El Partido Social Demócrata (PSD) al no haber obtenido mínimo un 2% de la votación nacional, está destinado a perder su registro como partido político.

 

La regulación de los partidos políticos y agrupaciones políticas en México está regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece los requisitos para obtener el registro de partido político como las causas por las que se pierde tal registro.

 

De esta manera para constituir un partido político la agrupación que lo busca debe elaborar sus estatutos conforme a la Constitución y leyes mexicanas, presentar un plan de acción y tener al menos 3,000 afiliados en por lo menos 20 estados de la República o 300 afiliados en al menos 200 distritos electorales uninominales.

 

Colombia ha iniciado el procedimiento para solicitar a México la extradición de Lucía Morett quien resultara herida en marzo del año pasado en un ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC.

 

A Lucía Morett se le acusa en Colombia de asociación para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

 

El procedimiento de la extradición, de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional inicia con una solicitud del estado reclamante, en este caso Colombia, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde deberá entregar la orden de aprehensión, los delitos que se le imputan y pruebas suficientes de que esa persona cometió los delitos. Después de una evaluación, de considerarlo procedente, Relaciones Exteriores entrega el expediente a la Procuraduría General de la República para que promueva ante el Juez de Distrito competente que se dicte el auto de detención de la persona reclamada.

 

El pasado 7 de julio se celebró la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del juicio que se sigue en contra de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, maestro que el 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero por su relación con Lucio Cabañas. (Ver La CIDH conoce caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla).

 

Aunque el estado mexicano, a través del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont,  admitió la desaparición y muerte del Sr. Radilla, desconoció la competencia de la Corte para enjuiciar a nuestro país por hechos que ocurrieron antes de que ésta empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal y defendió la aplicación del fuero y del código de justicia miliar.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes legales de la familia de Radilla Pacheco respondieron que el Estado mexicano es culpable del delito de lesa humanidad. 

 

Las partes deberán presentar sus argumentos por escrito a más tardar el próximo 14 de agosto y se emitirá sentencia en el segundo semestre de 2009, según datos oficiales.

 

Fuente El Universal

 

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Los padres de Vania Vanesa Carmona Córdova, una niña de siete meses que presenta quemaduras en casi todo el cuerpo que le dejarán daños permanentes por el incendio ocurrido en una guardería en Hermosillo, Sonora, han presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la primera demanda por responsabilidad patrimonial del Estado.

 

En términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que  reconoce el derecho a la indemnización a aquellos que “…sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad irregular del Estado”, están exigiendo un indemnización no menor a mil millones de pesos.

 

Esta ley, al ser federal, aplica sobre entidades y dependencias de la Federación como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Después de la lucha entre los partidos y luego entre el Congreso y el gobierno para sacar adelante la nueva Ley de la Policía Federal, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos la ha impugnado por considerar que la misma viola las garantías constitucionales de los ciudadanos en los apartados que se refieren a las operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir y combatir delitos.

Así, la Comisión promovió un juicio de acción de inconstitucionalidad en contra de la citada Ley, asegurando que se violó la Constitución Política porque en la Ley de la Policía Federal no se fijaron los lineamientos mínimos bajo los cuales se podrán llevar a cabo estas actividades; y porque se dejó abierta la posibilidad de que dichas figuras puedan ser utilizadas para cualquier tipo de delito y no sólo para casos de delincuencia organizada pero este no será impedimento para que las operaciones encubiertas y de usuarios simulados se puedan llevar  acabo.

Esperemos que este asunto se resuelva en beneficio de la ciudadanía.

Fuente: Noticias al día

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Es interesante ver como los criterios sobre la igualdad, la discriminación y los derechos humanos han ido evolucionando.

 

En 1923 el Código Civil de Sonora prohibía el matrimonio de mujeres mexicanas con individuos de raza china.

 

Lo más increíble es que la Corte le negó el Amparo a una persona de origen chino, señalando que esta disposición no se consideraba “…anticonstitucional, ya que tal prohibición no implica una restricción  a las garantías individuales…”, debiendo considerarse como un impedimento más, estando esta disposición “…ajustada a derecho; sin que pueda decirse que esa ley sea privativa (el Código Civil de Sonora), porque no se ha expedido para aplicarla exclusivamente a una persona, sino a todos aquellos casos en que se pretendiera contraerse matrimonio en la circunstancias que prohíbe, y con tal procedimiento no se priva  a los interesados de ningún derecho, porque no lo tienen…”

 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz ratificó una denuncia en contra de HSBC México o quien resulte responsable por la falsificación del sello del Juzgado Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo en documentos de cobranza enviados a deudores de Tarjetas de Crédito.

 

Esto a raíz de una denuncia pública del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz sobre las "órdenes de presentación” que presentaban representantes del banco a deudores para requerirles de pago, y que tenían  la firma y el sello del Juzgado Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo, quien negó que fuese su firma.

 

Una cosa es cobrar, y otra cosa es incurrir en un delito para hostigar a la gente. Esperemos que los responsables sean castigados conforme a derecho.

 

Fuente e-consulta.com

 
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Tradicionalmente en época de elecciones en nuestro país siempre se ha implementado la llamada “Ley Seca” medida en la que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral. Pero a partir de abril de 2006 esta medida se dejó de implementar en algunos estados.

 

La "ley seca" o prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes tiene su origen en 1915 cuando el General Plutarco Elías Calles, siendo gobernador del estado de Sonora, ordenó la prohibición de la elaboración y tráfico de bebidas embriagantes por la crisis política y social que en ese entonces se vivía, no sólo en su estado, sino en toda la República Mexicana.

 

Incluso se habían escenificado asesinatos en debates legislativos y actos públicos que fueron propiciados por personas que habían ingerido licor, por lo que se estableció que en las jornadas políticas de cobertura nacional debía evitarse la venta de todo tipo de licores.

 

Pero a raíz de una iniciativa del Diputado Nicolás Osuna Aguilasocho, Diputado Local de Baja California desde el 25 de abril de 2006 se dejó en manos de cada entidad federativa  decidir si el día de la elección y un día antes se limitaba el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.

 

Ahora cada estado decide la aplicación de esta medida.

 

Por ejemplo, en el D.F. la “Ley Seca” no se va a aplicar, porque dice el Jefe de Gobierno que eso “…ya no se usa…”, pero en estados como Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, lo siguen aplicando. Ni modo.

 

Fuente Crónica.com  

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De nueva cuenta nuestro país será sometido a juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad.

 

El próximo 7 de julio , a partir de las 9:00 horas, se llevará a cabo la audiencia pública para escuchar las declaraciones de las presuntas víctimas, los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de México y los representantes de las presuntas víctimas, así como los alegatos, excepciones y demás argumentos de las partes en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco el  25 de agosto de 1974, quien fue ilegalmente detenido por un retén militar del Ejército en el Atoyac, Guerrero.

 

El caso inició el 15 de marzo de 2008 por una denuncia presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país solicitando se declare la  violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se ordene la reparación del daño.