En este sitio hemos insistido sobre la importancia del respeto al estado de derecho y la legalidad, característica que desafortunadamente no se presenta muy seguido en nuestro país.

 

Un ejemplo más es el de un reciente dictamen que recibió el Congreso del Estado de Nuevo León de un perito de un tribunal de justicia del estado en el que señala  que la firma que supuestamente estampó el Gobernador del Estado en cinco documentos en que ejerce su derecho de veto de cinco diferente leyes, no corresponde a su puño y letra, es decir, son falsas.

 

En consecuencia, esos documentos son nulos y por tanto, se tendrá como no ejercido el derecho de veto.

 

Otro caso en donde un asunto terminó mal por no cumplir con la legalidad ya que se establece.

 Fuente MNoticias.com.mx 

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Dentro de su frustración, los padres de la mayoría de los 48 niños fallecidos a causa del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, anunciaron que acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que intervenga en las investigaciones del caso.

 

Sin embargo, la Suprema Corte se limitará a definir si existieron violaciones graves a las garantías y a realizar algún tipo de recomendaciones y consideraciones que no son vinculatorias para las autoridades. Quién está llevando a cabo las investigaciones es la Procuraduría General de la República, quien atrajo el caso.

 

¿Cuál es la opción para estos padres?

En decisiones históricas la Suprema Corte de Justicia ha ido eliminando privilegios del poder federal e incluso de partidos políticos y que en derecho estos no tenían.

 

Así, en Aguascalientes echó abajo la Ley de Hacienda del Municipio de San Francisco de los Romo, mediante la cual se pretendía exentar del pago del impuesto predial a los partidos políticos nacionales por adquirir inmuebles para su propio uso.

 

Posteriormente, el 16 de junio, señaló que las oficinas del Servicio de Administración Tributaria no están exentas de pagar los servicios de agua potable y drenaje sanitario ya que conforme a la interpretación del artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, sólo están exentos los bienes inmuebles del dominio público, ya sea de la Federación, Estados o Municipios, del pago del impuesto predial, pero no por lo que hace a la prestación del servicio público de agua potable y drenaje sanitario.

 

 

Esta semana la Procuraduría Federal del Medio Ambiente ha estado muy “activa”. En Cancún clausuró el hotel y marina Maroma Paradise Beach Club and Marina, por la destrucción de tres hectáreas de manglar, la carencia de autorizaciones de impacto ambiental y la explotación de zona federal en su Marina.

 

El mangle es el único árbol que se desarrolla en un medio marino. Es la base de una cadena de alimentación  que comienza desde sus hojas y puede culminar en un pez del tipo de los sábalos de 200 kilos. Por otra parte, el 100% de la producción de camarones en México depende de la existencia del manglar. Tiene el poder de absorber el cromo y el cloruro de sodio utilizados para procesar cuero, así como residuos derivados del petróleo. De la corteza y las hojas del mangle se extrae el tanino, una sustancia de muy diversas aplicaciones: en tratamientos de la diabetes, como sedante y contra las quemaduras y hemorragias, así como para el curtido de pieles y teñido de telas. Su madera se aprovecha para la construcción de durmientes para ferrocarril, pilotes para minería, lanchas, postes para cercas, y carbón. La resistencia de la madera del mangle al agua de mar está ampliamente reconocida por los pescadores, quienes la emplean en la construcción de trampas para el camarón. Debido a que esta madera no es resinosa se utiliza también para ahumar ostión y pescado.

 

El día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a tres leyes del sector financiero: Ley de Instituciones de Crédito, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y cuya finalidad es otorgar mayores facultades y responsabilidades a la CONDUSEF.

 

La CONDUSEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y se trata de un organismo que nació en 1999 con la finalidad de interceder a favor de todos los que utilizamos servicios financieros, mediando los conflictos entre dichas instituciones y los usuarios y regulando algunos aspectos de la actuación de las entidades financieras frente a los particulares.

 

En la última edición de la revista Quién, un magazine de sociales, aparece en la portada y páginas interiores la actriz  Dana Paola, como parte de las “10 niñas más guapas de México”. Ella es protagonista de una telenovela dirigida al público infantil llamada “Atrévete a Soñar”.

 

Esto ha creado una gran reacción en los medios, en donde inclusive algunos hablaban de que a esta niña Televisa le podría retirar su exclusividad.

La controversia ha surgido porque según la revista, esta niña tiene catorce años. En realidad cuando posó tenía 13 años, ya que su fecha de nacimiento es el 23 de junio de 1995.

 

En los comentarios que aparecen en “El Universal” la gran mayoría de los lectores consideran estas fotografías como pornografía infantil. Otros los tachan de puritanos, llegando a comentar que la actividad sexual en nuestra sociedad llega a comenzar a esas edades.

 

Para poder establecer si estamos en presencia de pornografía infantil, tendríamos que analizar lo que establece el Código Penal.

 

Conforme al Código Penal Federal y la mayoría de los códigos penales estatales “…comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos.

 

El caso de Florence Cassez, la mujer francesa detenida, juzgada y sentenciada en México se trata más que de la impartición de justicia, de un caso politizado tanto en Francia como en México.

