WalMart ha realizado en Estados Unidos una serie de anuncios para negociar las demandas laborales que tiene, bajo el argumento de que estas demandas tienen muchos años y no reflejan las políticas actuales de la empresa.

 

Sus detractores señalan que más bien se debe a que la administración Obama buscará regular la contratación por tiempo parcial, esquema utilizado por WalMart, por lo que la empresa busca con estos acuerdos “limpiar la casa” antes de que llegue la siguiente administración y que no la pongan como ejemplo de estas contrataciones abusivas de sus trabajadores.

 

Pero este Goliat ha recibido derrotas también en nuestro país, ya que el pasado mes de septiembre se declaró inconstitucional la política de la empresa de entregar vales de despensa a sus empleados, que sólo pueden hacerse válidos en sus tiendas, equiparándolo a las tiendas de raya que existían en el Porfiriato.

 

Raúl Avila Andujo es uno de los beneficiados con la sentencia de la Corte, y pensaba que lo de los vales era una buena prestación. “Pues mire, legalmente…, como no sabe uno de leyes, uno lo ve normal; si fuera uno conocedor de leyes, lo vería de otra manera, pero pues, nada más lo que sabe uno”.

 

Raúl y de otros trabajadores también demandaron a WalMart porque en un principio la empresa los contrató con la prestación del transporte de Villitas a Chihuahua capital, en un trayecto de hora y media. Sin embargo, tras el despido de varios trabajadores de Villitas, la empresa decidió suspender la prestación del transporte porque no le convenía pagar por el traslado de solo cuatro trabajadores. 

 

Total, que ni en México, ni en Estados Unidos fue un buen año para WalMart en materia de sus relaciones laborales.

 

Fuente El Universal

 

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Sebastiana lleva cuatro años en la cárcel, se le acuso de delitos contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína. Ella es una indígena tzotzil, que no habla español.

Conforme al artículo 2 de la Constitución, los indígenas como Sebastiana deben acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

En el sistema de defensoría federal sólo existen 14 abogados con estas características, y en Chiapas, donde radica Sebastiana, sólo existe un abogado defensor que habla Tzotzil.

Así, a Sebastiana se le designó un abogado que no hablaba su lengua ni conocía sus costumbres, como consecuencia, la condenaron a diez años de prisión.

Un nuevo defensor público federal, Santos Sánchez Altunar, ha logrado llevar el asunto a la Suprema Corte, argumentando que se violaron las garantías de Sebastiana al no contar con una defensa adecuada, además pidió que se le liberara porque, en su caso, se había rebasado, en exceso, el tiempo para que se le juzgara y se le dictara sentencia.

Esto es un ejemplo claro de cómo en nuestro país se legisla con simpleza y no se establecen las medidas necesarias para llevar a los hechos una disposición.

Fuente: El Universal

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Con reformas a la Constitución local y al artículo 4 de la Ley de Protección para el Menor en Morelos, se ha prohibido que los niños acudan a las manifestaciones públicas en el estado para evitar exponer a las niñas niños y adolescentes en manifestaciones realizadas en vías o lugares públicos y en general en todas aquellas que se ponga en riesgo su integridad física y psicológica.

 

La intención, dijeron los diputados, es evitar que los menores “corran riesgos” o sean “utilizados como carne de cañón” por parte de sus padres o tutores.

 

Estas reformas recibieron oposición por parte de algunos legisladores que las tacharon de inconstitucionales porque se limita la libertad de expresión y manifestación de los niños. Sin embargo hay que recordar que pese a que se reconocen las libertades de los niños, éstos no son ciudadanos y estas manifestaciones generalmente tienen un tinte político, y solo tienen derechos políticos los ciudadanos mexicanos.

 

Estas reformas a la Constitución local y a la ley mencionada, pese a que ya son vigentes, no tienen sanción lo que prácticamente hace de esta ley letra muerta.

 

Fuente La Crónica de Hoy

 
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Todo empezó cuando en las fiestas patronales del pueblo de Hueytlalpan en Puebla, en un receso del jaripeo, pidió  a los niños que bajarán  a participar en distintas competencias.

 

Se pidió cooperación económica de los asistentes para otorgar premios a los niños, que tenían de 6 a 12 años de edad, y se reunieron 700 pesos. Al principio se trataba de dar vueltas, para que al final caminaran como borrachitos ganando el que quedará de pie. 

 

Después el locutor  ofreció 50 pesos  a los niños que se quitarán la camisa, otros 50  a los que se quitarán el pantalón y finalmente 50 al que se quitará el calzón.

 

Cuatro niños se ganaron los $150.00 pesos  y  a dos de ellos el locutor los motivó para que corrieran alrededor del ruedo.

 

Ya existen diversos testimonios que señalan que el animador acostumbra este tipo de entretenimiento, y que inclusive lo ha hecho con jovencitas induciéndolas a quitarse la blusa.

 

Aunque existen testimonios de que el Presidente Municipal se encontraba presente en estos hechos, el lo niega.

 

La Diputada Local Irma Ramos Galindo ya presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también lo hará ante la Procuraduría General de la República.

 

De estos hechos se pueden derivar los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, tanto en materia federal como en materia local, y estamos en presencia de un delito de competencia tanto local como en el federal, en el que pueden ser señalados como responsables no sólo el conductor del evento, sino los padres de familia y los que posean imágenes o video.

 

Fuente El Universal

 

 
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Para todos nos resulta muy común identificar la comida yucateca en relación con el chile habanero, pero resulta que actualmente existe un pleito en la península de Yucatán por la denominación de origen de este producto agrícola.

