María del Refugio García Ramos y su esposo José Durán llevan gobernando el municipio de Pueblo Nuevo en el Estado de Guanajuato, durante doce años.

La historia empezó en 1994, año en el que José Durán Gonzaléz tomó por primera vez el poder como alcalde de Pueblo Nuevo,  y su esposa María del Refugio, ocupó la primera regiduría.

En 1997 es electa alcaldesa María del Refugio y su cuñado Antonio Durán González, es primer regidor. José fungió como Director Social y Rural del municipio.

En 2000, regresa José Durán y en esta ocasión, su cuñado, Fernando García Ramos, es primer regidor. Su prima hermana Lucila Castro Durán es Contralora y otra prima, Georgina Castro Durán, es presidenta del Consejo Municipal Electoral en Pueblo Nuevo.

En el 2003, gana las elecciones otra persona, Leonardo Solórzano Villanueva, pero en 2006 José Durán González, regresa con su familia al palacio municipal. Es de destacar que su contrincante fue….Larissa Solórzano Villanueva.

Este  2009 se postuló María del Refugio y después de un conflicto post-electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato le dió el triunfo en perjuicio de…. Leonardo Solórzano Villanueva, quien no se quiere quedar atrás.

Estas personas han llevado al extremo el principio previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “… Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.”, porque así lo han decidido los partidos y los electores.

Fuente: Milenio Leon

www.miabogadoenlinea.net

La Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mantiene el registro del número de casos presentados por materias en tribunales federales y el sentido de las resoluciones y nos ha parecido interesante dar a conocer algo de esta información.

 

En materia penal federal, el concentrado de información del 2008 en Juzgados de Distrito totaliza las denuncias presentadas en todo el país en 31,938, de cuyos procesos resultaron sentencias condenatorias 21,647 que representa el 67.78% del total de denuncias. Las sentencias absolutorias representaron ese año el 6.75%, siendo un total de 2,156.

 

El estado que recibió mayor número de denuncias fue Baja California con 3,638, seguido del Distrito Federal con 3,215. El que menos denuncias recibió fue Aguascalientes con 37 de las cuales 20 fueron condenatorias.

 

En el marco de la ceremonia de festoejo del 150 aniversario de la expedición de las Leyes de reforma, el Presidente Felipe Calderón anunció y se comprometió a que durante su gobierno sería expedida la Cédula de Identidad Ciudadana como un documento que será “garantía legal y práctica de la identidad y personalidad jurídica”, expresó.

La expedición de este documento no es una idea nueva. De hecho ha sido un proyecto recurrente en sexenios anteriores que por alguna razón que desconocemos no ha llegado a la práctica.

La Ley General de Población en el artículo 86 señala que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Este registro de población se refiere a todo mexicano, ciudadano o no con lo que se incluye a los menores de edad y el registro de los extranjeros en México en el catálogo de extranjeros. Con ello se distingue tres tipos de registro: el de menores, el de ciudadanos y el de extranjeros.

El  22 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional que facultan al Procurador General de Justicia Militar para representar al Ejecutivo Federal en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Suprema Corte, ampliando aquellas que se refieren al juicio de amparo.

 

Como todo lo relativo al Ejército en general, este tema se ha prestado a controversia y declaraciones descalificando esta reforma.

 

Para algunos, como Pablo Gómez, Senador de la República,  implica una violación a la Constitución por que la misma concede esta facultad a la Consejería Jurídica de la Federación, afirmación alejada de la realidad, o que el ejecutivo no puede asignar funciones a las dependencias.

 

Otros, como el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Alfonso Suárez del Real, señalan que se otorga una facultad extraordinaria al fuero militar e implica un deslinde por parte del Presidente como comandante de las fuerzas armadas, para asumir los costos que implica su actuación en materia de seguridad interior.

 

En una conferencia ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la pobreza será un obstáculo para que los países en desarrollo puedan tener acceso a la futura vacuna contra la influenza humana debido a la imposibilidad de pagar las vacunas y consideró que un obstáculo adicional son las disposiciones en materia de propiedad intelectual y patentes.

 

El Mercosur,  por su parte, en su próxima conferencia se prepara para solicitar a la Organización Mundial de la Salud su intermediación para garantizar el acceso a las vacunas, a los reactivos y a los antivirales para los países en vías de desarrollo.

 

Se señala que en la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial de la Salud se propuso declarar a la vacuna contra la Influenza A/H1N1 como “Bien Público Universal”.

 

En nuestro país la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 77, que por causas de emergencia o seguridad nacional,  incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual podrá  declarar que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

 

Será interesante ver si una vez que se desarrolle la vacuna y se registre en nuestro país la patente, el Gobierno Mexicano hace válida esta disposición.

 

miabogadoenlinea.net

Durante las pasadas campañas políticas, muchos candidatos de diferentes partidos políticos anunciaron como promesas de campaña la reducción de los sueldos de los altos funcionarios. Y se trata de una promesa populista que seguramente a algunos les habrá ganado votos.

