El martes 18 de agosto a las once de la mañana estalló la huelga de la planta de Volkswagen de México en Puebla debido a que las partes, Sindicato y ejecutivos de la empresa, no llegaron a un acuerdo respecto del incremento salarial de los trabajadores.

Las negociaciones en torno de la petición de incremento salarial de los trabajadores se efectuaron ante representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin embargo, al no llegar al acuerdo en la fecha del emplazamiento de la huelga, las banderas rojinegras se colocaron en las instalaciones de la empresa y el personal procedió a abandonar sus puestos de trabajo.

La Ley Federal del Trabajo define a la huelga como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores sindicales.

 

Pero además establece ciertos requisitos que deben cumplirse para que la huelga sea válida. Estos requisitos son:

 

1. Debe perseguir algún objetivo señalado por el artículo 450 de la Ley federal del Trabajo, como en este caso exigir la revisión de los salarios contractuales.

2. Se deben cumplir requisitos de forma en el procedimiento de huelga para que sea clasificada como existente. Así, debe haber un emplazamiento a huelga que contenga el propósito de la misma, su objeto y el día y la hora de suspensión de labores.  Este pliego petitorio se debe dirigir al patrón y se presenta ante la Junta. El aviso para  la suspensión de labores deberá darse por lo menos con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez cuando se trate de servicios públicos.

La Junta de Conciliación y Arbitraje emplaza a huelga al patrón y le otorga el tiempo suficiente para que alegue lo que a su derecho convenga, celebrándose para ello una junta de conciliación. Si no existe acuerdo, la huelga es procedente.

3. Para que proceda la suspensión de labores es necesaria la anuencia de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa, esto es, de la mayoría.

La huelga se clasifica como inexistente cuando no cumple con alguno de los requisitos antes señalados y como ilícita cuando los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. La huelga del sindicato de la Volkswagen del año 2000 se declaró inexistente.

Ahora bien, la huelga termina cuando es declarada inexistente o ilícita, por el acuerdo entre los trabajadores y los patrones, por la aceptación del patrón a alguna de las peticiones, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se somete por los trabajadores el conflicto a su decisión o por el desistimiento de los trabajadores.

 

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Además de la agenda establecida para este segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los asuntos que debe conocer van creciendo por las acciones de inconstitucionalidad que desde este mes de agosto se han interpuesto.

 

La primera de ellas es del Presidente de la República en contra de un decreto expedido por el gobernador de Colima en el que prohíbe el ingreso a su territorio de cualquier persona, organización, agrupación o asociación con ganado porcino en pie, carne en canal o procesado para su comercialización. Para hacerlo se requiere de un permiso del gobierno estatal.

 

El sistema integral de justicia para adolescentes en materia federal continúa en el limbo.  El 12 de diciembre de 2005 se público la reforma constitucional del artículo 18 que estableció este nuevo sistema, y que imponía obligaciones para las entidades federativas que se traducen en garantías para los menores.

 

Conforme a los transitorios del decreto la reforma al 18 constitucional entró en vigor el 12 de marzo de 2006. Pero en cuanto a la obligación de los estados y el Distrito Federal para establecer este sistema surgió una controversia constitucional, que terminó en la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió que la obligación de las entidades y el Distrito Federal para que se generaran las leyes, instituciones y órganos del sistema, inició el trece de marzo de dos mil seis y venció el doce de septiembre de ese año.

 

Durante mucho tiempo, mientras Marcial Maciel estuvo vivo, se habló de las atrocidades que cometió en contra de menores. Aunque nunca se le pudo sujetar a un proceso legal por estos delitos, la alta jerarquía de la iglesia católica lo sancionó obligándolo a una vida de reclusión y prohibiéndole volver a ejercer su ministerio.

 

Pero después de su muerte el hombre siguió dando sorpresas al mundo. En febrero de 2009 los Legionarios de Cristo reconocieron que Marcial Maciel había tenido una hija. Además, la orden está siendo investigada desde sus raíces por el propio Vaticano.

 

La hija actualmente vive en Madrid, España, donde al igual que su madre tiene un visado de residencia sin finalidad laboral, y un nivel de vida desahogado ya que no trabaja, habita un piso de lujo en Madrid e igualmente cuenta con otro piso que renta en el mismo inmueble, que fueron adquiridos por Marcial Maciel con dinero de los benefactores de la congregación, según versión de José Bonilla Sada, abogado que originalmente acusó a Maciel de pederastía

 

Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han decidido poner en práctica sus conocimientos y echar abajo el aumento al transporte público en su entidad. 

