El titular del Ejecutivo presentó ante el Senado una propuesta para reformar la Ley de Amparo a fin de que los procedimientos correspondientes se puedan llevar por medios electrónicos.

Con esta iniciativa se busca promover la simplificación de los procedimientos tanto para los órganos jurisdiccionales como para los usuarios del sistema de impartición de justicia como una medida que contribuya a la desregulación.

Los tribunales ya tienen experiencia en cuando al manejo virtual de los expedientes, puesto que ya cuentan con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el que se captura y reporta los movimientos en los de asuntos del conocimiento de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

 

Este sistema también se aprovecha para enviar y recibir todo tipo de comunicaciones,promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias y comunicaciones oficiales a través de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes.

Esta iniciativa complementa de alguna manera la propuesta que el pasado 19 de marzo presentó el grupo parlamentario del PRI para reformar la Ley de Amparo. Esa iniciativa de marzo recoge algunas de las inquietudes y propuestas que se han realizado en la materia y propone darle nuevas atribuciones a los tribunales de circuito, modificar el amparo directo y la suspensión del acto reclamado, y la más importante, modificar el principio de relatividad, llamado también fórmula Otero, otorgando al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que establezca jurisprudencia por reiteración que determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución. Esto significaría que la sentencia de amparo se aplicaría a todos los casos y no que cada persona tenga que tramitar su propio amparo.

Es posible que esta nueva legislatura realice las tan deseadas reformas en la materia que nos permita contar con un juicio de amparo acorde al siglo XXI.

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El Congreso de Querétaro aprobó la reforma al artículo 2° de la Constitución local para establecer la protección jurídica de la vida desde el momento de la concepción. Con esto, se ha convertido en la decimoquinta entidad federativa que realiza una modificación  de este tipo, aunque en dos de ellas se trata de reformas que aun no entran en vigor al no haber concluido el proceso de aprobación del constituyente permanente del estado.

La primera reforma de este tipo la realizó el estado de Chihuahua y está vigente desde el 1° de octubre de 1994.

Estas reformas han generado múltiples confrontaciones entre aquellos que están a favor y en contra de la misma. Incluso se han llegado a tachar de inconstitucionales.

En este nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) con nuevos programas de estudio para los grados de primero y sexto grado de Primaria.

Ya hemos visto la controversia que se generó por los contenidos de los libros de texto gratuito correspondientes a este grado escolar, la controversia por alterar los derechos morales de un pintor y ahora se agrega la controversia sobre el procedimiento legal y administrativo para aprobar estos nuevos programas y planes de estudio.

Los programas y planes de estudio vigentes para la educación primaria se encuentran contenidos en el Acuerdo Secretarial número 181 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1993.

 

Para modificar este acuerdo, y adecuar los programas de primero y sexto grado al RIEB, la Secretaría de Educación Pública debió haber emitido un Acuerdo modificatorio.

Conforme al artículo 69H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que las dependencias puedan emitir estos Acuerdos, deben presentar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) un anteproyecto del mismo, 30 días hábiles antes de la fecha en que quieran emitir el acto. A su vez, el plazo mínimo para que responda la Comisión también es de 30 días hábiles.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, a través de Guillermo Bernal Miranda, Oficial Mayor,  presentó el anteproyecto  del ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL DIVERSO 181 POR EL QUE SE ESTABLECEN EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA, a revisión de la Comisión, la semana pasada, el jueves 27 de agosto, un día antes de que los niños de primero y sexto de primaria entraran a clases con el nuevo programa de estudios ya establecido y los libros de texto correspondientes circulando. 

Aunque la Secretaría pudo haber justificado este retraso mediante las excepciones que la Ley prevé al procedimiento, la SEP no hace referencia a ninguna de ellas presentando una manifestación de impacto regulatorio normal.

Por otra parte, el artículo 48 de la Ley General de Educación señala que para modificar los programas y planes de estudio, la Secretaría debe consultar al Consejo Nacional Técnico de la Educación y al Consejo de Participación Social en la Educación, sin embargo no existe evidencia de estas consultas en el anteproyecto.

Este mismo artículo señala en su último párrafo que los planes y programas, así como sus modificaciones, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y en los periódicos oficiales de cada entidad, pero conforme al artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Secretaría de Gobernación no puede publicar este Acuerdo, si la SEP no cuenta con el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Al no haberse publicado este nuevo acuerdo, los programas y planes de estudio aprobados en 1993 para estos grados educativos siguen vigentes.

No es posible hablar de Estado de Derecho, si el propio Poder Ejecutivo no respeta el marco legal que le rige.

Fuente La Jornada

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Para aquellos que alguna vez han asistido a un evento del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, saben que significa esperar a veces hasta dos horas a la autoridad en turno, para que el evento inicie. Y ello implica estar horas bajo del sol hasta que empiece y otras tantas mientras transcurre el evento.

Este es el caso de los pequeños miembros de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, quienes el pasado primero de agosto ofrecieron un concierto en las instalaciones de la Secretaría de la Educación Pública, evento que para algunos de ellos tuvo consecuencias en su salud.

La seguridad se está convirtiendo en una obsesión del mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, se han instalado más de cuatro millones de videocámaras por lo que una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día. Las nuevas cámaras Gigapan, de ultra alta resolución (más de mil millones de píxeles) permiten, en una sola imagen y por un vertiginoso efecto de zoom, la revisión biométrica del rostro de cada uno de los miles de asistentes a un partido de futbol, concierto, manifestación o un mitin político.

