El ex presidente Vicente Fox, vuelve a estar en los medios, para su satisfacción, por la construcción de un hotel en los terrenos que ocupa la hacienda San Cristóbal.

 

En la ex Hacienda San Cristóbal se construyó el llamado “Centro Fox” que aloja un centro de estudios, biblioteca y museo y además incluye réplicas de la Oficina Presidencial y de la Sala de Gabinete.

 

Su misión es el contribuir al fomento de liderazgos en base a valores sociales a través de una plataforma que promueva equidad, para impulsar las ideas y acciones de nuestra gente proyectándola nacional e internacionalmente. 

 

Ahora el “presidente” Fox pretende construir en esa propiedad un hotel de cuatro estrellas. En una primera fase tendrá siete habitaciones, para que finalmente opere con quince, y conectará directamente con el Centro Fox, pues se edifica en el casco de la ex Hacienda San Cristóbal.

 

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal detectó que se edifica sin permisos de construcción, de uso de suelo ni estudios de impacto ambiental, por lo que se podrían hacer acreedores a una multa equivalente al 50% del valor de cada una de las cabañas que se han edificado, aproximadamente 250 mil pesos. El Centro Fox señala que sólo “se ha iniciado la remodelación de los cuartos originales, para dar servicio a los visitantes”.

 

Sin embargo, el alcalde de San Francisco del Rincón, municipio en donde se encuentra el rancho, descartó que se vaya a multar al ex presidente Vicente Fox, “para ser justos o parejos”.

 

Ahora algunos medios señalan que el ex presidente podría ser condenado a diez años de cárcel por la construcción de este hotel, ya que la ex hacienda es un monumento histórico y no cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

 

En términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, artículo 36, son monumentos históricos, las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

 

Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos, previa autorización del Instituto correspondiente.

 

A quien dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

 

El casco de la ex Hacienda, data de 1614, por lo que de conformidad con la ley, podría ser considerado monumento histórico. Pero si ya se construyó el centro de estudios, difícilmente negarán la construcción del hotel. ¿Y el respeto a la legalidad y el estado de derecho?

 Fuente El Universal

miabogadoenlinea.net

El Director de Asuntos Jurídicos del DIF del Estado de México declaró que este año se han encontrado menos cantidad de recién nacidos abandonados que en años anteriores como el 2008 en donde se abandonaron 100 bebés.

 

Los niños abandonados cuentan con algunas horas de nacidos y son abandonados en sitios inhóspitos, sin papeles que los vinculen con sus padres biológicos y se cuentan más niñas abandonadas que niños. A ese respecto no explicó si se debe a que el índice de natalidad de niñas es mayor que el de niños o a motivos culturales discriminatorios.

 

Brevemente explica que el proceso legal que sigue al rescate de estos menores es el de registrarlos para que mediante un Acta de Nacimiento se haga constar la existencia de esa persona jurídica, además de asignarle un nombre lo cual es uno de los principales derechos de toda persona. De esta manera se escogen un nombre y apellidos para asentar en el acta.

 

La Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados que inicie el llamado juicio de procedencia con la finalidad de eliminar el fuero del actual diputado por el PRD, Víctor Varela, e iniciar así la acción penal en contra de esta persona por daño en propiedad privada por un monto de $127,000 pesos.

 

El fuero político es una figura que nació con la idea de proteger a ciertos servidores públicos, entre ellos a los legisladores, tanto federales como locales, de ser perseguidos por sus acciones o por sus declaraciones cuando hicieran uso de la voz en la Tribuna, en una época en que podían ser perseguidos políticamente por defender a la naciente democracia mexicana.

 

En estos momentos muchos analistas se cuestionan sobre la guerra que nuestro país ha desatado contra el narco y el replanteamiento de la misma.

 

Hasta ahora lo que hemos visto es un ataque frontal en el que han muerto miles de mexicanos, criminales o no, y que no ha resultado del todo eficiente porque si se elimina la cabeza de un grupo que se pulveriza, éste se convierte en otros dos, y desaparece uno y lo sustituye otro. Y más aun se han envalentonado manifestando abiertamente su intención de seguir delinquiendo y enfrentarse al Estado.

 

 ¿Pero este es el único camino? No, definitivamente no.  Siempre existen distintos caminos para llegar a un mismo destino.

