Tras el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la autorización a Banamex de seguir operando, pese a que Citigroup cuenta con participación del gobierno estadounidense, ha desatado una fuerte polémica en el país.

Los legisladores del PRI y PRD ya anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque dicha autorización carece de fundamento legal y es flagrantemente violatoria del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece en su segundo párrafo que “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.

Más allá de que se trate del sistema bancario, el asunto plantea un grave problema relativo a la legalidad de diferentes actos administrativos del ejecutivo federal.

Por ejemplo y pese a que el asunto se tendrá que analizar a profundidad, queda también el cuestionamiento respecto de la imposición de aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos como represalia por la prohibición al paso de camiones a territorio estadounidense, que podría considerarse violatorio del TLCAN, que recordemos, según nuestro sistema jurídico tiene rango de ley federal. ¿Pude el ejecutivo de un plumazo cambiar una ley?

Se nos han hecho numerosos llamados a combatir la inseguridad denunciando y cumpliendo las leyes y se ha empezado a generar un movimiento tendiente a la legalidad, quizá todavía muy incipiente, que comienza con la educación de nuestros niños. Pero si el mismo gobierno flagrantemente viola la ley para acomodarla a sus necesidades ¿cómo podemos convencernos de que lo correcto es apegarnos a las normas? Esta política es muy peligrosa no nada más para la sociedad sino para la propia credibilidad gubernamental.

 Fuente El Universal

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Debido al principio de legalidad, todas las dependencias de la administración pública deben estar creadas en una ley que no nada más les de el origen y fundamento para existir, sino que además les otorga facultades para actuar.

 

Pero tristemente, parecen ser las propias autoridades quienes incumplen este principio de legalidad al cambiar el nombre de las oficinas administrativas a su libre albedrío, sin sujetarse a las leyes y reglamentos.

 

Por ejemplo, en el Reglamento Interno del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se crea la Administración Central de Comunicación Institucional. Pero si te das a la tarea de buscar esa oficina, no la vas a encontrar porque a alguien le pareció que se escuchaba mejor llamarla Administración Central de Relaciones y Comunicación.

 

¿Y cuál es el problema? Que esa oficina en estricto derecho no existe y que como tal no tienen la facultad legal de efectuar ningún acto administrativo porque no existe ningún fundamento de sus atribuciones.

 

Por eso cuando se impugna algún acto administrativo, es fácil ganarles, no por el acto mismo que se impugna, sino porque no hay fundamento legal para expedirlo.

 

A ver si a las autoridades "les cae el veinte" de que no es lo mismo administrar el estado mexicano que una empresa privada, y que, aunque les pese, se encuentran sujetos a leyes y normas que a los habitantes nos dan seguridad y certeza. Eso es también vivir en un estado de derecho.

 

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Según nota periodística, se está comercializando en el D.F. un sistema que se llama “Plate Flipper” y que coloca la placa trasera en un ángulo de 90°.

La promoción de este dispositivo abiertamente invita a violar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, aplicable en el D.F., con frase como “…Tenemos la solución a los radares de velocidad. El plate flipper te garantiza que no tengas que pagar otra multa de nuevo…”.”…Sálvate de las infracciones por radar de velocidad con Plate flipper…”

¿Qué no se supone que los establecimientos mercantiles deben tener una actividad comercial lícita? Comercializar un objeto para facilitar la violación de una disposición legal no puede considerarse lícito, por lo que deberían ser sancionados.

Probablemente este dispositivo fue ideado después del caso del sujeto que hacía desaparecer su placa hasta que fue detenido en Nueva York.

Fuente El Universal

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El artículo 6 del Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia quien atrajo el caso de revisión de un amparo interpuesto por un trabajador del estado de Sonora.

 

A esta persona se le negó la afiliación a dicha institución de salud (ISSSTESON) por padecer alguna condición de salud previa a la solicitud de afiliación. Y es que resulta que el reglamento aludido exige estudios médicos completos que incluyen, entre otros, biometría hemática completa, química sanguínea, detección de sífilis y en el caso de las mujeres prueba de no embarazo, que demuestren la buena salud de las personas antes de su afiliación.

 

 

La Corte determinó que dicho artículo viola el artículo 123 constitucional porque condiciona la seguridad social a los trabajadores del estado, y se trata de un derecho que no admite ningún condicionamiento; el artículo 1 porque promueve la desigualdad y la discriminación; y, el artículo 4 porque violenta el derecho a la salud de los mexicanos.

 

Parece mentira que sea el mismo gobierno el primero en violentar de esa manera los derechos de los mexicanos, y además, tratar de hacerlo legal mediante la expedición de un reglamento. Pero quizá sea todavía más grave el hecho de solo una persona haya denunciado semejante violación de derechos en Sonora.

 

Fuente SCJN 

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió a un hombre un Amparo en contra de una resolución de un tribunal que negó el derecho de este hombre de solicitar que sea reconocida su filiación sobre una niña.

 

La madre de la niña estaba casada antes, durante y después del nacimiento de la niña con otro hombre, quien la reconoció como hija suya.

 

Por esta razón el hombre, amante de la mujer, promovió un juicio de reconocimiento de la paternidad de la niña y solicitó que se corrigiera el acta de nacimiento y que se le reconociera su derecho de patria potestad, régimen de visitas y guarda y custodia.

 

 

El tribunal negó a este hombre el Amparo por lo que él solicitó la revisión basado en violación de derechos de la niña.

