En una demanda para exigir el pago de pensión alimenticia, el demandado se defendió poniendo en tela de juicio su paternidad y presentó una solicitud para que se practicara una prueba de laboratorio para que mediante el análisis del ADN determinara si él es o no el padre de esos niños.

 

La madre de los menores, que demandó el pago de pensión alimenticia, se amparó contra la solicitud de la prueba de ADN argumentando que la sola solicitud de la misma violaba el artículo 4° constitucional de sus hijos al no garantizarles su derecho a una vida digna al tener que someterse a las pruebas de laboratorio.

El miércoles venció el plazo para que los países presentaran ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Marítima, CLSC por sus siglas en inglés, sus límites de la plataforma continental.

La exposición de dicha información se fundamenta en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y pretende asentar los límites de cada país y sus reclamos sobre las plataformas continentales de tal manera que después del 13 de mayo no se aceptarán reclamos no expuestos ante la Comisión que pertenece a la ONU.

La plataforma continental, según la CONVEMAR comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Su importancia radica en el hecho de que el estado que reclama la plataforma continental es quien tiene la facultad de explotar esa zona en sus recursos.

La nota del día es sin duda la “orden” del IFE a YouTube para que retire un video que circula hace más de un mes en la red, en donde con la canción de la película de Rudo y Cursi, que es copia de una canción en inglés, parodian al gobernador de Veracruz.

 

Independientemente de que el hecho ha generado más visitas al canal de YouTube con este video, queda por resolver la cuestión legal, ya que de acuerdo con la prensa nacional, el consejero del IFE, Marco Antonio Gómez, declaró que se solicitó con base en la Constitución el retiro de dicho spot.

 

Hay que definir sin embargo el artículo en el cual se está basando el IFE para “ordenar” que se retire el spot y luego se debe definir que se considera spot publicitario, porque el video en cuestión no es propaganda ni a favor ni en contra de ningún candidato o partido político.

 

Pero además, con el video no se contrató tiempo, ya que de haber sido así el IFE si tendría capacidad legal de ordenar que se retirara (y aún quedaría la duda si puede interferir en Internet). Y el video tampoco se puede catalogar de propaganda política o electoral que denigre a las personas como lo establece el apartado C del artículo 41 de la Constitución, porque solo plantea, desde el punto de vista del creador, hechos.

 

¿Puede entonces el IFE ordenar a YouTube que se retire el video? Consideramos que no existe esa capacidad legal, como si la tienen con medios como la televisión o el radio cuando se trata de publicidad pagada.

 

En todo caso se trata de una cooperación que preste YouTube al IFE, de la cual habló en febrero pasado el gerente de comunicación de la empresa en América Latina, Ricardo Blanco, quien en entrevista con el Excelsior dijo que en YouTube estaban “completamente dispuestos a colaborar con las autoridades locales y federales para revisar cada caso y generar un balance entre los involucrados” y retirar videos difamatorios, que incumplan su reglamento y políticas de uso, cuidando de mantener el balance entre la libertad de expresión de los usuarios y el respeto.

 

Sin duda el video en cuestión es difamatorio, pero no ataca a ningún candidato porque el gobernador de Veracruz no es candidato a nada, por lo que creemos que Fidel Herrera más que acudir ante el IFE debería acudir ante el poder judicial y denunciar por difamación a quien creó y subió a la plataforma de YouTube el video, quien para exculparse tendría que demostrar todo lo que dice en la parodia de la horrible canción de Rudo y Cursi.

 

Fuente El Universal y Excelsior

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Es una realidad que las leyes no siempre son justas para todos, pero el derecho se trata precisamente de buscar el bien de la mayoría.

La protección al medio ambiente no escapa de esta realidad y a veces la aplicación de las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pueden ser injustas si no se aplican en la justa medida de las necesidades.

 

Los indígenas Cucapá del estado de Sonora han interpuesto un amparo en contra de la prohibición de pescar en las márgenes y delta del Río Colorado, que fue declarada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California.

 

La etnia Cucapá tiene sus orígenes en la época prehispánica y se trata de un grupo binacional ubicado en la frontera norte de México, conformado por tres asentamientos y entre los tres no existen más de mil habitantes.

 

Los indígenas alegan que la pesca es parte de su cultura y medio de subsistencia y en ese sentido argumentan que tienen un volumen de pesca por temporada de 250 toneladas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando una persona obligada a expedir comprobantes fiscales establece en ellos un domicilio fiscal diferente al establecido en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incurre en una conducta sancionada.

El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 83 que es una infracción del contribuyente no expedir o no entregar comprobante de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales y con esta decisión de la Corte, se establece que expedir el comprobante con un domicilio incompleto, equivocado o diferente del registrado, es motivo de sanción.

La sanción por incurrir en este supuesto está establecida en la fracción IV del artículo 84 del mismo Código Fiscal y, salvo excepción establecida, es una multa entre $11,000 y $ 62,860 pesos.

La Corte resuelve con esta decisión la contradicción entre dos tesis de tribunales colegiados.