 

Florence Cassez fue sentenciada en primera instancia a 96 años de prisión, sentencia que se modificó tras una apelación a 60 años por los cargos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tres cargos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

 

Francia, con fundamento en la Convención de Estrasburgo para el Traslado de Personas Condenadas firmado en 1983 entre México y Europa, solicitó el traslado de esta ciudadana francesa para que purgara su sentencia en territorio francés. Sin embargo, el presidente de México anunció que no será trasladad porque no están dadas las condiciones en Francia para que cumpla su sentencia de manera completa. Esto en vista de que Francia se reservó en la firma del documento el derecho de decidir si aplicaba a los reos su propia Constitución y sus leyes.

 

Hay que precisar que este caso no se trata de una extradición porque en esta figura el estado que reclama a la persona la acusa de algún delito o la ha inculpado y la busca para cumplir la sentencia y el caso de Cassez es contrario ya que los delitos los cometió en México, donde fue sentenciada y donde está cumpliendo su sentencia. Para el estado francés esta mujer no ha cometido ningún delito.

 

Como la decisión de no trasladarla no es judicial sino una decisión directa del presidente, es decir, ejecutiva, no se puede hablar de “apelación” término que se aplica a las decisiones del poder judicial. En todo caso corresponde al gobierno de Francia la negociación del traslado siempre que asegure el cumplimiento de la sentencia de manera satisfactoria para el gobierno de México.

 

El abogado de la mujer declaró que tramitará un amparo para exponer la inocencia de su clienta y que en último caso acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son vinculatorias en México, para presentar ante ellos el caso por violación de garantías o derechos humanos. Pero la realidad es que este caso no se trata tanto de la culpabilidad o inocencia de la mujer, quien ha sido plenamente identificada como perpetradora de al menos tres secuestros, sino de la violación del proceso judicial ya que se ha acusado que hubo varias inconsistencias en la actuación procesal. Otro caso de la importancia de cumplir a pie juntillas con las leyes y normas, es decir, con el principio de legalidad.

 

En Francia se ha puesto igual empeño en su liberación como sucedió con Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla, y en México se ha enarbolado como una bandera electoral de la lucha contra el crimen. Y en medio del conflicto diplomático entre ambas naciones estamos los ciudadanos y las víctimas del crimen organizado que queremos que se cumpla el estado de derecho.

 

Fuente El Universal

 

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que demandará por responsabilidad civil al gobierno de Sonora y a los dueños y responsables de la guardería ABC por la tragedia ocurrida a principios de este mes donde fallecieron 47 niños.

Estas demandas podrían parecer un intento de deslinde de responsabilidades del IMSS, lo cual, sin embargo, no es posible, ya que el responsable inmediato de que la guardería cumpliera con las normas de seguridad y operación es el propio Instituto, al estar subrogando a particulares una obligación que por ley le corresponde prestar al estado a través del Seguro.

Independientemente de ello, los funcionarios públicos del IMSS encargados de vigilar las guarderías y el cumplimiento de la normativa por parte de las mismas, están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en su artículo 7 establece que “será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

En relación con el caso de la niña “robada” en un hospital del Distrito Federal, ya se detuvo a la mujer responsable de sacar a la menor del hospital y se está investigando la posible participación de los padres en el delito ya que la acusada declaró que los papás le “regalaron” a la niña.

 

Se deben precisar los términos. La bebé es una persona humana y no un objeto por lo que no se debe hablar de robo que según el Código Penal Federal es el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Por tanto, se trata de un delito de secuestro.

 

Y debido a la razón antes expuesta, tampoco se puede decir que la niña fue “regalada” y en caso de que se compruebe que los papás establecieron un acuerdo previo con la acusada, se configuraría el delito de abandono de personas.

 

Lamentablemente esta situación de “regalar” bebés no es tan inusual como nos gustaría, ya que muchos padres, quizá desesperados por su situación económica sin que ello sea excusa, entregan a sus niños a otras personas a cambio de dinero con lo que se configura la trata de personas.

 

Si la madre o el padre no pueden cuidar de sus hijos, lo ideal es que conforme a las disposiciones legales aplicables en sus estados, entreguen a esos niños en adopción, acción mediante la cual no cometen ningún delito y dan a los niños la oportunidad de integrarse rápidamente a otra familia sin que se vea complicada su situación legal.

 

Mediante este proceso la madre renuncia ante un juez a la patria potestad del menor, acto con el cual el juez entrega dicha potestad y custodia a otra persona o a una institución de asistencia que se encarga de entregar esa patria potestad a otra persona. Con este procedimiento en un plazo de dos o tres meses, el niño se incorpora legalmente a su nueva familia.

 

Cuando hay abandono, por otro lado, el estado debe dejar pasar un plazo de tiempo, que generalmente es de seis meses, antes de pronunciar legalmente el abandono, retirar la patria potestad y entregarla a las instituciones pertinentes para que a su vez busquen papás para ese niño. Y mientras el tiempo pasa, el menor no se incorpora plenamente a una familia que le provea del cuidado, atención y amor necesarios para su desarrollo físico y emocional.

 

Pero para tener en cuenta las necesidades de los niños, debemos expresarnos correctamente y dejar de hablar de ellos como si fueran objetos susceptibles de intercambio mercantil.

 

Fuente El Universal

 

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