La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de su recién creada Agencia Especializada de Extinción de Dominio, solicitó a un Juez en materia Civil la extinción de dominio contra el Hotel Madrid localizado en La Merced, en la Ciudad de México.

 

La solicitud se efectuó en vista de que se descubrió que en dicho hotel opera una red de trata de personas para prostituir mujeres, algunas de ellas menores de edad.

 

Estas evidencias fueron presentadas ante el juez con la solicitud de extinción de dominio con la finalidad de asegurar definitivamente las instalaciones del mencionado hotel. La ley establece un plazo máximo de 72 horas al juez para que se pronuncie sobre el particular por lo que se espera que a más tardar el sábado se resuelva esta primera demanda de extinción de dominio en el Distrito Federal.

 

Recordemos que esta ley fue aprobadaen el 2008 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y entró en vigor el pasado 9 de marzo. Se aplica en el Distrito Federal exclusivamente en casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas y aplica cuando el afectado no pueda demostrar su buena fe, desconocimiento de la utilización ilícita de los bienes o la procedencia lícita de los mismos.

 

De aprobarse la extinción de dominio sobre esta propiedad de La Merced, ésta pasará a ser propiedad del gobierno del Distrito Federal, quien deberá utilizarlo, por mandato de ley, en acciones de bienestar social.

 

Las autoridades capitalinas ya están preparando otra solicitud en contra de otro hotel ubicado en la misma zona, también por trata de personas.

 

Fuente El Universal. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SS, trata aspectos sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres y ha sido actualizada para obligar a los centros de salud de toda la República a ofrecer la posibilidad del aborto en caso de violación y la receta de métodos anticonceptivos en casos de emergencia.

 

Sin embargo esta NOM, que al ser publicada será de cumplimiento obligatorio, ha estado en la polémica. Así, ciertas organizaciones civiles acusaron a la Secretaría de Salud de haber modificado la norma de manera unilateral para quitar la obligatoriedad de que los médicos ofrezcan la posibilidad del aborto, anteponiendo su objeción de conciencia y sobredimensionando los riesgos de los métodos contraceptivos de emergencia. La Secretaría de Salud, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debe hacer consultas a los medios interesados en la materia, antes de modificar la norma.

 

En febrero pasado la Secretaría de Salud eliminó las modificaciones que había realizado discrecionalmente, pero no envió la norma a la Secretaría de Gobernación para su publicación, sino hasta principios del pasado mes de marzo.

 

Las organizaciones civiles, ante la demora en la publicación de esta norma, denunciaron ante la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, una “resistencia” del gobierno de México para proteger los derechos de las mujeres.

 

Sin embargo, la Secretaría de Salud se ha deslindado de la responsabilidad en la dilación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de esta NOM, ya que el texto y la solicitud de publicación ya se enviaron a la Secretaría de Gobernación, responsable del DOF.

 

Recordemos que las disposiciones gubernamentales, tanto leyes, como acuerdos o Normas Oficiales Mexicanas, como es el caso, son obligatorias hasta que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

 

Fuente El Universal 
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El gobierno federal envió una iniciativa de ley al Senado de la República para implementar en México, a nivel federal y en materia administrativa, juicios en línea, esto es, a través de Internet.

 

La iniciativa solo se refiere a materia administrativa federal, esto es, a juicios contenciosos administrativos y fiscales y en donde, a petición de parte, los juicios se llevarían a cabo por este medio de comunicación.

 

Debido a que nuestro sistema legal es eminentemente escrito, se trata de un proyecto plausible que nos colocaría en las tendencias actuales en el uso de Internet.

 

Pero a la par de esta iniciativa, el gobierno no debe perder de vista que la legislación en uso y acceso a Internet en nuestro país está sumamente atrasada y que ni siquiera existe una ley que garantice a todos el acceso a Internet en los sitios y servicios gubernamentales.

 

En Argentina, por ejemplo, se está promoviendo una ley de accesibilidad a Internet para garantizar que todas las personas, sin importar que cuenten con capacidades diferentes, tengan acceso a los servicios que el gobierno ofrece vía Internet, para evitar la discriminación.

 

En México, debido a nuestras circunstancias sociales y económicas, garantizar esta accesibilidad no solo se debe referir a las personas con discapacidades, sino también a quienes no hablan el español y a quienes no tienen acceso a Internet, porque todavía son muchas comunidades que hasta la fecha no tienen ni siquiera servicio de telefonía.

