El Congreso de los Diputados español rechazó esta semana expedir una ley para regular la prostitución en aquel país. Se trataba de una propuesta que incluía entre otras cosas, la regulación de los derechos laborales de las mujeres que se dedican a la prostitución, la intensificación de la lucha contra la trata de personas y la prohibición para los medios de publicar anuncios sobre contactos o encuentros con mujeres.

El proyecto, que no admitía aprobación parcial, fue rechazado porque se partió de la premisa de que no todos los casos de prostitución son iguales. Es decir, hay casos en donde las mujeres y hombres que se prostituyen lo hacen voluntariamente, es decir, toman su elección, quizá no muy libremente porque se trate de motivaciones económicas, pero donde su decisión es voluntaria.

Pero hay otros casos en donde quienes se prostituyen no lo eligen, sino que son forzados a prostituirse. Es el lamentable caso de la trata de personas, en donde bajo engaños o en busca de una vida mejor, miles de mujeres emigran a otros países, sobretodo europeos, y son forzadas a prostituirse. Es el caso que de manera muy cruda retrata la serie de televisión Matrioski.

Y fue basado en este segundo caso que los diputados españoles decidieron rechazar el proyecto, no porque no les interese la suerte de esas mujeres, sino al contrario, porque se trata de un problema mayúsculo que implica la comisión de delitos y que no debe regularse para otorgar derechos laborales porque eso sería aprobar la situación a la que están sujetas estas personas.

La prostitución en estos casos incide directamente sobre los derechos humanos de estas mujeres, no solo en cuanto a su dignidad sino fundamentalmente en cuanto a su libertad: de elección, de desarrollo personal, de movilidad, de trabajo.

Cuando se legisla a sabiendas de que se están violando derechos humanos, el estado es partícipe de esas violaciones porque tácitamente está aprobando la situación. Sería como otorgar derechos de autor a los creadores de películas y fotografías con pornografía infantil.

Honestamente no sé hasta que grado exista en México el problema de la trata de mujeres, pero al regularse los derechos de las llamadas “sexoservidoras”, término que personalmente me parece peyorativo, se asumió que se trata de una actividad voluntaria de esas mujeres. Y aunque las cifras de trata no sean tan altas como en otros países, es una situación que existe, por lo que me pregunto si en el caso de María, Elisa o de Juana, jóvenes forzadas a prostituirse, no estamos contribuyendo con la violación de sus derechos humanos más elementales y nos hacemos de la vista gorda porque ya cuentan con su credencial que las acredita como “sexoservidoras” de la Condesa, libres de enfermedades de transmisión sexual.

Habrá que analizar si no en el afán de proteger a estas mujeres, se terminó por desprotegerlas al aceptarse veladamente la aceptación de prácticas ilegales y de mafias que controlan el “mercado”, negándoles esos derechos que nuestra Constitución llama garantías y que establece que son para todos los mexicanos y residentes en territorio nacional.

 

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