Nuestro país no es la excepción. Así, vemos que la video vigilancia es un fenómeno con un crecimiento paulatino pero constante. Simplemente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha establecido como meta para el 2010, que la Cd. de México se convierta en la ciudad con el mayor número de cámaras de seguridad en el mundo.

Pero ciudades más pequeñas como Gómez Palacio en Durango, Veracruz, Veracruz, o Mazatlán, Sinaloa también cuentan con equipo de video vigilancia.

 

Sin embargo, la falta de regulación en el tema, se ha vuelto un tema de preocupación para las organizaciones y organismos de derechos humanos en nuestro país.

Ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa inició en febrero de 2006 una investigación de oficio por la instalación de videocámaras en la Cd. de Culiacán, Sinaloa, por presuntas violaciones de la privacidad, intimidad personal y familiar, honor e imagen. Esa Comisión concluyó en la recomendación  14/06 que el exceso de celo en la seguridad, puede llegar a violentar los derechos humanos si no se toman las medidas legislativas adecuadas en el uso de sistemas electrónicos de vigilancia.

Hasta el momento el Congreso de Sinaloa no ha prestado oídos a esa recomendaciones, aunque sí lo han hecho otras legislaturas si lo han hecho. 

La primera fue en Aguascalientes y la segunda en Colima con sendas Leyes de Videovigilancia.

Estas leyes pretenden regular la utilización por parte de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales o de servicios de seguridad privada, de videocámaras para grabar o captar imágenes en lugares públicos o en lugares privados con acceso al público, así como el tratamiento que se le debe dar a esta información.

La finalidad es evitar que se violenten los derechos de los ciudadanos y que se viole su privacidad.

Pero estas leyes nos llevan a tener ciertas dudas. En ambos casos se regula el uso de videocámaras por parte  de empresas de seguridad privada y regulan el uso y destino de las grabaciones. ¿Pero que sucede con los bancos? Salvo un análisis más profundo del marco legal, en apariencia podría existir un conflicto constitucional en la materia, ya que corresponde al Congreso de la Unión regular el sistema financiero, incluyendo la seguridad. Esperemos a ver que tiene que decir la Procuraduría General de la República.

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El pasado 12 de junio se publicaron reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para crear el Sistema de Justicia en Línea  en donde el juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea. Este sistema deberá estar operando en diciembre de 2010.

Es por ello que en el próximo Congreso Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se reunirán próximamente en Cancún, Quintana Roo, para empezar a definir los aspectos más relevantes de la planeación y el diseño de la plataforma tecnológica mediante la cual funcionará el juicio en línea.

 

Una experiencia en la materia ya se tienen en el Tribunal Virtual del poder Judicial del Estado de Nuevo León , el cual se desarrolló con el apoyo de la Comunidad Europea, y que ha venido operando desde el 12 de junio de 2006 en el que la partes pueden presentar escritos, recibir notificaciones y hacer promociones a través de su computadora.

El sistema ofrece otros servicios, aprovechando las ventajas de la tecnología, como el servicio gratuito de los mensajes SMS a través de los teléfonos celulares para indicar a los abogados la publicación de algún acuerdo en el expediente. 

Hasta julio de 2009, el número de registros al Tribunal Virtual, llegó a más de 41,000 usuarios, se recibieron más de 1´200,000 visitas al portal del Internet, se realizaron 4´000,000 de consultas a expedientes y se autorizaron más de 5,400 expedientes para enviar promociones electrónicas. 

Es posible que en un futuro cercano los sistemas judiciales federales y estatales emigren a esta opción electrónica.

Fuente Congreso de Nuevo León

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La Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un comunicado de alerta a la población respecto de diversos suplementos para bajar de peso que contiene sustancias potencialmente peligrosas para la salud y solicita que se denuncien todos los suplementos que contengan picolinato de cromo, Thevetia SSP y fucus vesiculosus.

Frente a ello la pregunta obligada es por qué se permite la venta de esos productos que ponen en riesgo a la población.

Dentro de la controversia que se ha generado por los nuevos libros de texto gratuito para primero y sexto de primaria, ha surgido una sobre derechos de autor.

La Secretaría de Educación Pública incluyó en el libro para sexto de primaria la imagen del mural llamado “El paso de Bering” de Iker Larrauri y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología.

Esta obra representa en un primer plano a cuatro hombres caminando de derecha a izquierda, en tierras donde se ha retirado el hielo de las glaciaciones. El paisaje presenta algunos vestigios de hielo a la distancia, así como una vista del mar.

El 16 de junio el candidato del Partido del Trabajo para la delegación de Iztapalapa, Rafael Acosta, mejor conocido por Juanito, se comprometió públicamente a que de ganar la elección renunciaría para que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal pudiera proponer a la Asamblea Legislativa a Clara Brugada como sustituta y que sería la señora Brugada y el PRD quienes gobernarían en Iztapalapa.
 

Ahora, Rafael Acosta es Jefe Delegacional Electo de Iztapalapa y el primero de octubre deberá rendir la protesta al cargo.

El planteamiento aparentemente resulta simple, sin embargo, en la ley la situación es distinta.