La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un documento denominado “Impunidad Uniformada: Uso Indebido de la Justicia Militar en México”, en donde denuncia 17 casos de violaciones a los derechos humanos de más de 70 personas por parte de miembros del ejército durante sus operativos en contra del narcotráfico.

 

Según este documento los militares son responsables de varias muertes de civiles desarmados, entre ellos niños, como el caso de un militar que bajo los efectos del alcohol abrió fuego contra un camión matando a dos mujeres y un niño.

 

La organización acusa la impunidad de los responsables de estos actos y menciona que solo 4 soldados han sido juzgados civilmente.

 

Hasta el momento el gobierno de México no ha emitido ninguna declaración sobre este documento de HRW, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

 

El paquete de seguridad, enviado por el Presidente Calderón al Congreso, en donde se regula la actuación de las fuerzas armadas en su actuación en las ciudades de nuestro país, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

 

Sin duda este documento volverá a traer sobre la mesa el debate relativo a la actuación del ejército en las calles frente al clima de inseguridad y violencia que vivimos debido al narcotráfico y aunque de ninguna manera se trata de lo más justo, se tendrá que resolver a favor del bien de lo que reporta el bien de la mayoría.

 

Fuente BBC Mundo
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Para la Cámara de Diputados, la actual Legislatura termina hoy jueves 30 de abril. Por ello, con todo y desinfectante y cerco sanitario, las sesiones de la semana pasada y la del martes de esta última semana de abril, han sido sesiones expeditas en donde los dictámenes se están aprobando en votaciones económicas, casi sin ser sometidas a discusión.

 

En la sesión del martes 28 de abril, que empezó a las 13:13 horas, con la presencia de 385 diputados de 500 que conforman la Cámara, se aprobaron dictámenes de reformas de las siguientes leyes que pasaron al Senado para su discusión y aprobación:

El pasado 24 de abril, el New York Times publicó una nota sobre el entrenamiento que diferentes Ministerios Públicos recibieron en Austin, Texas, en cuanto a la oralidad en los juicios del orden penal, tal y como ya se prevé en diferentes estados y a nivel federal para que se haga el cambio gradualmente en todos los estados de la República.

 

Esta nota fue traducida literalmente y publicada en MSN Noticias, pero se trata de una traducción que falla en adaptar los términos a nuestro sistema legal y de esta manera se refiere a “fiscales”, figura que en México no existe, y se incurre en otros errores que exponen la falta de conocimiento, por parte del redactor original de la nota, y por tanto, del traductor, sobre los antecedentes históricos del sistema legal mexicano.

Frente a la emergencia que se ha desatado en el país con el virus de la Influenza, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado de prensa el domingo 26 de abril, en el que además de retomar las medidas tomadas por la Secretaría de Salud y del Trabajo, anuncia que debido al tipo de funciones que efectúa, no se interrumpen sus funciones esta semana, pero que no contarán los términos del 27 al 30 de abril a fin de evitar que las personas acudan a las instalaciones judiciales, salvo que se trate de asuntos de verdadera necesidad, como un amparo, por ejemplo.

 

En materia laboral, retoman las previsiones de la STPS en cuanto a trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, que volverán al trabajo hasta el 5 de mayo, y se anuncia que el 4 de mayo habrá suspensión de laborales en todo el país, salvo lo que se refiere a las guardias.

 

Fuente Consejo de la Judicatura Federal
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La disputa legal entre Martha Sahagún y la Revista Proceso, a raíz de la publicación de un reportaje de Olga Wornat sobre el proceso de la nulidad religiosa del matrimonio  de la ex primera dama de México y su primer marido, Manuel Bribiesca, continúa.

 

Recordemos que en el proceso civil que interpuso Sahagún, tanto Proceso como la periodista fueron encontrados culpables de lastimar el derecho al honor de la demandante y como tal condenados a pagarle una indemnización.

 

Pero la sentencia fue apelada y se resolvió que aun cuando se vulneraba el derecho al honor, no se configuraba una violación a la intimidad y como tal la indemnización fue disminuida y la revista Proceso exonerada de cualquier responsabilidad.

 

Y las cosas no quedaron ahí ya que Sahagún se amparó contra dicha resolución y ese Amparo acaba de ser atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte en vista de que el caso reviste interés general por contener aspectos sobre el derecho a la intimidad y honor de las personas frente a la libertad de expresión y al derecho a la información.

 

Es así como la Corte revisará hasta donde se extiende el derecho a la intimidad de personas públicas o famosas, frente al derecho que tenemos de ser informados y de expresar opiniones libremente, lo que incluye las relaciones entre los periodistas y escritores y sus editores.

 

Así, la Corte fijará una postura apegada a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México para futuros casos.

