El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer cifras relacionadas con el sentido de las sentencias emitidas por juzgados federales en torno del delito de secuestro, en los años de 2007, 2008 y 2009, llegando a la conclusión que el 91. 56 por ciento de los casos de secuestro han resultado en sentencias condenatorias.

 

El pasado mes de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo promovido por Martha Sahagún en contra de la sentencia que exoneró a la revista Proceso del pago de indemnización por haber lastimado el derecho al honor y a la intimidad de la demandante y en ese sentido se disminuyó el monto de la indemnización que debía pagar la periodista Olga Wornat a la esposa de Vicente Fox.

 

Contra esa sentencia Olga Wornat se amparó porque considera que al condenarla a pagar una indemnización a Sahagún por un artículo que publicó, se viola su derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de imprenta y los principios de seguridad y legalidad jurídica.

 

El 2 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como procedentes los autos en los que se admitieron los amparos promovidos por distintas empresas de comunicación en contra de las reformas constitucionales en materia electoral por vicios en el proceso legislativo, por lo que declaró sin fundamento  dos quejas presentadas por el IFE respecto de estas admisiones.

 

El instituto estimaba en esas quejas que la admisión de los recursos de amparo por parte de dos jueces federales, uno en Guerrero y otro en Nayarit, eran improcedentes. Sin analizar el fondo del amparo ni aceptarlo o negarlo, la Corte determinó que los recursos de queja del IFE eran infundados porque no hay ninguna causa de notoria improcedencia para no admitir los amparos.

 

Debido al gran descontento de la ciudadanía con los partidos políticos, la selección de sus candidatos y la falta de propuestas serias, se ha estado planteando por diversos grupos y organización civiles sin fines partidistas, la anulación del voto en las próximas elecciones del 5 de julio.

La anulación del voto es un medio de protesta social, que si bien no está ampliamente regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) no tiene los mismos efectos políticos que el abstencionismo, es decir, el no asistir a la casilla.

De acuerdo con el COFIPE, en su artículo 274, es un voto nulo:

“a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.”

Estos votos nulos se contabilizan al final de la elección, al igual que las boletas sobrantes que son de las personas que dejaron de ir a votar y por lo tanto no se utilizaron. Pero sus efectos jurídicos son diferentes, al menos de primera instancia.

Lo anterior porque cuando el paquete electoral de una casilla determinada llega al Consejo Distrital y resulta que hay más votos nulos que la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar de la votación, dicho Consejo deberá abrir el paquete electoral y volver a realizar el escrutinio y cómputo de los votos. Esto según la fracción II del inciso d) del artículo 295 del mismo COFIPE y es una regla que se aplica en las elecciones de diputados, senadores y presidente.

Desafortunadamente los legisladores no previeron lo que sucedería legalmente si resultara que después del conteo del Consejo Distrital, la cantidad de votos nulos permaneciera inalterada, es decir, que existan más votos nulos que diferencia de votos entre el candidato en primer lugar y el del segundo lugar. O incluso, que existiera una mayor cantidad de votos nulos que votos a favor de algún candidato.

Pero aunque legalmente no haya nada previsto, por el momento, políticamente no es lo mismo haber obtenido una victoria frente a otro candidato de otro partido político que frente a la manifestación social de estar en contra de esa victoria. Eso habla de una ciudadanía más madura y lista para ejercer una verdadera presión para que los diputados, en el caso de estas elecciones, trabajen en función de México y no en beneficio propio.

Y está ahí la radical diferencia con el abstencionismo que solo habla de una ciudadanía apática a quien no le interesa quien la represente y como tal no vigilará la actuación de sus gobernantes y representantes.

Por ello lo importante es acudir este 5 de julio a votar. No se trata de anular el voto por anularlo ya que si tienes un candidato en el que crees, vota por él. Pero si no estás de acuerdo con ninguno y con ningún partido político, es mejor anular el voto que dejar de votar.

Será interesante ver la reacción de la clase política frente a una ciudadanía exigente y demandante que ya no está dispuesta a quedarse callada.

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José Luis González González, quien fuera propietario y director general de la empresa PubliXII dedicada a vender automóviles a precios más bajos que los del mercado, a condición de que se portaran durante tres años anuncios publicitarios, y quien fue detenido en Jalisco en noviembre pasado, fue sentenciado en el primer proceso que se lleva en su cotra a 40 años de prisión por fraude genérico cometido contra 28 personas.

 

El juez lo condenó asimismo al pago de $139.680 pesos por concepto de multas y &1, 053,000 pesos de reparación de daño a los 28 defraudados.

