El pasado 12 de junio se publicaron reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para crear el Sistema de Justicia en Línea  en donde el juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea. Este sistema deberá estar operando en diciembre de 2010.

Es por ello que en el próximo Congreso Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se reunirán próximamente en Cancún, Quintana Roo, para empezar a definir los aspectos más relevantes de la planeación y el diseño de la plataforma tecnológica mediante la cual funcionará el juicio en línea.

 

Una experiencia en la materia ya se tienen en el Tribunal Virtual del poder Judicial del Estado de Nuevo León , el cual se desarrolló con el apoyo de la Comunidad Europea, y que ha venido operando desde el 12 de junio de 2006 en el que la partes pueden presentar escritos, recibir notificaciones y hacer promociones a través de su computadora.

 



El sistema ofrece otros servicios, aprovechando las ventajas de la tecnología, como el servicio gratuito de los mensajes SMS a través de los teléfonos celulares para indicar a los abogados la publicación de algún acuerdo en el expediente. 

Hasta julio de 2009, el número de registros al Tribunal Virtual, llegó a más de 41,000 usuarios, se recibieron más de 1´200,000 visitas al portal del Internet, se realizaron 4´000,000 de consultas a expedientes y se autorizaron más de 5,400 expedientes para enviar promociones electrónicas. 

Es posible que en un futuro cercano los sistemas judiciales federales y estatales emigren a esta opción electrónica.

Más información www.hcnl.gob.mx 

 

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La Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un comunicado de alerta a la población respecto de diversos suplementos para bajar de peso que contiene sustancias potencialmente peligrosas para la salud y solicita que se denuncien todos los suplementos que contengan picolinato de cromo, Thevetia SSP y fucus vesiculosus.

Frente a ello la pregunta obligada es por qué se permite la venta de esos productos que ponen en riesgo a la población.

Dentro de la controversia que se ha generado por los nuevos libros de texto gratuito para primero y sexto de primaria, ha surgido una sobre derechos de autor.

La Secretaría de Educación Pública incluyó en el libro para sexto de primaria la imagen del mural llamado “El paso de Bering” de Iker Larrauri y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología.

Esta obra representa en un primer plano a cuatro hombres caminando de derecha a izquierda, en tierras donde se ha retirado el hielo de las glaciaciones. El paisaje presenta algunos vestigios de hielo a la distancia, así como una vista del mar.

El 16 de junio el candidato del Partido del Trabajo para la delegación de Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido por Juanito, se comprometió públicamente a que de ganar la elección renunciaría para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal pudiera proponer a la Asamblea Legislativa a Clara Brugada como sustituta y que sería la señora Brugada y el PRD quienes gobernarían en Iztapalapa.
 

Ahora, Rafael Acosta es Jefe Delegacional Electo de Iztapalapa y el primero de octubre deberá rendir la protesta al cargo.

El planteamiento aparentemente resulta simple, sin embargo, en la ley la situación es distinta.

 

Chihuahua se ha convertido en uno de los estados con mayor índice de divorcios, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. El Poder Judicial del Estado de Chihuahua reportó que un promedio de 21 matrimonios diarios se disuelven mediante el divorcio voluntario y contencioso en el estado. Mientras que en 2008 se divorciaron un total de 7 mil 703 parejas, en los primeros tres meses de 2009 la cifra llegó a 2 mil 066, incrementándose el promedio a 22 separaciones diarias.

El proceso de divorcio es un proceso desgastante para las partes que intervienen en el mismo y que hace que las diferencias se prolonguen y persistan en el tiempo en virtud de la obligación de cubrir la pensión alimenticia.

En algunos casos el excónyuge obligado se llega a colocar en situaciones de inestabilidad económica, verdadera o falsa, para eludir esta obligación.

Es por ello que en el Congreso del Estado de Chihuahua se ha presentado una iniciativa para la creación del Seguro de Matrimonio que persigue asegurar la protección y manutención económica de los hijos una vez consumada la separación de una pareja.

La propuesta es que al casarse, la pareja contrate el Seguro de Matrimonio, con vigencia de un año, determinando el juez la forma en que se pagará el monto asegurado en caso de separación.

Concluida la vigencia de esa primera póliza, las parejas podrían renovarlo especialmente aquellos matrimonios que hayan procreado ya hijos.

El beneficio podría cobrarse sólo hasta que exista la disolución del matrimonio y existir un convenio avalado por un juez de lo familiar. En caso de existir hijos, los cónyuges deberán acordar quién asumirá las custodia legal de los hijos y quién se obligará a soportar su alimentación y educación.

El pago de la póliza en ningún momento eximirá a quien haya quedado a cargo de la manutención de cumplir con el pago de las mensualidades a la que obliga la legislación local.