 

Si estas operaciones las realizan los criminales por que son muy lucrativas, entonces sigamos el dinero. Lo hacen por avaricia, entonces quitémosles el producto de ésta. Si nos referimos a la historia, a Al Capone lo detuvieron por sus nexos con el dinero, por evasión fiscal, no por los demás delitos que cometió.

 

Aunque el combate al lavado de dinero data de 1986 en Estados Unidos en México aparece el concepto por primera vez en 1990 en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. En 1996 se incluye en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis.

 

Esto ha dado origen a diversa normatividad que obliga a las entidades financieras a notificar a las autoridades sobre operaciones sospechosas, a partir de un determinado monto, y están obligados a dar seguimiento a ese tipo de clientes. Inclusive, existen medidas para supervisar las cuentas de funcionarios de alto nivel y de sus familiares, definiéndoles como personas económicamente expuestas. Esto con independencia de las investigaciones que pueda realizar la PGR cuando no se utilice el Sistema Financiero Mexicano.

 

El problema es que estos mecanismos no han sido utilizados en forma eficiente por nuestro país. Según el FMI en su Reporte de Evaluación Detallada sobre Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, aunque la PGR dice que son 47.

 

Por otra parte, cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero en aeropuertos del país durante operativos contra el crimen organizado o bien por denuncias anónimas.

 

Hacienda por su parte reporta que ha presentado 126 denuncias por presunto lavado de dinero. Este es uno de los problemas, ya que es un delito que se persigue por querella o denuncia por parte de las autoridades fiscales.

 

Todos sabemos que ese dinero está incrustado en nuestra economía y que representa montos exorbitantes. Tal vez por eso, y por el miedo a generar una mayor inestabilidad económica, es que nuestro gobierno no ha hecho uso de todas las armas legales con que cuenta.

 

miabogadoenlinea.net

En su discurso de clausura del periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayoagoitia recordó que es por disposición de ley que la Corte funcione en dos periodos de sesiones por lo que la clausura de este periodo es por ministerio de ley y no por arbitrio o capricho de los ministros como se expiso en varios medios de comunicación.

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que “La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre”.

 

El ministro Mayagoitia aseguró que no se trata de interrumpir el trabajo sino de reordenarlo porque los órganos y las comisiones permanecen en funciones. Esta reordenación es para poder seguir en el segundo periodo con las funciones y temas pendientes de la Corte.

 

Estos grandes temas que tendrán que resolver los 11 ministros que conforman nuestra Suprema Corte de Justicia en el siguiente período son:

En virtud de la condena de ocho años y cuatro meses de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla en contra de Alejandro Ordaz Moreno al encontrarlo culpable de los delitos de intento de homicidio y de atentado contra la autoridad, la Embajada de México en España ha sido sometida a duras críticas por su escasa intervención en el asunto o su silencio después de la sentencia, e inclusive los padres del joven alegan que la situación se alargó por el consulado y que este no actuó como debía.

 

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores la protección consular es el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y atender sus demandas.

 

La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece, como obligación del servicio exterior y especialmente del servicio consular “proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, los derechos de los mexicanos en el extranjero y mantener informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los casos en que proceda una protección especial”. Entre los servicios que se presta está la asesoría jurídica, que puede ser a través de los abogados consultores de las representaciones.

 

En los medios impresos se ha divulgado las diversas quejas que existen en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los Derechos Humanos en el combate al narcotráfico y delincuencia. En las distintas instancias tanto civiles como públicas, existen más de 700 quejas por allanamiento, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes. El perfil de todas las víctimas, dice Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados del Estado de Chihuahua, es el mismo: “personas de bajo nivel económico y con algún antecedente penal”.

 

Asimismo la organización Human Rights Watch envió una carta a Hillary Clinton para expresar su preocupación por los abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, por lo que sugirió al gobierno estadounidense que retenga parte de los fondos del Plan Mérida hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por militares “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.

 

Todo esto ha llevado a cuestionar el papel del Ejército en el combate al narcotráfico y la delincuencia y el “fuero militar o de guerra” que impide que los elementos castrenses sean juzgados por la justicia civil.

 

Las actividades del Ejército en esta materia se dan desde hace más de quince años, con  fundamento en el artículo 89 fracción VI de la Constitución que señala como una facultad del Presidente de la República el “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la Ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sus actividades se incrementaron a partir de la administración del Presidente Felipe Calderón.