 

La Corte concedió el Amparo, pero no por la violación de los derechos de la menor, sino porque el Código Civil del Distrito Federal concede a un progenitor la llamada acción contradictoria para buscar el reconocimiento de un hijo, por lo que se tienen que revisar el artículo del mismo ordenamiento que establece que los hijos de una mujer casada no podrán ser reconocidos por otro hombre, salvo que el esposo lo haya desconocido.

 

Por esa acción contradictoria un hombre puede solicitar que le sea reconocida la paternidad de un menor y que se nulifique el reconocimiento realizado por un tercero, en este caso el marido, y en ese sentido se le otorguen todos los derechos de filiación.

 

Con esta decisión, el hombre tienen que tramitar el juicio de reconocimiento de paternidad, por lo que el caso todavía no está concluido.

 

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación

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El pasado 4 de marzo el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Magistrado César Esquinca, nombró a 11 abogados, provenientes de diferentes etnias de nuestro país, como miembros de este Instituto, con lo que hasta el día de hoy se contabilizan 25 abogados defensores conocedores de alguna cultura indígena y hablantes de esa lengua.

Estos nombramientos obedecen al mandato constitucional que establece en el artículo 2°, apartado A, fracción VIII, el derecho de los indígenas de acceder plenamente a la justicia, para lo cual deberán contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua, usos y costumbres.

Pero el hecho de que en México se hablen múltiples lenguas indígenas, que han sido catalogadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 11 familias lingüísticas y 68 agrupaciones lingüísticas, deja claro que 25 defensores indígenas que hablan 20 lenguas diferentes, sigue siendo una cantidad insuficiente y revela la desigualdad de las oportunidades de acceso a la educación en nuestro país, al evidenciar la falta de abogados indígenas titulados.

Sin embargo, la habilitación de estos defensores es un avance para que no se sigan cometiendo injusticias como el caso de Sebastiana, a quien por no contar con defensa adecuada, se le negó su derecho de acceder plenamente a la justicia.

Fuente Consejo de la Judicatura Federal

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El Presidente ya tienen en su poder una iniciativa aprobada por ambas Cámaras, para la promulgación de reformas a la Ley General de Educación, que tienen que ver con la costumbre de algunas escuelas de diagnosticar a los niños con el Síndrome de Atención Dispersa y de exigir que sean medicados con el famoso Ritalín o hasta de medicarlos con la finalidad de mantenerlos bajo control.

Con estas reformas se trata de resolver un problema con el que se han enfrentado los padres de familia de niños inquietos, con hiperactividad o simplemente enfermos de “infancia”, ya que las escuelas llegan a condicionar la estancia de los menores a la medicación que los aletarga y mantiene tranquilos. Y es que es más fácil medicar que educar.

Esta iniciativa pretende sancionar a los maestros que administren los medicamentos a los niños, sin prescripción médica y sin la autorización de los padres e incluso a quienes sugieran su uso, pues sanciona el promover el uso de sustancia psicotrópicas o estupefacientes, como está catalogada por la Ley General de Salud la medicación contra la hiperactividad.

Además, las escuelas, públicas o privadas, tendrán prohibido expulsar a los niños que tengan el Síndrome por el hecho de tenerlo. Se tendrá que tener cuidado, sin embargo, en no caer en el extremo de defender en los alumnos faltas graves de disciplina por motivos diferentes de la enfermedad.

Las sanciones previstas van desde multas que se incrementan por reincidencia, hasta la pérdida de la cédula profesional. Y ya sabes que en cuanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, la podrás consultar aquí, en miabogadoenlinea.net  en Leyes Federales.

 (Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2009).

Fuente El Universal

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Después de que el estado de Quintana Roo interpusiera una controversia constitucional en contra de la Denominación de Origen "CHILE HABANERO DE YUCATAN", la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la suspensión de cualquier trámite,  operación o comercialización con la denominación de origen de chile habanero hasta determinar si es originario o no únicamente de Yucatán.

Por su parte Yucatán esta buscando la elaboración de un documento técnico con el IMPI que declare que esta hortaliza es originaria de los tres estados de la península: Campeche, Yucatán y Quintana Roo y que éste último retire la controversia.

Para Yucatán este acuerdo es muy importante, ya que de no formalizarse su proyecto de desarrollo sobre este vegetal se verá bloqueado por seis meses o un año. Este proyecto incluye ampliar las hectáreas de cultivo, conformar el Consejo Regulador del Chile Habanero y la industrialización del producto.

Fuente El Universal

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha fallado en contra de Coca-Cola, en un proceso en donde la famosa refresquera pretendía evitar que otra persona o empresa registrara como marca tridimensional una botella similar a la suya, ello en un proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

 

 

Coca-Cola Company se amparó en contra del proceso que se llevaba ante el IMPI y alegaba que no se le estaba concediendo garantía de audiencia en el proceso de registro, lo cual desde su punto de vista es inconstitucional. Pero los ministros señalaron que esta garantía prevista en el artículo 14 constitucional, opera cuando se pretende privar del ejercicio de algún derecho a la persona y este no es el caso ya que el registro de marca no implica la pérdida de ningún derecho. 

Así que ahora Coca-Cola tendrá que iniciar el procedimiento de declaración administrativa de nulidad para que se anule el registro de esa botella por ser idéntico o similar en grado de confusión a la suya, procedimiento que deberá efectuar ante la autoridad correspondiente que en este caso es el propio IMPI.

 

Fuente Exonline

 
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