 

Sin embargo la nueva legislatura de la Cámara de Diputados no será la que se encargue de impulsar esta propuesta toda vez que se trata de un decreto que al modificar los artículos 75, 115, 116, 122,123 y 127 de la Constitución, establecen que ningún funcionario público podrá percibir un sueldo mayor que el Presidente de la república. A esta iniciativa de reforma se le ha conocido como ley de los salarios máximos aunque no se trata formalmente de una ley.

 

Como se trata de reformas constitucionales el decreto fue enviado a las legislaturas de los estados para que lo votara y en su caso aprobaran y el miércoles pasado la Comisión Permanente recibió la notificación de que ya habían recibido la aprobación de 17 legislaturas estatales.

 

Los estados que aprobaron las reformas son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luís Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

 

Al haberse obtenido los votos necesarios para las reformas a los mencionados artículos constitucionales, el presidente de la Comisión Permanente, el senador Gustavo Madero Muñoz declaró aprobado el decreto y solicitó que fuera enviado al Presidente para seguir el proceso legislativo.

 

En la sesión el senador Francisco Arroyo solicitó que el decreto se enviara directamente al Diario Oficial de la Federación para ordenar su publicación aduciendo que el presidente no puede vetar este decreto. Sin embargo, al depender el Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación y ésta ser parte del ejecutivo, no hay motivo para que el decreto no pase por el Presidente y sea él quien ordene su publicación.

 

Fuente Comisión Permanente

miabogadoenlinea.net

El ex presidente Vicente Fox, vuelve a estar en los medios, para su satisfacción, por la construcción de un hotel en los terrenos que ocupa la hacienda San Cristóbal.

 

En la ex Hacienda San Cristóbal se construyó el llamado “Centro Fox” que aloja un centro de estudios, biblioteca y museo y además incluye réplicas de la Oficina Presidencial y de la Sala de Gabinete.

 

Su misión es el contribuir al fomento de liderazgos en base a valores sociales a través de una plataforma que promueva equidad, para impulsar las ideas y acciones de nuestra gente proyectándola nacional e internacionalmente. 

 

Ahora el “presidente” Fox pretende construir en esa propiedad un hotel de cuatro estrellas. En una primera fase tendrá siete habitaciones, para que finalmente opere con quince, y conectará directamente con el Centro Fox, pues se edifica en el casco de la ex Hacienda San Cristóbal.

 

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal detectó que se edifica sin permisos de construcción, de uso de suelo ni estudios de impacto ambiental, por lo que se podrían hacer acreedores a una multa equivalente al 50% del valor de cada una de las cabañas que se han edificado, aproximadamente 250 mil pesos. El Centro Fox señala que sólo “se ha iniciado la remodelación de los cuartos originales, para dar servicio a los visitantes”.

 

Sin embargo, el alcalde de San Francisco del Rincón, municipio en donde se encuentra el rancho, descartó que se vaya a multar al ex presidente Vicente Fox, “para ser justos o parejos”.

 

Ahora algunos medios señalan que el ex presidente podría ser condenado a diez años de cárcel por la construcción de este hotel, ya que la ex hacienda es un monumento histórico y no cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

 

En términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, artículo 36, son monumentos históricos, las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

 

Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos, previa autorización del Instituto correspondiente.

 

A quien dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

 

El casco de la ex Hacienda, data de 1614, por lo que de conformidad con la ley, podría ser considerado monumento histórico. Pero si ya se construyó el centro de estudios, difícilmente negarán la construcción del hotel. ¿Y el respeto a la legalidad y el estado de derecho?

 Fuente El Universal

miabogadoenlinea.net

El Director de Asuntos Jurídicos del DIF del Estado de México declaró que este año se han encontrado menos cantidad de recién nacidos abandonados que en años anteriores como el 2008 en donde se abandonaron 100 bebés.

 

Los niños abandonados cuentan con algunas horas de nacidos y son abandonados en sitios inhóspitos, sin papeles que los vinculen con sus padres biológicos y se cuentan más niñas abandonadas que niños. A ese respecto no explicó si se debe a que el índice de natalidad de niñas es mayor que el de niños o a motivos culturales discriminatorios.

 

Brevemente explica que el proceso legal que sigue al rescate de estos menores es el de registrarlos para que mediante un Acta de Nacimiento se haga constar la existencia de esa persona jurídica, además de asignarle un nombre lo cual es uno de los principales derechos de toda persona. De esta manera se escogen un nombre y apellidos para asentar en el acta.

 

La Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados que inicie el llamado juicio de procedencia con la finalidad de eliminar el fuero del actual diputado por el PRD, Víctor Varela, e iniciar así la acción penal en contra de esta persona por daño en propiedad privada por un monto de $127,000 pesos.

 

El fuero político es una figura que nació con la idea de proteger a ciertos servidores públicos, entre ellos a los legisladores, tanto federales como locales, de ser perseguidos por sus acciones o por sus declaraciones cuando hicieran uso de la voz en la Tribuna, en una época en que podían ser perseguidos políticamente por defender a la naciente democracia mexicana.