¿Recuerdas el caso de los cazatesoros y su pleito con España al cual trató de integrarse Perú? Pues resulta que la empresa Odyssey Marine Exploration también tiene interés en realizar exploraciones en aguas territoriales mexicanas.

 

Ya hizo dos solicitudes, una en 2007 y otra en 2008. La primera de ellas aparentemente se le negó, ya que ha trascendido que está pendiente la resolución de un juicio de nulidad al respecto. La otra solicitud aun se encuentra en proceso de análisis.

 

En este caso, la legislación no presenta un marco jurídico claro. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas dice que son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Arqueológicos, por tanto, son todos los vestigios que datan del período anterior a la Conquista.

 

Hasta el momento no se conoce que exista una declaratoria respecto de los barcos hundidos en mar territorial ya que la ley, sólo regula como monumentos históricos las obras arquitectónicas de los siglos XVI al XIX inclusive, las cosas que se encuentren dentro de los mismos y los documentos, pero no hace referencia directa a los naufragios.

 

Esperemos que nuestras autoridades aprendan en cabeza ajena y eviten los problemas que esta teniendo España con esta empresa.

 

Fuente El Universal.
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Hace unos días se aprobó en el Estado de Sonora la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones.

 

Esta nueva disposición establece la facultad e las Secretarías de Salud y de Educación y Cultura para implementar en las escuelas de nivel básico y medio superior programas de de Pruebas al Azar de Consumo de Drogas, “…como una medida preventiva, no punitiva, confidencial y destinada a disuadir el uso de drogas entre los estudiantes…” contemplando la participación de los padres de familia, quienes autorizan o no la elaboración de los exámenes en sus hijos, para la prevención, detección oportuna y seguimiento de las adicciones, en su caso.

 

Ante las opiniones en contra las autoridades señalan que no se trata de una medida persecutoria o que criminaliza a los estudiantes,  sino que busca prevenir las adicciones, siempre con la autorización y apoyo de los padres de familia.

 

Fuente El Universal

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El pasado tres de febrero se hizo público el proyecto de dictamen elaborado por el ministro de la Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales, cuando se suscitaron los penosos hechos de Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006.

Se trata de un documento de 929 páginas en el que se analizan al detalle los hechos, las consecuencias, la forma en que se desempeñaron las autoridades policíacas y el marco legal del mismo, así como de los derechos humanos violentados.

Dentro del documento se destaca que en ninguno momento la instrucción de la policía haya sido agredir a los ciudadanos de Texcoco y Atenco, sino que fue consecuencia del desarrollo de los mismos hechos, que provocaron que la situación saliera de control.

Lo más grave que destaca este documento es que los hechos de Texcoco y Atenco también se debieron a la impericia y falta de profesionalismo de los cuerpos policíacos y sobretodo a su falta de capacitación. Por ejemplo, se destaca el hecho de los elementos de la policía no sabían del manejo de las bombas lacrimógenas, las cuales fueron, por ignorancia, arrojadas hacia las personas en lugares cerrados, y no hacia arriba en lugares abiertos, como debe ser.

Esta impericia y falta de profesionalismo es una constante en general en todas las policías del país, como ejemplo más reciente tenemos el caso de la discoteca News Divine. A este respecto, la semana pasada los medios de comunicación criticaron severamente al poder judicial por haber dejado libres bajo fianza a los policías acusados del homicidio de los jóvenes, ya que cambió el tipo del delito de homicidio doloso a culposo. Pero se trata ésta de una decisión acertada toda vez que los policías no tenían la intención de matar a nadie, sino que por su impericia, se llegó a ese lamentable resultado. Cabe señalar además, que el hecho de que estén libres bajo fianza no es indicativo de que se hayan declarado no culpables, ya que siguen sujetos a proceso.

Respecto del documento de la Corte, los medios de comunicación han solicitado que se den a conocer a los culpables de los hechos, pero la Corte solo tiene facultad de investigación los hechos en los que se supone que existió una grave violación a las garantías individuales y no de señalar culpables.

En el caso de Atenco la conclusión de la Corte es que el marco legal que existe actualmente es insuficiente ya que no se regula el margen de actuación de la fuerza pública.

Fuente La Jornada

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La Suprema Corte de Justicia esta analizando diversos amparos promovidos por los abogados de menores infractores que fueron procesados, sancionados e internados en lo que era el Consejo Tutelar ubicado el Distrito Federal, la razón: dicho Consejo Tutelar carecía de facultades para sancionar, administrativa y penalmente a los menores a partir del 12 de marzo de 2006, fecha en que entró en vigor la reforma al artículo 18 constitucional que ordenó crear un sistema especial para juzgar a adolescentes. 

 

Este sistema fue creado hasta el 6 de octubre de 2008, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal le transfirió el control al Distrito Federal, y éste comenzó a operar un nuevo esquema con ministerios públicos y jueces para adolescentes.

