Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro que fue creada, al agrupar a varias empresas, como organismo descentralizado el 9 de febrero de 1994.

Los organismos descentralizados son entidades cuyo propósito es ayudar al ejecutivo federal en sus funciones y pertenecen a los que se denomina administración paraestatal o descentralizada frente a la administración pública centralizada a la que pertenecen las secretarías de estado y la Procuraduría General de la República.

Los organismos descentralizados son creados por decreto del Congreso de la Unión, por ejemplo, mediante una ley, o bien por decreto del ejecutivo federal. La hoy extinta Luz y Fuerza del centro fue creada por decreto del ejecutivo el 9 de febrero de 1994 como ya se mencionó. Estos organismos gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio con la finalidad de cumplir los fines para los que fueron creados.

El rápido avance tecnológico ha provocado vacíos en la legislación que lentamente se han ido subsanando. Así, se reguló el comercio electrónico y después el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, ahora es el turno del correo electrónico.

El pasado 8 de octubre el Senador Rodolfo Pérez Gavilán puso a la consideración de la Cámara de Senadores una iniciativa para sancionar a las personas que violen los correos electrónicos.

La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en contra de la próxima realización de la película basada en la novela Memorias de mis Putas Tristes del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

De acuerdo con la presidenta de esta organización, Teresa Ulloa Ziáurriz, la denuncia no es en contra de alguna persona en particular, sino para evitar la filmación de la película por considerar que por la trama de la misma es una apología de delitos como la trata de menores o la prostitución infantil, es decir una defensa o alabanza de estos delitos

La novela del escritor colombiano gira en torno de la historia de un hombre de 90 años que desea tomar como amante a una niña virgen de 14 años. Debido a esta trama la organización considera que la película podría fomentar en la población la comisión del delito de trata de niñas.

El Senador Tomás Torres presentará una iniciativa para poner fin a las llamadas amenazantes o intimidatorias en contra de los deudores.

Tomás Torres  propone  que se imponga una sanción de tres meses a cuatro años de prisión y multa de 180 a 360 días multa, a todos aquellos que realizan llamadas telefónicas o envían mensajes amenazantes o intimidantes para exigir el pago de un adeudo u otra obligación, sin que se haya acordado y formalizado la autorización para que se usen los datos personales o esos medios de comunicación para esos efectos.

 

En la exposición de motivos señala que la iniciativa materializará la reforma al artículo 16 constitucional, que desde el pasado 2 de junio incluye como nueva garantía constitucional el derecho a la protección de los datos personales.

Así, se sancionará a todas aquellas personas físicas o morales que realizan cobros extrajudiciales, amenazando e intimidando y que han recibido los datos personales del usuario, sin que exista una autorización expresa para ello.

Incluso se llegaría al extremo de asegurar aquellos instrumentos que hayan sido utilizados para cometer el delito o inclusive a que se ordene la suspensión o disolución de la empresa en que labore el responsable del delito.

 Esta propuesta sin duda afectará a las instituciones financieras que contratan despachos externos para que les realicen la cobranza de su cartera vencida y que sin autorización del usuario transfieren datos personales a esos despachos.

 

Fuente Cámara de Senadores

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En Gran Bretaña surgió una gran controversia en relación con Brooke Shields y la pedofilia, situación que de una u otra forma ha estado relacionada con su carrera.

A los 10 años posó para el fotógrafo Gary Gross para promocionar su carrera. En una de estas imágenes aparece extremadamente maquillada, desnuda, cubierta de aceite, y en una pose provocadora. Estas imágenes formaron parte de un proyecto de Gross llamado The Woman in the Child, en donde pretendía revelar la femineidad en niñas preadolescentes al compararlas con mujeres adultas. Esta y otras imágenes primero se publicaron en Little Women y después en Sugar and Spice, una publicación de Playboy Press.

A los 13 años actuó en una película llamada Pretty Baby, en la que interpretó a una prostituta; la película incluye una escena en la que la actriz aparece desnuda. La escena ha sido retirada de la mayoría de las copias. A los 15 salió semidesnuda en la Laguna Azul y luego escandalizó a la sociedad al atribuírsele en un anuncio de Calvin Klein la siguiente frase: "¿Quieres saber que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada”. El valor de la empresa aumentó 300% en 90 días.

 

La publicación por Princeton Architectural Digest en los Estados Unidos del libro Finding Frida Kahlo, escrito por Barbara Levine, en noviembre, ha suscitado un pleito legal en México.

El libro referido versa sobre un catálogo de más de 1,200 artículos propiedad del anticuario regiomontano Carlos Noyola y en él la autora explica que si bien no se ha comprobado la autenticidad de esos artículos, bien vale la pena escribir sobre ellos porque ofrece un álbum del intacto mundo de Frida Kahlo y como percibía su lugar en él. La autora fue directora del Museo de Arte Moderno de San Francisco.

Los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron el triunfo de Demetrio Sodi en la elección del pasado 5 de julio de 2009, echando abajo la resolución en la que el Tribunal Electoral del Distrito Federal había anulado la elección por haberse excedido el candidato del PAN en los topes de campaña.

La controversia se centra en una entrevista que le hicieron al candidato panista durante un partido de fútbol.

En su momento, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió que no se trataba de una conducta sancionable conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto fue ratificado por el Tribunal Federal Electoral en una sentencia del 3 de septiembre, agregando que aunque se trata de un acto de propaganda electoral, éste se halla inmerso en una entrevista, y que tal acto “… no se encuentra prohibido ni restringido en manera alguna por las normas….”