 

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación

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En el marco de la entrega a los premios Libertad de Expresión 2009 que tuvo verificativo en Londres, la periodista Sanjuana Martínez, autora de los libros "Prueba de Fe. Las redes de cardenales y obispos en la pederastia clerical" (Editorial Planeta, 2007) y "Manto púrpura. Pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera" (Editorial Grijalbo, 2007), declaró que en México ha sufrido censura por publicar artículos que acusan a la Iglesia Católica.

Aseguró que sus libros fueron retirados de algunas librerías cuyos dueños se declararon católicos y que en la presentación de sus obras los mismos periodistas se excusaron con ella al no poder publicar las presentaciones por tener prohibido hablar en contra de la Iglesia Católica.

Sanjuana Martínez, ganadora de un premio Ortega y Gasset por reportajes de pederastia cometidos por el clero, dijo que su obra se basa en investigaciones de hechos que quedan sustentados y que son textos que representan la lucha por la libertad de información en México.

Y lamentablemente son los hechos los que sustentan su obra como hoy lo podemos constatar tras la detención de un sacerdote católico envuelto en la recientemente desmantelada red de pornografía infantil.

Tristemente, como también lo demostró el caso de la periodista Lidia Cacho, la pederastia en un delito en donde se defiende con el silencio a todos, menos a los niños que sufren tan deleznable abuso.

Fuente BBC Mundo

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El problema del sistema federal radica en la determinación de fueros o competencias y con ello la lentitud de la investigación de delitos, particularmente, y la impartición de justicia.

 

Es palpable esta situación en el caso de Casitas del Sur. Por denuncia hecha ante las autoridades del Distrito Federal, se realizó el cateo de este albergue, del cual se desprendió la comisión de diversos delitos, ellos del fuero local.

 

Pero al ver la gravedad del asunto y el vínculo de casitas del Sur con otros albergues en distintos estados de la República, la Procuraduría General de la República (del orden federal), atrajo la investigación porque presupone que se han cometido delitos del orden federal como el tráfico de menores y delincuencia organizada.

 

En un comunicado la PGR dio a conocer lo anterior, haciendo marcado énfasis en la colaboración que ha recibido de las autoridades del Distrito Federal, especialmente la PGJDF. Lo mencionamos porque desafortunadamente los casos se empiezan a diluir cuando empiezan las discusiones entre las autoridades locales y federales, así que esperamos que ese tono amable entre procuradurías sea el que prevalezca para que se conozca la verdad jurídica sobre el paradero de los niños que estaban en Casitas del Sur como Ilse Michel.

 

Será la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la encargada de conducir la investigación por parte de la PGR.

 

Y la pregunta que todos nos hacemos ¿la PGR apena se dio cuenta de que este caso se trata de tráfico de menores y delincuencia organizada?

 

Fuente El Universal
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En la Cámara de Diputados se introdujo la iniciativa para la expedición de la Ley de la Policía Federal, con la finalidad de crear un cuerpo de policía preventivo que tenga facultades de investigación que incluyen la intervención de teléfonos celulares y obligar a las empresas de telefonía para que indiquen el sitio de donde se realizan ciertas llamadas.

 

La iniciativa también incluye la figura de la policía encubierta, aunque para realizar cateos se eliminó la posibilidad de hacerlos sin la orden de un juez.

De igual manera faculta a esta policía preventiva para investigar la información de Internet y así perseguir y detener la pornografía infantil entre otros delitos.

 

Este dictamen fue aprobado en Comisiones y pasará a la discusión al pleno de la Cámara el próximo jueves o martes a más tardar a fin de que quede aprobado antes del cierre de este período de sesiones.

 

Los que están a favor de esta nueva ley insistieron en la necesidad de contar con una policía preventiva que con facultades de investigación pueda evitar la comisión de delitos, aunque sus detractores dijeron que se puede prestar a diferentes abusos por parte de este nuevo cuerpo de policía.

 

Tendremos que esperar la discusión en el pleno para augurar si próximamente tendremos una nueva (otra) policía.

 

Fuente El Universal
 
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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), declaró que a través de Internet se venden medicamentos que pueden representar un riesgo para la salud de los mexicanos.

 

Este es un problema que no es nuevo y que se ha conocido hace mucho tiempo ya que estos sitios venden medicamentos controlados sin necesidad de receta, muchos de ellos caducados, y casi siempre se trata de productos pirata.

 

Las autoridades han declarado que los sitios web que venden medicamentos serán investigados y advierten de la dificultad de investigar estos sitios, algunos de los cuales ni siquiera establecidos en territorio mexicano.

 

Pero las autoridades mexicanas no cuentan con el respaldo de leyes que regulen los sitios web ni que les permitan averiguar a través de los prestadores de servicios de Internet las direcciones de los sitios, por lo que el poder legislativo debe intervenir para que, mediante leyes, se sienten las bases y fundamentos para que las autoridades, como en este caso el sector salud, puedan actuar y cuidar la salud pública y no nada más alertar a la población de que no compren medicamentos en la red.

 

Fuente El Universal 
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