 

El pasado 29 de julio el gobierno del Estado de Morelos publicó en el periódico oficial del estado, el “Acuerdo por el que se determinan, autorizan y fijan las nuevas tarifas para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros con Itinerario fijo en el Estado de Morelos”, aumentando las tarifas un peso.

 

Los estudiantes organizados demandarán el próximo 19 de agosto la nulidad de este acuerdo, por haberse emitido en contra de lo previsto en el artículo 83 de la Ley del Transporte que dice: “Para la propuesta de fijación o modificación de tarifas para el servicio de transporte público, la Secretaría de Gobierno deberá considerar el tipo de servicio y el incremento al salario mínimo general vigente en la zona”.

 

El incremento al salario mínimo ha sido de 4% y el incremento al transporte es de un 22%.

 

Esperemos que tengan éxito en esta defensa de sus derechos.

 

 Fuente: La Unión de Morelos 

 
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Primero por razones de seguridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó a la aerolínea AVIACSA la suspensión de sus operaciones. Pero una vez solucionados esos problemas, AVIACSA no pudo volver a volar por las deudas contraídas principalmente con el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENAM) por $292 millones, de pesos, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por $80 millones de pesos y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por $11 millones de pesos.

 

La Ley de Concursos Mercantiles prevé que cuando un comerciante incumple generalizadamente sus obligaciones, puede declararse el concurso mercantil, y fue precisamente lo que sucedió con AVIACSA el pasado 11 de agosto en que un juez de distrito declaró el concurso mercantil proporcionando con ello tiempo para que la aerolínea haga frente a sus obligaciones y pueda seguir en operación. El representante de la línea aérea declaró que recibirán inversión por $150 millones de pesos.

 

En junio pasado la UNICEF reportó que unos 150 millones de niñas y unos 73 millones de niños menores de 18 años son explotados sexualmente en el mundo. Muchos son vendidos a otros países donde son abusados sexualmente y muchos de ellos son utilizados para pornografía infantil.

 

La UNICEF menciona en su reporte que pese a que en numerosos países se ha legislado para proteger a los niños, esa legislación sigue siendo letra muerta o mal aplicada en numerosos países. Y México no es la excepción.

 

En Oaxaca particularmente se han reportado numerosos casos de abuso de menores en diversas escuelas, en donde la característica común parece ser la impunidad para estos delincuentes.

 

 

El día de hoy se sometió al pleno el proyecto de sentencia elaborado por el Ministro Cossío Díaz en el que se proponía que los militares que cometan delitos contra la población sean juzgados por tribunales civiles y no por el Ejército, y se declararía inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que en su fracción segunda considera como delitos contra la disciplina militar los delitos del orden común o federal cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo, que desde el punto de vista del Ministro, es una norma que se excede a lo previsto en la Constitución.

 

 

El jueves 6 de agosto llegó a España Juan Manuel Inciarte Gallardo, un presunto etarra que fue expulsado de México. Fue detenido al arribar al aeropuerto internacional de Madrid y está acusado del homicidio de tres personas, dos policías y la esposa embarazada de uno de ellos, además de una presunta participación en otros atentados. A petición del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, fue enviado a prisión.

Con la expulsión de esta persona suman ya 34 presuntos etarras entregados por México a España, en seis casos siguiendo un proceso de extradición solicitado por España y en los 27 restantes, que incluye a Inciarte, por el procedimiento de expulsión.

La autoridad facultada en México en materia de migración es el Instituto Nacional de Migración que es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su marco legal es la Ley General de Población y su reglamento fundamentalmente.

El artículo 125 de la Ley General de Población establece que los extranjeros que contravengan las disposiciones de la ley podrán ser expulsados o repatriados y esa misma ley faculta a las autoridades migratorias y a la Policía Federal a llevar acabo la verificación de la calidad migratoria de los extranjeros en México.

Si se desprende que algún extranjero ha violado su condición migratoria se sigue un procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley General de Población, mediante el cual la persona es asegurada en una estación migratoria.

En la estación migratoria se practica un examen médico a la persona, se levanta inventario de las pertenencias que lleve consigo y después de que se le permite comunicarse con alguna persona de su confianza y con el representante legal de su país en México, se procede a levantar en acta administrativa su declaración haciéndole saber los hechos que se le imputan y su derecho de ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga.

Una vez que exista la orden de expulsión emitida por la Secretaría de Gobernación por considerar que hay elementos suficientes para la misma, ésta se ejecutará inmediatamente previa notificación del extranjero y su representante legal.

Se suele confundir la expulsión con la deportación. Jurídicamente la deportación se considera una pena infamante y como tal está prohibida en el artículo 22 de la Constitución. Por ello el término legal específico para el procedimiento por el cual este supuesto etarra salió de México, es expulsión.

Fuente El Correo Digital

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