Además, el TRIFE señaló que de los medios probatorios no se desprendía que hubiese existido un acuerdo previo entre las partes y tampoco se probó que “…se tratara de un acto de simulación preparado entre el candidato y la televisora, con el propósito exclusivo y deliberado de eludir la prohibición constitucional de adquirir tiempos en radio y televisión.”

Sin embargó, el Tribunal Electoral del Distrito Federal consideró que si había existido simulación y por consecuencia le dio valor a la entrevista, anulando la elección por excederse el candidato del PAN  en los gastos de campaña. Esta sentencia se aprobó con tres votos a favor y dos en contra.

Lógicamente, en el ámbito de su competencia, el Tribunal Federal revocó esta resolución puesto que era contraria a su decisión que ya era cosa juzgada: no se probó la contratación o adquisición del espacio o la simulación de estos actos, por lo que ese acto no existió y no se puede cuantificar.

Seguramente se dirá mucho a favor o en contra de la resolución del TRIFE, pero esta es la verdad legal, independientemente de otros juicios de valor.

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En esta época de crisis, en la que las economías familiares se han visto afectadas y con un panorama aun más desalentador para el próximo año, existen iniciativas que pueden venir a paliar los efectos de esta crisis.

Tal es el caso de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, aprobada el pasado 30 de abril de 2009 en la Cámara de Senadores y que fue impulsada por la Senadora María de los Ángeles Moreno.

De aprobarse esta ley en la Cámara de Diputados y ser ratificada por el Ejecutivo, los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en la ley o mediante combinaciones, es decir establecer comedores o convenios con restaurantes u otros establecimientos en donde se consuman directamente alimentos o la aplicación de vales de despensa.

 

El caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena acusada del secuestro de seis agentes de la AFI, y que ya fue puesta en libertad, sigue dando de que hablar.

El pasado martes la Procuraduría General de la República entregó a la Cámara de Diputados, un informe respecto a este caso.

En el documento, Jorge Alberto Lara Rivera, Director General de Normatividad de la dependencia, dice que los nuevos elementos con que contaron, “…permiten concluir, a favor de la citada procesada, se aplique la figura jurídica de la "duda razonable", consistente en que si de las pruebas existentes se advierte una duda, por mínima que sea, respecto a la responsabilidad penal del reo, debe absolverse… De ahí que opere el principio de indubio pro reo, pero esto de ninguna manera significa que se haya demostrado … la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos… (y) esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos (sic)”

Para poder entender la dimensión de los disparates es necesario aclarar algunos conceptos.

La figura jurídica de la “duda razonable” o “indubio pro reo”, es un principio general de derecho que se encuentra incluido específicamente en los códigos de procedimientos penales de los distintos estados de la República, como son el Distrito Federal, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Nuevo León, Chiapas, Estado de México, que establecen en general que en caso de duda, debe absolverse al acusado. En el Código de Procedimientos Penales no existe una disposición específica al respecto.

La “duda razonable” se relaciona con el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, principio que se encuentra incluido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 19 de junio de 2008 y que a la letra dice “…Derechos de toda persona imputada: a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”

Pero no es suficiente que el Juez dicte sentencia, sino que ésta debe ser firme, es decir, que ya no admita recurso alguno y teniendo efectos de cosa juzgada. Hasta entonces una persona puede ser considerada responsable de un delito.

Y aunque el principio se incluyó en la Constitución en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo con anterioridad que “…de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional…”

Y continúa diciendo el criterio de la Corte “…el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria.”

De lo anterior se advierte que Lara Rivera se equivoca al considerar que es al ministerio público a quien le corresponde valorar las pruebas. Esta es una actividad exclusiva del juez. Y se equivoca también al afirmar que se debió haber demostrado la inocencia de la Sra. Francisco.

Por el contrario, el ministerio público no acreditó en el expediente el delito de secuestro y la probable responsabilidad de Jacinta. Por eso se vieron obligados a presentar conclusiones no acusatorias.

Finalmente, la consecuencia de estas conclusiones no acusatorias es que el juez emite un auto de sobreseimiento, es decir cesa o desiste del proceso judicial.

Este auto de sobreseimiento tiene como primer efecto que el acusado es dejado en libertad; el segundo es que surte los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.

Una sentencia absolutoria resuelve en definitiva la no responsabilidad penal del acusado respecto de los delitos que se imputan; es decir, se declara la inocencia del acusado en el delito que se le imputó y por el cual se instruyó en su contra el proceso penal respectivo, y al ser cosa juzgada, ya no puede ser modificada.

Por ello ya no puede ejercitarse nueva acción penal por los mismos hechos y el mismo delito, ya que con se estaría violando la segunda garantía individual que consagra el artículo 23 constitucional, que expresamente ordena: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito".

Una vez más, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y la Constitución, Jacinta Francisco Marcial es inocente en relación con el delito de secuestro del cual se le acusaba y Lara Rivera se equivoca.

Si al declarar Lara Rivera que no se eliminaron las incriminaciones en contra de Jacinta respecto delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos, se refiere a los delitos en contra de los derechos de autor o “piratería”, la Sra. Francisco Marcial, constitucionalmente es inocente hasta que no se pruebe su responsabilidad. Por lo que por tercera vez Lara Rivera se equivoca.

El ministerio público debería tener perfectamente claro cuales son los alcances de la presunción de inocencia antes de exhibir a la institución que representa.

Mientras en nuestro país hablan con ligereza sobre la responsabilidad de una persona, e incluso, en ocasiones se le exhibe como culpable de los delitos que se le imputan, en Francia el ex primer ministro francés Dominique de Villepin anunció que va a demandar al presidente Nicolas Sarkozy porque ha cuestionado su presunción de inocencia, al hablar de los "culpables" en el juicio por el escándalo Clearstream.

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