En Tlaxcala hay un pleito entre el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, y el Congreso local.

Todo inició cuando el Congreso, en octubre de 2007, decidió no ratificar en sus cargos a siete magistrados. Los Magistrados decidieron promover una controversia constitucional en contra del Congreso local ante la Suprema Corte de Justicia, pero esto no dio los resultados esperados, ya que en el proyecto elaborado por la Corte, ésta ratificaba los resultados del procedimiento de evaluación de los mencionados Magistrados y concluía que ninguno de los juzgadores cumplía con los requerimientos para ser ratificado.

 

En Chihuahua esta frase se aplica como anillo al dedo en el caso de Carmela Aguirre Moreno. 

El ministerio público federal y el juez actuaron con gran celeridad, ya que la denuncia se presentó el 3 de septiembre y en menos de dos días esta persona ya había sido consignada, tomando en cuenta que el poblado donde se encontraba esta a un día de camino de la cabecera municipal. Además, se espera que en dos semanas se tenga lista la sentencia correspondiente.

 

El pasado 5 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los recursos de revisión interpuestos por las viudas de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

 

Hasta este momento, toda la atención ha estado sobre los servidores públicos que fallecieron en el accidente aéreo del Lear Jet, pero nadie se ha preocupado por la situación de los civiles que también se vieron afectados. Sin embargo, ellos están protegidos por la Ley.

 

¿Recuerdan este caso? Publi XIII era una empresa fundada en el 2000, que se dedicaba a vender automóviles a precios más bajos que los del mercado, a condición de que portaran durante tres años anuncios publicitarios. Las personas realizaban pagos que iban de 20 a 30 mil pesos para recibir su vehículo, pero el problema empezó cuando a pesar del pago los coches no se entregaban y la empresa se declaró en quiebra en 2003.

 

Desde entonces se han procesado a cuatro personas por el delito de fraude genérico, es decir, la autoridad judicial consideró que estas personas habían obtenido un lucro indebido por medio del engaño o aprovechando el error en que sus clientes se encontraban.

 

 

Al tener distintos procesos en su contra, se acumularon las penas, sumando en algunos casos más de 100 años de cárcel. Uno de ellos fue inclusive condenado a 617 años, 6 meses y 16 días de prisión, ya que en cada proceso se aplicaron sentencias diferentes. Sin embargo, de conformidad con el Código Penal para el Distrito Federal, la prisión que se aplicará a estas personas no podrá ser mayor de setenta años.

 

El caso vuelve a adquirir notoriedad ya que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, capturó a José Luis González González, propietario de la empresa Publi XIII, y autor intelectual de estos delitos, en ejercicio de 202 órdenes de aprehensión que pesaban sobre esta persona de parte de distintos jueces y estados. 

Ahora deberá ser sujeto a proceso, el cual será bastante largo en virtud de la cantidad de juicios abiertos en su contra.

Fuente El Universal

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