 

Los medios de comunicación parecen estar culpando a la Corte de este hecho, pero esto es consecuencia de la negligencia con que han actuado tanto las autoridades del Distrito Federal como las autoridades federales en el tema. Incluso, ha existido negligencia por parte del poder legislativo que después de casi tres años, no han sido capaces de aprobar la legislación que regule el sistema de justicia para los adolescentes, en caso de delitos federales.

 

Fuente El Universal

 

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El diputado Mónico Castillo, del Partido del Trabajo, propuso al Congreso del Estado de Sonora modificar la Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Estado de Sonora, para prohibir la venta de cerveza fría y evitar así que se aliente su consumo.

 

Además, pretende que los expendios de cerveza abran de 14:00 a 21:00 horas,  para que se reduzca el período que tiene la gente para comprar la cerveza.

 

Por su parte, el alcalde de Hermosillo,  Raymundo García de León quiere proponer al cabildo de su municipio incrementar la multa que se aplica en los casos de conducción punible de vehículos a no menos de 25 mil pesos.

 

Lo anterior como consecuencia del accidente donde un joven perdió la vida al ser arrollado por una persona que conducía en estado de ebriedad y que se dio a la fuga.

 

La cerveza es la principal bebida alcohólica que se vende en Sonora. 

¿Qué es más conveniente, regular el consumo, o castigar el abuso?

Fuente: El Universal 

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El pasado 11 de enero tres personas, Roberto Conde Díaz, José Pablo Mejenes Jasso y Wuanda I. Aguilar, de nacionalidad estadounidense, dañaron con una mezcla de jugo de uva, aceite y sal, 23 piezas arqueológicas del Parque Museo “La Venta”, en Tabasco.

 

De acuerdo con los cálculos realizados por el INAH la reparación de los monumentos costará 300 mil pesos.

 

Sin embargo, a estas personas se les dejó en libertad bajo caución, toda vez que este no es un delito grave, aunque valga la pena aclarar que continúan sujetos a proceso.

 

A consecuencia de este incidente, en el Congreso de la Unión ya se prepara una reforma  a los artículos 52 a 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, para establecer a este delito de dañar monumentos arqueológicos una pena 5 a 15 años de prisión y un aumento sustancial de la multa según el daño cometido.

 

Lástima que mientras tanto estas personas recibirán una sanción mínima por dañar el patrimonio de la nación.

 

Fuente Tabasco Hoy 
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La Corte Internacional de Justicia acaba de determinar que Estados Unidos incumplió la orden de no ejecutar mexicanos mientras se revisaba el caso de los 51 mexicanos condenados a la pena de muerte.

 

México solicitó la revisión de estos casos porque a los acusados no se les permitió la asistencia consular que es un derecho que se establece en la Convención de Viena. Esta revisión la solicitó ante el mismo tribunal de La Haya en el 2004 y el tribunal resolvió la detención de las ejecuciones y la revisión de los casos. Pero solo tres semanas después de la emisión de esta orden, se efectuó la condena de José Medellín en el estado de Texas lo que dio pie a que México solicitará a la Corte Internacional de Justicia la revisión de su primer dictamen.

 

El estado de Texas alega que no existe ningún poder vinculante con las decisiones de la ONU ni de la Corte Internacional de Justicia y de ahí que no violó ninguna disposición legal. Resulta que de acuerdo con el derecho interno, los acuerdos internacionales firmados por ese país solo son vinculantes con el poder ejecutivo federal, por lo que las autoridades judiciales de Texas no están obligadas ni con la ONU ni con México a la revisión de casos ni a la detención de las ejecuciones.

 

Fuente BBC News 
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Esta era una de las disposiciones previstas en el nuevo Bando de Policía y Buen Gobierno aprobado por el Ayuntamiento de Guanajuato.

 

Pero también incluye sanciones por comprar a ambulantes no autorizados, decir malas palabras, regañar en la calle, o contra cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las mismas por aceras, plazas u otros espacios públicos, es decir las manifestaciones.

 

Por supuesto que esta norma ya entró a la congeladora por la polémica que causó, y seguramente será modificada, aunque tenía disposiciones que parecen adecuadas, como multar por no hacer uso de los puentes peatonales. El problema está cuando se cae en el extremo y se trata de regular la vida privada de las personas.

 

Fuente: Correo, El Diario del Estado de Guanajuato

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo a la persona que estaba buscando hacer constar su cambio de sexo en una nueva acta de nacimiento.

 

De acuerdo con la legislación vigente en el Distrito Federal, en el caso de cambio de sexo no se expide una nueva acta de nacimiento, sino que se hace la corrección en la misma con anotación marginal, lo que pone en evidencia que esa persona ha sufrido una operación de cambio de sexo.

 

Sin embargo la Corte, con esta decisión ha determinado que a fin de proteger los principios de no discriminación y de protección a la dignidad humana, se expida en este caso una nueva acta de nacimiento.

 

Cabe señalar que esta decisión solo beneficia a esta persona y no se aplica de manera general para cualquier caso presente o futuro.

 

En Argentina se otorgó este derecho en septiembre a una persona que decidió hacer su vida con un sexo diferente al de su nacimiento, aunque en ese caso no hubo operación de por medio.

 

Fuente El Porvenir.com

 

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