 

El papel del Ejército en materia de seguridad ya fue analizado por la Suprema Corte de la Nación la cual emitió cuatro tesis jurisprudenciales en las que establece que las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones.

 

Por otra parte, la Corte señala que el apoyo que otorgue el Ejercito a las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, es imprescindible que lo realice a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma.

 

Además, considera que en este supuesto, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.

 

Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución señala que “…subsiste el fuero de guerra, (conocido también como fuero militar), para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” Es de destacarse que este artículo nunca ha sido reformado.

 

El constituyente de 1917 decidió preservar el "fuero de guerra", para que los militares fueran juzgados por militares conforme a sus propias leyes y así conservar la disciplina militar, que es la fuerza del Ejército y "requisito indispensable para la vida de esta institución", lo que necesariamente impone "la necesidad de castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva, …cuestión tal que no se logra a través de los tribunales ordinarios, debido a la variedad de negocios de los que deben conocer.”

 

El artículo 57 del Código de Justicia Militar establece que son delitos contra la disciplina militar, entre otros, aquellos del orden común o federal, cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Este código establece que cuando en estos casos, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar. Estas disposiciones no han sido modificadas desde 1933.

Actualmente el fuero militar está siendo analizado en el seno de la Suprema Corte, pero su criterio no se definirá en el corto plazo.

 

Este es el “marco legal”  bajo el cual el Ejército ha venido actuando en el combate a la delincuencia, que no ha sido modificado o actualizado en más de setenta años, y hasta el momento no existen las disposiciones que regulen lo establecido por la Corte, por lo que el Código de Justicia Militar y demás disposiciones militares no hacen ninguna referencia a la actuación del Ejército en tiempos de paz, como coadyuvantes en la seguridad pública o sobre las sanciones en caso de violar los derechos humanos de los civiles. Sin duda las circunstancias actuales nos obligan a revisar su marco de actuación.

Y este es un llamado que las propias autoridades castrenses han hecho al poder ejecutivo y legislativo, ya que el militar se enseña sólo a obedecer al superior y a realizar las actividades necesarias para cumplir con su misión u objetivo, y corresponde a la autoridad civil definir como se debe dar esta actuación.

 

Esas disposiciones deberán mantener la disciplina militar imponiendo, como decía el Constituyente de 1917, "…castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva…” contra aquellos militares que abusen de la autoridad que les ha sido otorgada.

 

miabogadoenlinea.net

El mexicano Alejandro Ordaz Moreno fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel en España. Se le acusa del intento  de homicidio en contra de dos policías, con los que se lío a golpes al salir de un bar el 8 de marzo de 2008. Los policías lo confundieron con un delincuente y él con unos secuestradores. (Ver Estudiante Mexicano preso en España).

 

Por cada intento de homicidio lo condenaron a 3 años y 3 meses; y a un año y 10 meses por atentado a la autoridad. A partir de ahora su abogado tiene cinco días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Madrid, que para nosotros sería el recurso de apelación ante un juzgado de Distrito.

 

Alejandro es Maestro en Ingeniería titulado por la Universidad de Guanajuato. En el momento del incidente se encontraba estudiando el Doctorado en la Universidad de Sevilla en España, becado por el CONACYT.

 

El Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, que preside Carlos Phillips Olmedo, hijo de Dolores Olmedo Patiño, anunció que ante las falsificaciones que se están presentado de la obra de Frida Kahlo, se está considerando crear un catálogo que contenga toda la obra de la artista con fichas técnicas y que incluya además una relación de sus pertenencias personales y otros artículos como cartas y diarios a fin de evitar la proliferación de falsificaciones.

 

Los derechos de la obra de Frida Kahlo no los tiene una sola persona. Por ejemplo, la obra que se exhibe en el Museo Casa Azul en Coyoacán pertenece a la Fundación antes referida. Esto porque Dolores Olmedo compró mucha obra de Frida Kahlo e incluso al morir Diego Rivera, tres años después que Frida, le cedió a la coleccionista los derechos de su obra, textos y documentos, otorgándole poder notarial sobre la obra que Olmedo Patiño poseía y que adquirió directamente del pintor, entre lo que se contaban algunas pertenencias de Kahlo. El nombre de Frida Kahlo, por su lado, es una marca registrada propiedad de Frida Kahlo Corporation fundada por una sobrina directa de la artista, Isolda P. Kahlo.