estas sanciones se actualizaban en dos funcionarios de la CPI, la fiscal Fatou Bensouda y Phakiso Mochochoko, director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación. Con acusaciones tendenciosas lanzadas temerariamente sin evidencia que puedan respaldarlas (como es la tónica diaria de la administración Trump), Pompeo dijo que la CPI es una “institución completamente rota y corrupta” y añadió que quienes continúen "apoyando materialmente a esas personas también corren el riesgo de exponerse a sanciones".

La Unión Europea respondió a la imposición de estas sanciones como “medidas inaceptables y sin precedentes que tienden a obstruir las investigaciones de la Corte y los procedimientos judiciales.”

“Se debe permitir a la CPI trabajar independiente e imparcialmente, libre de interferencia externa. Los Estados Unidos deben reconsiderar su posición y revertir las medidas que ha tomado. La impunidad nunca debe ser una opción.

“La Unión Europea es inquebrantable en su apoyo a la universalidad del Estatuto de Roma y a la CPI. La defenderemos resueltamente de cualquier intento de obstruir el curso de la justicia y socavar el sistema internacional de justicia penal,” se lee en el comunicado publicado el 3 de septiembre por Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común y Vicepresidente de la Comisión Europea.

Mucho podemos editorializar sobre esta reacción de los Estados Unidos, pero no es necesario, las medidas tomadas dicen más de la hipocresía de una administración que defiende “la ley y el orden” como frase de una campaña política hueca y vacía.

Estados Unidos, que se ha ostentado como referente de democracia, justicia y legalidad, nos está mostrando que no es referente de nada y que sus acciones son tan o más perversas que las de aquellos a los que nos han dicho que debemos temer, los rusos y los chinos. La persona a la que su democracia llevó a la presidencia está destrozando sus instituciones, sus presuntos valores e ideales y, de paso, se está llevando los esfuerzos del mundo por tratar de contener el cambio climático. ¿Alguien los sigue viendo hacia arriba?

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