 

Sabemos que el reto de México es conciliar todas las realidades, por eso antes de aprobar la iniciativa de ley en materia de juicios administrativos en línea, sería importante que se verificara la manera de garantizar la accesibilidad al menos de la mayoría a estos servicios y sitios web del gobierno, porque de otra manera se trataría de una ley discriminatoria hacia todos aquellos que no tienen el acceso a Internet.

 

Fuente Prodigy MSN Noticias. 

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La noticia que el día de hoy publica el periódico Excelsior, pudiera parecer una nota histórica de la época del Porfiriato. Pero tristemente se relatan hechos que se presentan en pleno siglo XXI.

 

Un grupo de trabajadores guanajuatenses acusa al Sistema Estatal de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato y a una empresa agropecuaria sonorense, por esclavitud.

 

Según los trabajadores, el Sistema Estatal de Empleo les ayudó a hacer contacto con la empresa para trabajar en un viñedo por un salario de $1,200 pesos mensuales, con hospedaje y alimentación incluida. Así, reclutaron varios trabajadores entre ellos dos menores de edad, y en camiones los trasladaron a la hacienda.

 

 

Al llegar las condiciones laborales fueron totalmente diferentes a las prometidas pues se les instaló en barracas que eran cerradas con cadenas y candados al anochecer, rodeados de mallas de hasta tres metros de altura. La comida que les daba era poca y de dudosa higiene que, además, les fue cobrada y el sueldo se redujo de 200 pesos al día a solo 50, aunque la realidad es que nunca se les pagó.

 

El grupo de trabajadores que exponen los hechos a la opinión pública declara que huyeron del lugar donde todavía permanecen en estas condiciones deplorables muchos trabajadores provenientes de diferentes estados de la República.

 

Lo menos que podemos esperar como mexicanos es que las autoridades investiguen a fondo estos hechos y se finquen las responsabilidades que procedan contra los empleadores, pero también contra las autoridades que se demuestren legalmente responsables.

 

Recordemos que el primer derecho que tutela nuestra Constitución es la libertad personal, mediante la declaración expresa de la prohibición de la esclavitud dentro de nuestro territorio.

 

Fuente Excelsior 

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Tras el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la autorización a Banamex de seguir operando, pese a que Citigroup cuenta con participación del gobierno estadounidense, ha desatado una fuerte polémica en el país.

Los legisladores del PRI y PRD ya anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque dicha autorización carece de fundamento legal y es flagrantemente violatoria del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece en su segundo párrafo que “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.

Más allá de que se trate del sistema bancario, el asunto plantea un grave problema relativo a la legalidad de diferentes actos administrativos del ejecutivo federal.

Por ejemplo y pese a que el asunto se tendrá que analizar a profundidad, queda también el cuestionamiento respecto de la imposición de aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos como represalia por la prohibición al paso de camiones a territorio estadounidense, que podría considerarse violatorio del TLCAN, que recordemos, según nuestro sistema jurídico tiene rango de ley federal. ¿Pude el ejecutivo de un plumazo cambiar una ley?

Se nos han hecho numerosos llamados a combatir la inseguridad denunciando y cumpliendo las leyes y se ha empezado a generar un movimiento tendiente a la legalidad, quizá todavía muy incipiente, que comienza con la educación de nuestros niños. Pero si el mismo gobierno flagrantemente viola la ley para acomodarla a sus necesidades ¿cómo podemos convencernos de que lo correcto es apegarnos a las normas? Esta política es muy peligrosa no nada más para la sociedad sino para la propia credibilidad gubernamental.

 Fuente El Universal

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Debido al principio de legalidad, todas las dependencias de la administración pública deben estar creadas en una ley que no nada más les de el origen y fundamento para existir, sino que además les otorga facultades para actuar.

 

Pero tristemente, parecen ser las propias autoridades quienes incumplen este principio de legalidad al cambiar el nombre de las oficinas administrativas a su libre albedrío, sin sujetarse a las leyes y reglamentos.

 

Por ejemplo, en el Reglamento Interno del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se crea la Administración Central de Comunicación Institucional. Pero si te das a la tarea de buscar esa oficina, no la vas a encontrar porque a alguien le pareció que se escuchaba mejor llamarla Administración Central de Relaciones y Comunicación.