En caso de no existir acuerdo entre quienes se divorcian, el juzgador determinará el pago a favor de la persona en quien recaiga la custodia de los hijos.

Seguros semejantes ya existen en otras partes del mundo. En España, en marzo de 2007 se lanzó en el mercado un seguro que ofrece cobertura de la pensión de los hijos por fallecimiento, invalidez o desempleo del obligado.

En los Estados Unidos, existen proyectos ya patentados en la US Patent & Trademark Office que ofrecen un beneficio económico a toda persona que se vea involucrada en un divorcio, para protegerlo contra las consecuencias financieras del proceso, que algunos consideran una causa de crisis financiera.

Por su parte la Safeguard Guaranty Corporation, ofrece un seguro que paga la suma asegurada a las parejas que lleguen a cumplir 25 años de casados, y a su vez, ofrece protección contra el divorcio.

El esquema propuesto en Chihuahua es novedoso, aunque falta por ver que aseguradora está dispuesta a desarrollar este producto.

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El 15 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 69 constitucional a fin de que el Presidente presentara su informe únicamente por escrito. Así se presentó en el 2008.

En los dictámenes tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores se hace constar que la reforma se efectúo para “..establecer la obligación del Presidente de la República de rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país por escrito, sin requerir de su asistencia a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, así como para sumar mecanismos de diálogo y rendición de cuentas efectivos, que aseguren el correcto ejercicio del mandato encomendado al Ejecutivo, como son el análisis del informe, la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta de decir verdad.”

 

El conflicto entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y un hotel de Cancún no ha llegado a su fin en vista de que el dueño del hotel en cuestión, propiedad de un hermano del senador García Zalvidea, no ha acatado las órdenes de la Profepa para retirar las escolleras que instaló frente a su hotel y crear una playa privada.

Toda construcción en las playas está sujeta a autorización por tratarse de zona federal y en ella debe mediar la autorización de la Profepa por el impacto ambiental. En el caso en cuestión no se obtuvo permiso ni autorización ambiental y esa construcción está creando un daño ecológico a la zona.

Durante la última reunión que tuvo lugar el pasado 5 de agosto, los abogados del dueño del hotel acordaron con la Procuraduría que presentarían un programa final para retirar el espigón el cual sería analizado por las autoridades ambientales para verificar que no se ocasionaría mayor daño ambiental con las medidas propuestas.

Dicho documento se presentó el 12 de agosto y en ella los hoteleros proponían retirar el espigón y construir en su lugar una duna lo cual fue rechazado por la Procuraduría. En vista de lo anterior, el dueño del hotel se sigue rehusando a retirar la construcción que no nada más daña el ecosistema sino que podría poner en riesgo el programa de recuperación de playas de la zona.

Las querellas y denuncias interpuestas han seguido su curso pese a las negociaciones pues la Procuraduría anunció que hasta que no cambiara la situación legal, no se desistirían de sus acciones legales. En este sentido los responsables del delito ambiental que se está cometiendo podrían obtener hasta nueve años en prisión y hacerse acreedores a pagar una multa de hasta 3 mil días de salario mínimo según consta en el título vigésimo quinto del Código Penal Federal referente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Fuente Profepa

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El pasado 13 de agosto los pobladores del pueblo de San Antonio de Ebulá, en el estado de Campeche, fueron violentamente desalojados con el argumento de que ocupaban predios de propiedad privada de Eduardo Escalante Escalante.

Varios grupos y organizaciones de derechos humanos han denunciado estos hechos y refieren que los desalojados vivían en una comunidad que tenía el reconocimiento de población si bien no de manera oficial, sí mediante diferentes acciones gubernamentales de ayuda y prestaciones sociales como las de la Secretaría de Desarrollo Social o Salud.

Se menciona incluso que los habitantes de esta localidad, fundada en 1968, han estado llevando a cabo procedimientos para obtener su reconocimiento como localidad, pero que han encontrado obstáculos por parte de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo desde 1991 el Instituto Federal Electoral reconoce como localidad a San Antonio Ebulá como consta en las credenciales para votar con fotografía de los pobladores.

Esta misma semana reportamos respecto de dos nuevos procesos de controversias constitucionales que se inciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Revisamos la base de datos de la Suprema Corte y encontramos que debido a la carga de trabajo, existen pendientes de resolución al 17 de agosto, 166 controversias constitucionales, en su mayoría iniciadas por diversos municipios en contra de sus poderes ejecutivo o legislativo.

Hasta hace algunos años las controversias constitucionales no fueron de gran relevancia. Es más, muchas de las controversias en materia política que surgieron desde la promulgación de nuestra Constitución en 1917 entre los estados o entidades federativas, fueron resueltas en el Senado conforme a la atribución que se le confiere en la fracción VI del artículo 76 de la propia Constitución Política.