La Secretaría de la Función Pública negó la solicitud de licencia sin goce de sueldo que hizo Miguel Ángel Jiménez para separarse del puesto de director general de la Lotería Nacional mientras se llevan a cabo las indagatorias sobre los presuntos sobornos a favor de candidatos del PAN en Campeche. La licencia fue solicitada para que no se considerara que su permanencia en la dirección de la LOTENAL pudiera entorpecer dichas investigaciones.

 

Cuarenta y siete días después de que hiciera la solicitud, la SFP contestó que no se le otorga licencia. En su comunicado menciona que no se entorpecen las investigaciones del supuesto delito con su permanencia al frente del organismo, aunque la razón real de habérsele negado dicha licencia es que dentro de la estructura de la Lotería Nacional no está considerado un sistema de suplencias por lo que de habérsele concedido dicha renuncia el organismo hubiera quedado acéfalo.

 

Con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año, empezó el plazo de un año para que las empresas que tienen concesión para prestar el servicio de telefonía móvil registren a todos los usuarios de líneas de los llamados celulares, con la finalidad de que se cuente con una base de datos que sirva para la investigación de la comisión de diversos delitos como la extorsión o el secuestro.

El pasado 30 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa fue reconocida por México el 16 de diciembre de 1998, ordenó nuevamente al estado mexicano a implementar todas las medidas cautelares convenientes a fin de proteger la vida y la integridad corporal de diferentes indígenas en el estado de Guerrero.

El grupo de las personas protegidas por la resolución lo conforman una mujer defensora de los derechos humanos y su familia; una mujer que reportó haber sido violada por miembros del ejército y cuya causa penal se está siguiendo; 41 miembros de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco; 29 miembros de la Organización de la Montaña Tlachinollan; y los familiares de Raúl Lucas Castro y Manuel Ponce Rosas quienes fueron asesinados.

Todas estas personas que conforman comunidades enteras han declarado haber sido víctimas de amenazas y agresiones por miembros del ejército y que a partir de que se han establecido en sus comunidades su forma de vida ha tenido que cambiar sustancialmente debido a la manera en que se han conducido no solo los miembros del ejército sino también los policías y autoridades municipales.

Un grupo de personas que defiende a las personas con discapacidad solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la CONAPRED, la capacitación contra la discriminación de dos actrices de Televisa, Galilea Montijo y Roxana Castellanos, quienes en el programa Hazme Reír, jugaron una pesada broma a otro actor de nombre Sammy, quien padece discapacidad intelectual moderada.

 

Sin embargo, la CNDH carece de competencia para conocer este tipo de hechos ya que dicho organismo solo puede conocer de quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades y servidores públicos de carácter federal, salvo del Poder Judicial, y la organización que se queja lo hace en contra de personas físicas que no son autoridad y en contra de una persona moral, la televisora, que tampoco es autoridad.

 

La CONAPRED, por su lado, sí puede conocer de este tipo de quejas y tiene la facultad de iniciar un procedimiento conciliatorio entre las partes, si así lo aceptan ambas partes, o en su caso de asesorar al quejoso y canalizarlo a las instancias judiciales apropiadas. Pero para hacerlo habría que ver si con su actuación tanto la empresa como las actrices acusadas discriminaron a la supuesta víctima.

 

 

 

La candidata (o ex candidata) panista a diputada local, Dania Ibett Puga, quien estaba en cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales en el estado de Colima, fue detenida el pasado lunes tras haber robado algunos artículos de una tienda departamental. El partido que la respaldaba ya anunció que están en trámites para retirar su candidatura de una lista que ya había sido aprobada por el Instituto Electoral de Colima, y piden a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias respecto de los hechos que consideraron de gravedad.

La organización mexicana de consumidores El Poder del Consumidor (EPC) presentó una queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) en contra de Bimbo por publicidad engañosa en vista de que venden el pan integral como 100% integral, cuando no utilizan trigo integral, sino harinas procesadas que son muy dañinas para las personas diabéticas y que favorecen la obesidad, casualmente dos de las enfermedades que aquejan a la gran mayoría de la población de nuestro país.

 

Según declaración del director de EPC, Alejandro Calvillo, la PROFECO no contestó a esta queja razón por la cual la organización de consumidores tramitó un Amparo contra la dependencia por haber violado el derecho de petición, consagrado en la Constitución, al no responder sobre el particular. Dicho Amparo fue presentado el 23 de octubre pasado ante el Juzgado 4 en materia Administrativa, radicado en el Distrito Federal.

En lo que es un esfuerzo por regularizar diversas situaciones legales de los bienes de los mexicanos, iniciaron en el Distrito Federal las llamadas Jornadas Notariales que tienen la finalidad de prestar, con descuentos de hasta el 80%, diversos servicios notariales.

Entre estos servicios están la escrituración de inmuebles, la elaboración de testamentos y los trámites sucesorios, así como el otorgamiento de diversos descuentos como del impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos del Registro Público de la Propiedad.

Estas jornadas en el Distrito Federal iniciaron en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco y ocurren del 18 al 23 de mayo.

A nivel federal se lleva a cabo un programa parecido a este en el mes de septiembre, pero solo se refiere a testamentos, otorgando un descuento al realizar el trámite.

Todos estos programas pretenden, como ya se mencionó, regularizar las situaciones legales de muchos mexicano que no lo hacen por el alto costo de los trámites notariales, y se trata de situaciones que si se dejan pasar de largo pueden ocasionar serios perjuicios para las personas que muchas veces terminan en largos juicios que pudieron ser evitados con un trámite.

Fuente Excelsior

miabogadoenlinea.net

Al declararse por parte del Consejo de Salubridad General de que la Influenza se trata de una enfermedad grave, varios laboratorios nacionales han estado ejerciendo presión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que las patentes de los medicamentos que se utilizan para curar dicha enfermedad, como el Tamiflú, se abran y pueda ser fabricado por estos laboratorios mexicanos.

La solicitud se base en el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece en su primer párrafo que “por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto (IMPI), por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.”

 

En una demanda para exigir el pago de pensión alimenticia, el demandado se defendió poniendo en tela de juicio su paternidad y presentó una solicitud para que se practicara una prueba de laboratorio para que mediante el análisis del ADN determinara si él es o no el padre de esos niños.

 

La madre de los menores, que demandó el pago de pensión alimenticia, se amparó contra la solicitud de la prueba de ADN argumentando que la sola solicitud de la misma violaba el artículo 4° constitucional de sus hijos al no garantizarles su derecho a una vida digna al tener que someterse a las pruebas de laboratorio.