 

¿Y cuál es el problema? Que esa oficina en estricto derecho no existe y que como tal no tienen la facultad legal de efectuar ningún acto administrativo porque no existe ningún fundamento de sus atribuciones.

 

Por eso cuando se impugna algún acto administrativo, es fácil ganarles, no por el acto mismo que se impugna, sino porque no hay fundamento legal para expedirlo.

 

A ver si a las autoridades "les cae el veinte" de que no es lo mismo administrar el estado mexicano que una empresa privada, y que, aunque les pese, se encuentran sujetos a leyes y normas que a los habitantes nos dan seguridad y certeza. Eso es también vivir en un estado de derecho.

 

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Según nota periodística, se está comercializando en el D.F. un sistema que se llama “Plate Flipper” y que coloca la placa trasera en un ángulo de 90°.

La promoción de este dispositivo abiertamente invita a violar el Reglamento de Tránsito Metropolitano, aplicable en el D.F., con frase como “…Tenemos la solución a los radares de velocidad. El plate flipper te garantiza que no tengas que pagar otra multa de nuevo…”.”…Sálvate de las infracciones por radar de velocidad con Plate flipper…”

¿Qué no se supone que los establecimientos mercantiles deben tener una actividad comercial lícita? Comercializar un objeto para facilitar la violación de una disposición legal no puede considerarse lícito, por lo que deberían ser sancionados.

Probablemente este dispositivo fue ideado después del caso del sujeto que hacía desaparecer su placa hasta que fue detenido en Nueva York.

Fuente El Universal

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El artículo 6 del Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia quien atrajo el caso de revisión de un amparo interpuesto por un trabajador del estado de Sonora.

 

A esta persona se le negó la afiliación a dicha institución de salud (ISSSTESON) por padecer alguna condición de salud previa a la solicitud de afiliación. Y es que resulta que el reglamento aludido exige estudios médicos completos que incluyen, entre otros, biometría hemática completa, química sanguínea, detección de sífilis y en el caso de las mujeres prueba de no embarazo, que demuestren la buena salud de las personas antes de su afiliación.

 

 

La Corte determinó que dicho artículo viola el artículo 123 constitucional porque condiciona la seguridad social a los trabajadores del estado, y se trata de un derecho que no admite ningún condicionamiento; el artículo 1 porque promueve la desigualdad y la discriminación; y, el artículo 4 porque violenta el derecho a la salud de los mexicanos.

 

Parece mentira que sea el mismo gobierno el primero en violentar de esa manera los derechos de los mexicanos, y además, tratar de hacerlo legal mediante la expedición de un reglamento. Pero quizá sea todavía más grave el hecho de solo una persona haya denunciado semejante violación de derechos en Sonora.

 

Fuente SCJN 

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió a un hombre un Amparo en contra de una resolución de un tribunal que negó el derecho de este hombre de solicitar que sea reconocida su filiación sobre una niña.

 

La madre de la niña estaba casada antes, durante y después del nacimiento de la niña con otro hombre, quien la reconoció como hija suya.

 

Por esta razón el hombre, amante de la mujer, promovió un juicio de reconocimiento de la paternidad de la niña y solicitó que se corrigiera el acta de nacimiento y que se le reconociera su derecho de patria potestad, régimen de visitas y guarda y custodia.

 

 

El tribunal negó a este hombre el Amparo por lo que él solicitó la revisión basado en violación de derechos de la niña.

 

La Corte concedió el Amparo, pero no por la violación de los derechos de la menor, sino porque el Código Civil del Distrito Federal concede a un progenitor la llamada acción contradictoria para buscar el reconocimiento de un hijo, por lo que se tienen que revisar el artículo del mismo ordenamiento que establece que los hijos de una mujer casada no podrán ser reconocidos por otro hombre, salvo que el esposo lo haya desconocido.

 

Por esa acción contradictoria un hombre puede solicitar que le sea reconocida la paternidad de un menor y que se nulifique el reconocimiento realizado por un tercero, en este caso el marido, y en ese sentido se le otorguen todos los derechos de filiación.

 

Con esta decisión, el hombre tienen que tramitar el juicio de reconocimiento de paternidad, por lo que el caso todavía no está concluido.

 

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación

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