El Consejo de la Judicatura Federal informó en días pasados sobre los resultados de una investigación en los juzgados y tribunales federales en el Estado de Yucatán, de la cual se desprende que ha existido un cruce entre jueces y magistrados para contratar a familiares.Algunos han dado en llamar este fenómeno como la “Familia Judicial”.

Sin embargo, la Judicatura reconoce que no es posible imponer sanciones a los responsables, ya que los familiares han sido contratados en los tribunales en los que aquellos no trabajan, además de que no existen evidencias de que hayan intervenido en las contrataciones.

 

Debido al principio de legalidad, que establece que los funcionarios solo pueden hacer lo que les está permitido expresamente en una ley, cada año la Cámara de Diputados aprueba el llamado Presupuesto de Egresos, de tal manera que los gastos o erogaciones que no queden autorizados en este documento no se podrán realizar en ese año para el cual aplique el Presupuesto, salvo que posteriormente la Cámara apruebe modificaciones.

De lo anterior deriva la importancia de contar con el presupuesto de Egresos al 1° de enero de cada año, porque si no hay presupuesto, el Ejecutivo, simplemente, no puede gastar ni comprometer el gasto de un solo peso durante ese año que cubre el Presupuesto, es decir, del 1° de enero al 31 de diciembre.

A consecuencia de las inundaciones que se presentaron el 6 de septiembre en Valle Dorado, Estado de México, al reventarse el llamado emisor poniente, los afectados han presentado ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México más de tres mil denuncias penales contra quien resulte responsable por los daños causados a las casas y demás bienes.
 

Los denunciantes están pidiendo la reparación del daño, a fin de que les sean repuestos los bienes que perdieron.

 

En general, señalan como responsable  a la Comisión Nacional del Agua, ya que alegan que esta tenía conocimiento de los daños que las instalaciones presentaban, y que el propio director general reconoció, al manifestar que desde hace cuarenta años no se daba mantenimiento a esa red.

 

El período de seis años como gobernador del Banco de México de Guillermo Ortiz termina el próximo 31 de diciembre, por lo que no está de más recordar el proceso para nombrar a un nuevo gobernador.

La Ley del Banco de México, expedida en 1994 para dar autonomía al Banco de México, establece que la administración de este organismo estará a cargo de una Junta de Gobierno y de un gobernador.

La Junta de Gobierno se conforma por 5 miembros que según el artículo 28 de la Constitución Política son designados por el Presidente y aprobados por la Cámara de Senadores o en su defecto por la Comisión Permanente. De estos miembros se nombrará al gobernador y los demás se denominan subgobernadores.

El Senado de la República solicitará un informe a la Secretaría de Gobernación dependencia sobre el avance del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), para evitar su uso a la delincuencia organizada, pero sobre todo para que se justifique por qué fue Gobernación y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la responsable de la base de datos, contraviniendo la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Es por ello que se solicita que éste informe contenga los fines y objetivos con que se están utilizando los datos conservados por el Renaut, así como una amplia explicación jurídica y práctica sobre el procedimiento de registro de usuarios mediante el envío de mensajes de texto instaurado". 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está por modificar la Circular Única  de los bancos, dentro de la cual se incluirán las medidas básicas de seguridad que deben cumplir los bancos conforme al artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Estás medidas desregulan los aspectos fundamentales para la seguridad de las Instituciones, en particular de sus sucursales, instalaciones, bienes, patrimonio, trabajadores y público usuario, así como para el resguardo en la transportación de efectivo y valores, dejando a las instituciones financieras definir estos temas.

Así, la instalación de cámaras de seguridad irá variando según el tipo de sucursal de que se trate, retirando además la obligación de que los cajeros automáticos que se encuentren fuera de las sucursales cuenten con sistemas para grabar imágenes.

 

Como publicamos al inicio de este ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública aun no contaba con la aprobación necesaria para modificar el ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL DIVERSO 181 POR EL QUE SE ESTABLECEN EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA, y ajustar los programas de primero y sexto grados de primaria a la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).

 

No fue sino hasta el pasado 27 de agosto que iniciaron las gestiones administrativas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley General de Educación.

 

En la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvió una contradicción de tesis, es decir, de dos opiniones opuestas se determinó que el hecho de que un progenitor, padre o madre, perdiera la patria potestad no implica necesariamente la pérdida del derecho de convivencia con su o sus hijos.

Lo anterior lo decidieron en virtud de que el derecho de convivencia no sólo corresponde  a los padres, sino también a los hijos, siempre que no se compruebe que esa convivencia sea perjudicial para el menor.

En ese sentido se determinó que sea el juez de lo familiar quien atendiendo a la gravedad de la causa que originó la pérdida de la patria potestad, decida si la convivencia un riesgo para la seguridad o desarrollo del niño.

Esta decisión podría no solo aplicarse a los casos de pérdida de patria potestad por el divorcio de los padres, sino también a los casos de renuncia en los que el menor es entregado en adopción, pudiendo llegar a cambiar un poco las reglas del juego de la adopción en México otorgando el derecho de los padres biológicos para estar en contacto con sus hijos.

Para que ello suceda se tendrá que presentar un caso al respecto para conocer como decide la autoridad judicial o si considera que esa convivencia no es en el mejor interés del niño.

Fuente SCJN

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El pasado 9 de septiembre, se publicó en el periódico oficial del estado de Nuevo León la nueva Ley de Desarrollo Urbano. Desde que se presentó la iniciativa correspondiente en el Congreso del estado, esta ley ha estado rodeada de controversia por las obligaciones que se pretendía imponer a los constructores en el desarrollo de nuevos fraccionamientos.

Dentro de los temas aprobados en la Ley se contempla una densidad máxima de 150 viviendas por hectárea, mediante desarrollos verticales de vivienda multifamiliar; concurrencia del gobierno estatal y los constructores para el equipamiento educativo en los nuevos desarrollos; se aumenta en ancho de las vialidades principales con un derecho de via de 61 metros mínimo; establecer un Atlas de Riesgo, identificando aquellas zonas que impliquen un peligro para las personas o sus bienes; un derecho de preferencia del estado para adquirir terrenos en zona de reserva, entre otros.

 

Una de las disposiciones a destacar es el artículo 204, que establece en sus fracciones I y II que un lote para vivienda unifamiliar deberá contar con un mínimo de siete metros de frente y una dimensión mínima de 98 metros cuadrados, aunque no establece dimensiones de la construcción.

Para muchos, con esta disposición se pone fin a las minicasitas y empieza a hacerse realidad y regularse adecuadamente el derecho a una vivienda digna y decorosa, previsto en el párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política y en concordancia con el artículo segundo de la Ley de Vivienda.

 

Por su parte los constructores se ampararán en contra de esta nueva Ley.

 

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