El pasado 5 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los recursos de revisión interpuestos por las viudas de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

 

Esta decisión ha causado gran controversia en los medios, en virtud de la trascendencia para las viudas de los mineros.

 

Los familiares de los mineros pretendían que se aumentara en un 25% la indemnización que la empresa les había otorgado, ya que estaba basada en un salario menor al que realmente percibían los trabajadores fallecidos hace dos años. Los mineros muertos en Pasta de Conchos percibían un sueldo de 300 pesos diarios, sin embargo estaban inscritos en el Seguro Social con 80 pesos, sin que hubiesen logrado probar este hecho.

 

Este tema no es materia de la Suprema Corte de Justicia, ya que ésta y sus Salas conocen sobre los recursos de revisión  en amparo contra las sentencias en las que habiéndose impugnado la constitucionalidad de una ley o reglamento federal o local, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.

 

Es por esto que los ministros declararon improcedente el recurso de revisión, ya que, no se encuentra planteada la inconstitucionalidad o la interpretación de un artículo de la Constitución Federal y únicamente hacen valer cuestiones de legalidad sobre el alcance y valoración de las pruebas de los juicios.

 

Los ministros subrayaron que para la procedencia de los recursos era necesario que desde la demanda de amparo se hubiera impugnado la inconstitucionalidad de un precepto legal; la interpretación de un artículo de la Carta Magna, o en su caso, que el tribunal colegiado, en su sentencia, hubiera realizado tal interpretación, cuestión que no sucedió.

 

En todo caso, más bien pareciera que esto fue un error por parte de la defensa de los familiares de los mineros fallecidos, que en este caso era llevada por la Procuraduría Federal del Trabajo.

 

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Hasta este momento, toda la atención ha estado sobre los servidores públicos que fallecieron en el accidente aéreo del Lear Jet, pero nadie se ha preocupado por la situación de los civiles que también se vieron afectados. Sin embargo, ellos están protegidos por la Ley.

 

La Ley de Aviación Civil establece que todos loa aviones que utilizan es espacio aéreo de la República Mexicana debe de contratar y mantener vigente un seguro que cubra las responsabilidades por los daños a pasajeros, carga, equipaje facturado o a terceros en la operación de las aeronaves.

 

Todas, incluyendo los del Estado, entendiendo por estas las aeronaves de propiedad o uso de la Federación distintas de las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades paraestatales  como es el caso del Jet.

 

Asimismo, el artículo 70 de la citada Ley señala que cuando por la operación de una aeronave, por objetos desprendidos de la misma o por abordaje, se causen daños a personas o cosas que se encuentren en la superficie, nacerá la responsabilidad con sólo establecer la existencia del daño y su causa.

¿Recuerdan este caso? Publi XIII era una empresa fundada en el 2000, que se dedicaba a vender automóviles a precios más bajos que los del mercado, a condición de que portaran durante tres años anuncios publicitarios. Las personas realizaban pagos que iban de 20 a 30 mil pesos para recibir su vehículo, pero el problema empezó cuando a pesar del pago los coches no se entregaban y la empresa se declaró en quiebra en 2003.

 

Desde entonces se han procesado a cuatro personas por el delito de fraude genérico, es decir, la autoridad judicial consideró que estas personas habían obtenido un lucro indebido por medio del engaño o aprovechando el error en que sus clientes se encontraban.

 

Al tener distintos procesos en su contra, se acumularon las penas, sumando en algunos casos más de 100 años de cárcel. Uno de ellos fue inclusive condenado a 617 años, 6 meses y 16 días de prisión, ya que en cada proceso se aplicaron sentencias diferentes. Sin embargo, de conformidad con el Código Penal para el Distrito Federal, la prisión que se aplicará a estas personas no podrá ser mayor de setenta años.

 

El caso vuelve a adquirir notoriedad ya que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, capturó a José Luis González González, propietario de la empresa Publi XIII, y autor intelectual de estos delitos, en ejercicio de 202 órdenes de aprehensión que pesaban sobre esta persona de parte de distintos jueces y estados.

 

Ahora deberá ser sujeto a proceso, el cual será bastante largo en virtud de la cantidad de juicios abiertos en su contra.

Fuente El Universal

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