 

Aunque el trámite fue iniciado por un productor de Yucatán, productores de Campeche y Quintana Roo se adhirieron a esta solicitud, e inclusive los gobernadores de los estados  solicitaron en común acuerdo, efectuar el cambio de nombre de la declaratoria y nombrar el producto como "Chile Habanero de la Península de Yucatán”.

 

El problema está en que en el resolutivo Primero de la Declaratoria se señala que “…se otorga la protección prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen "CHILE HABANERO DE YUCATAN", para amparar los productos descritos en los Considerandos de la presente Declaratoria…”, y en esos considerandos sólo se hace referencia  a los municipios que conforman el Estado de Yucatán.

 

Por lo anterior , el gobierno de Quintana Roo ya interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que su producción no se vea afectada, ya que ésta llega a ser de un millón de toneladas anuales.

 

Seguramente Campeche hará lo mismo.

 

Fuente Milenio

 

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Banamex esta enfrentando en estos momentos un juicio en su contra por más de 7, 000 millones de dólares.

El juicio se inició hace más de una década cuando Banamex se negó a pagar una inversión de $400.00 actuales, con una tasa de interes del 91%  y que se renovaría automáticamente cada 28 días en los mismos términos, anatocismo pues.

El particular ya ganó en dos instancias y como último recurso Banamex solicitó el amparo. El asunto fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación porque llegó a la conclusión de que este caso “podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebraren, con el consecuente impacto económico y social para el país, dado que el asunto no sólo trata de la interpretación de contratos bancarios, sino que al alegarse la renovación en las condiciones pactadas en ellos, puede generase el reclamo de cantidades exorbitantes por concepto de intereses”.

El banco argumenta que no se puede mantener una tasa fija durante todo el plazo de una inversión y que lo que hacen las instituciones financieras es renovar la inversión en el plazo de vencimiento y reinvertirla a la tasa vigente en el mercado, la cual deberá fijarse por el Banco de México según las condiciones económicas que vive el país.

No la tiene nada fácil la Corte, porque si del contrato se desprende la capitalización de intereses, tendrán que ser coherentes con la sentencia en la que se aceptó el anatocismo. ¿Justicia divina?

Fuente: El Universal

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La Asociación Mexicana de Bancos informó que a partir del 5 de diciembre van a retener los cheques que sean devueltos, y en su lugar entregarán un comprobante o una copia certificada que haga constar la retención.

 

Estas medidas se establecen para tener una mayor eficiencia operativa y en consecuencia, seguridad.

 

Esta medida sólo beneficia a los bancos y no a los usuarios ya que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder demandar el pago del cheque por la vía judicial, requiere que se exhiba físicamente el cheque, que es la base de la acción, lo que implicará realizar un trámite para poder recuperar ese cheque.

 

Fuente: El Universal

 

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En Tlaxcala hay un pleito entre el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, y el Congreso local.

 

Todo inició cuando el Congreso, en octubre de 2007, decidió no ratificar en sus cargos a siete magistrados. Los Magistrados decidieron promover una controversia constitucional en contra del Congreso local ante la Suprema Corte de Justicia, pero esto no dio los resultados esperados, ya que en el proyecto elaborado por la Corte, ésta ratificaba los resultados del procedimiento de evaluación de los mencionados Magistrados y concluía que ninguno de los juzgadores cumplía con los requerimientos para ser ratificado.

 

Lo anterior motivó que los magistrados se desistieran de la acción, antes de que la Corte aprobará su criterio.

 

Ahora  han iniciado una nueva acción legal para defenderse, promoviendo juicios de protección constitucional, que es una especie de amparo local, que deben de resolver ellos mismos, es decir, son juez y parte.

 

El presidente del Tribunal, Luis Aquiahuatl Hernández, uno de los afectados, no sólo admitió la demanda a trámite, sino que otorgó una suspensión para que todos sigan despachando, mientras ellos mismos deciden si la Legislatura hizo bien al no ratificarlos.

 

Es penoso cuando aquellos que deben defender la legalidad, son los primeros que la violan.

 

Fuente El Siglo de Torreón 

 

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En Chihuahua esta frase se aplica como anillo al dedo en el caso de Carmela Aguirre Moreno. 

El ministerio público federal y el juez actuaron con gran celeridad, ya que la denuncia se presentó el 3 de septiembre y en menos de dos días esta persona ya había sido consignada, tomando en cuenta que el poblado donde se encontraba esta a un día de camino de la cabecera municipal. Además, se espera que en dos semanas se tenga lista la sentencia correspondiente. 

Este es el modelo de justicia al que aspiramos, y desearíamos que todos los delitos fueran atendidos con tal celeridad, más aun en el ambiente de inseguridad que se vive en este Estado. 

Ella está acusada de lo que en el Código Penal Federal se define como Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, específicamente se trata de un delito contra la biodiversidad previsto en la fracción II artículo 418, y que comúnmente se conoce como tala ilegal, que tienen una pena que va de seis meses a nueve años de prisión. Carmela Aguirre Moreno es una indígena Raramurí. 

El Ministerio Público Federal la consignó por haber arrancado mil 71 árboles. Ella reconoce que arrancó alrededor de 20 árboles de su parcela, mismos que habían sembrado unos ejidatarios, y que los arrancó porque nadie le pidió permiso, además de que encontró el lugar lleno de alambre de púas. La parcela la usa para la siembra de maíz y frijol y no tiene ningún ingreso monetario.

 

Es triste que el sistema de impartición de justicia se aplique con tal celeridad en casos como estos, en donde además parece que en el fondo no hay tanta justicia como debería.

 

Fuente El Universal  

 
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