 

Así que quien tenga los datos equivocados en sus comprobantes fiscales, ya sea por error de la imprenta o por cualquier otra situación, deberá corregirlos para evitarse sanciones.

 

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación

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Con la salida de Carlos Hermosillo de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Bernardo de la Garza, actual director, dio a conocer que este organismo no tiene asignado presupuesto para cumplir la promesa de dinero que se hizo a los atletas que ganaron medallas en las pasadas Olimpiadas de Beijing.

 

La promesa de entregar dinero a los medallistas mexicanos fue realizada por Hermosillo tras un supuesto acuerdo con varias empresas privadas. Pero de ese acuerdo no hay contrato ni nada por escrito, por lo que muchas empresas retiraron su oferta y ahora no hay dinero para pagar los $13 millones de pesos que se deben.

 

De acuerdo con la fuente, Hermosillo acordó pagar a los atletas la cantidad prometida de su bolsillo y supuestamente entregó cheques la semana pasada, que resultaron sin fondos cuando se pretendieron cambiar a inicios de esta semana.

 

Pero de este asunto se desprenden asuntos legales de mayor trascendencia porque Hermosillo hizo la promesa actuando como director de la CONADE, organismos descentralizado de la SEP, por lo tanto, habló en su calidad de funcionario público. ¿Quién tiene entonces la responsabilidad de cumplir, la persona física o el organismo?

El juez segundo de distrito en materia penal, con sede en Jalisco, dictó una orden de aprehensión en contra de 12 militares y 6 policías por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

 

De esta manera todos ellos están acusaados de narcotráfico y delincuencia organizada y siete de ellos además tienen cargos de homicidio calificado.

 

De acuerdo con investigaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República los indiciados participaron como sicarios del grupo de Los Zetas en diferentes actividades delictivas en la zona de Aguascalientes.

 

Al tratarse de delitos del orden federal, serán juzgados conforme a la legislación penal federal. Recordemos que las iniciativas que se enviaron en materia de seguridad proponían penas más severas para los militares que participaran en estas actividades. Este paquete de leyes en materia penal, sin embargo, regresó al Senado el 30 de abril, último día del período de sesiones ordinarias, por lo que estas leyes, entre las que se comprende el Código Penal Federal, serán revisadas hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias que iniciará el 1 de septiembre de 2009. 

 

Fuente El Informador.com
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El sábado 2 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Sanitarios en Materia Electoral, en donde básicamente se hace el llamado a los candidatos y partidos políticos a no hacer mítines que impliquen aglomeraciones que hagan imposible mantener las medidas sanitarias que eviten la propagación del virus.

 

Ayer domingo arrancaron las campañas, sin gran ruido, sin concentraciones, sin acarreados y quizá estamos frente a un cambio en la manera de hacer política en México, que, esperemos, resulte benéfico para los mexicanos y para nuestro país.

 

Así las cosas, se prevé que los candidatos se enfrenten en Internet, y copiando la exitosa estrategia electoral de Barack Obama, hagan uso de las redes sociales como Facebook o Twitter para promocionar sus propios sitios web en donde den a conocer sus propuestas políticas, lo cual nos permitirá comparar propuestas y tomar la mejor decisión para diputado federal, en la elección federal.

 

Recordemos que las campañas electorales en Internet están sujetos a discusión en cuanto a su regulación en el COFIPE, puesto que la redacción de la normativa da pie a discusión sobre si el IFE puede o no intervenir en la regulación de propaganda en este medio.

 

Fuente Diario Oficial de la Federación
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La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo judicial autónomo de la OEA, se encuentra revisando el caso del asesinato de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, en Ciudad Juárez, que demandan al estado mexicano por la violación de numerosos derechos humanos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, como el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, etcétera.

 

El pasado 29 de abril se celebró una audiencia sobre este caso para que la Corte escuchara diversos testimonios de testigos y peritos, así como los alegatos finales sobre la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

 

Esta denuncia fue presentada ante la Corte el 4 de noviembre de 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde acusó al estado mexicano de haber incurrido en responsabilidad internacional al no haber otorgado suficiente protección a las víctimas, dado el patrón de homicidios y desapariciones de mujeres en la región, así como de haberles denegado justicia y una adecuada reparación del daño a los familiares.

 

El gobierno de México, representado por la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, reconoció que en los primeros años de investigación, entre 2001 y 2003, se habían incurrido en irregularidades que habían afectado la integridad psíquica y la dignidad de los familiares de las víctimas, pero que a partir del 2004 esas irregularidades habían sido subsanadas plenamente tras la reintegración de expedientes, el reinicio de las investigaciones y una profunda reforma al sistema judicial del estado de Chihuahua.

 

La Corte deberá determinar si es cierto que ha habido una reparación del daño y el grado de gravedad de la violación de derechos humanos a estas tres mujeres, por parte del estado mexicano.

 

En el transcurso del juicio, se solicitó la inclusión de más víctimas, lo cual fue rechazado por la Corte, por lo cual este caso solo se refiere a estas tres víctimas.

 

Fuente Corte Interamericana de Derechos Humanos
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