Esta, sin embargo, es la primera sentencia que se dicta contra Gonzáles. Ya en noviembre pasado en que se dio su captura, reportábamos que se segurián varios procesos en su contra debido al número de personas que fueron defraudadas por su empresa.

 

Relacionado con este fraude ya se han condenado a otras cuatro personas, entre quienes se cuenta el socio de González, Nelson Lozada Garay, condenado a 617 años, 6 meses y 16 días de prisión.

 

Fuente Noticias MSN

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En el Código Penal Federal existe un capítulo denominado Delitos de Ultrajes a la Nación y en su artículo 191 establece que a quien "ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez”.

 

Este es el delito que hace ocho años cometió un poeta de Campeche al publicar en una revista local un poema denominado La patria entre mierda en donde al hacer alusión a la bandera nacional, ofendió a una asociación civil que lo denunció ante la Secretaría de Gobernación.

 

Sergio Witz, el poeta, fue sancionado con multa de $50.00 pesos, que aunque la cantidad es irrisoria, la sentencia pretendía sentar un precedente para desmotivar el uso de los signos patrios de manera ofensiva. Pero este hecho dio ocasión a Witz para defender lo relativo a su libertad de expresión, ya que aunque expresó que su poema no es bueno y ni siquiera le gusta, es su derecho de expresar sus sentimientos.

 

 

Con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el 29 de mayo, se crean nuevos organismos y se asignan nuevas facultades tanto al Procurador, subprocuradores, ministerios públicos y policías ministeriales, entre otros.

Bajo la nueva legislación los auxiliares directos del Ministerio Público son los oficiales ministeriales, la Policía Federal Ministerial, la policía federal y los servicios periciales. Anteriormente los auxiliares eran la policía federal investigadora y los servicios periciales e indirectamente auxiliaba la Policía Federal Preventiva.

La Policía Federal Ministerial sustituye a la Policía Federal Investigadora, conocida cotidianamente como AFI y a los actuales agentes se les concede un período de 30 días para que declaren si desean seguir en funciones, ahora como policías ministeriales, ser reubicados en la administración pública federal o sujetarse a un plan de conclusión definitiva de servicios. De continuar prestando servicios, deberán someterse a los controles de confianza y sujetarse a las condiciones del servicio civil de carrera que se llama en la ley de competencias profesionales, al igual que lo deberán hacer los ministerios públicos en lo particular y en lo general todo servidor público de la PGR.

Por lo que respecta a la Policía Federal, al momento de escribir este artículo no se ha publicado en el Diario oficial de la Federación la Ley de la Policía Federal que creemos va a sustituir a la Policía Federal Preventiva (PFP). Por tanto, desconocemos sus atribuciones aunque se deja claro que ahora actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de delitos.

Ahora bien, se crea la figura de los oficiales ministeriales, quienes no requieren ser licenciados en Derecho como los ministerios públicos y en materia de estudios solo deben acreditar haber concluido la educación media superior o su equivalente. Pero sus funciones no están establecidas en esta ley, y se deja su regulación al reglamento de la ley y a los acuerdos emitidos por el Procurador General de la República, por lo que, al menos para nosotros, sus funciones permanecen como misterio.

Con la nueva ley, más la que falta de publicar, se dan nuevos nombres a las policías a los que tendremos que acostumbrarnos. Esperemos que no sea solo un cambio de nombre sino que verdaderamente se trate de cambios sustanciales. Aunque lo mismo nos dijeron en el 2001 cuando se creó a la AFI o en 1999 con la PFP.

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El pasado miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo por el cual se hace un llamado al Ejecutivo Federal para que se publiquen diferentes leyes que fueron aprobadas por el Congreso en el pasado período de sesiones ordinarias que concluyó el 30 de abril.

 

A partir de la cobertura que ciertos medios le dieron al caso de Jacinta, la mujer que fue condenada a 21 años por secuestro de agentes de la AFI, el Consejo de la Judicatura Federal ha estado publicando comunicados con las actuaciones relativas a la reposición del caso con la finalidad de hacerlas transparentes.

 

El lunes pasado se efectuó el careo de Jacinta con una testigo del caso. De acuerdo con el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, en la diligencia estuvo presente un perito traductor de nombre Zeferino Esteban Ventura, cuya intervención no fue necesaria pues la acusada respondió en fluido castellano.

 

Sin embargo los medios reportan que el día 26 no hubo perito traductor con lo que acusan que se siguen violando los derechos de esta mujer otomí. El CJF, al momento de escribir esta nota, no había publicado comunicado alguno al respecto, por lo que desconocemos si en efecto no hubo perito traductor o si no fue requerido por la comprensión del idioma de la acusada.