La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo judicial autónomo de la OEA, se encuentra revisando el caso del asesinato de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, en Ciudad Juárez, que demandan al estado mexicano por la violación de numerosos derechos humanos consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, como el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a los derechos del niño, etcétera.

 

El pasado 29 de abril se celebró una audiencia sobre este caso para que la Corte escuchara diversos testimonios de testigos y peritos, así como los alegatos finales sobre la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

 

Esta denuncia fue presentada ante la Corte el 4 de noviembre de 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde acusó al estado mexicano de haber incurrido en responsabilidad internacional al no haber otorgado suficiente protección a las víctimas, dado el patrón de homicidios y desapariciones de mujeres en la región, así como de haberles denegado justicia y una adecuada reparación del daño a los familiares.

 

El gobierno de México, representado por la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, reconoció que en los primeros años de investigación, entre 2001 y 2003, se habían incurrido en irregularidades que habían afectado la integridad psíquica y la dignidad de los familiares de las víctimas, pero que a partir del 2004 esas irregularidades habían sido subsanadas plenamente tras la reintegración de expedientes, el reinicio de las investigaciones y una profunda reforma al sistema judicial del estado de Chihuahua.

 

La Corte deberá determinar si es cierto que ha habido una reparación del daño y el grado de gravedad de la violación de derechos humanos a estas tres mujeres, por parte del estado mexicano.

 

En el transcurso del juicio, se solicitó la inclusión de más víctimas, lo cual fue rechazado por la Corte, por lo cual este caso solo se refiere a estas tres víctimas.

 

Fuente Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Tanto la CANACINTRA como diferentes abogados laboralistas coincidieron en señalar que frente al paro nacional de labores por la epidemia de la Influenza Humana, las empresas no tienen la obligación de pagar el sueldo a sus trabajadores debido a que se trata de una suspensión colectiva de la relación laboral, por caso fortuito o fuerza mayor, que no es imputable al patrón, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo.

 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, sobre el pago del sueldo declaró que ello debe ser resuelto conforme a los contratos individuales o colectivos de trabajo.

 

Los abogados patronales, sin embargo, han declarado que pese al artículo mencionado, los patrones, sensibles a la situación, deben tratar de llegar a distintos acuerdos con sus empleados, ya sea que este período sea tomado a cuenta de vacaciones o que los trabajadores compensen este tiempo con el trabajo de horas extra para recuperar la productividad de la empresa.

 

Acuerdos de esta naturaleza ya han sido tomados en diferentes ramos de la industria, como el automotriz en donde el descanso será pagado para casi todos los trabajadores de las agencias automotrices, contrario al acuerdo de la CANIRAC, en donde el sueldo no será pagado y los trabajadores solo recibirán la cantidad que destine el Gobierno del Distrito Federal del fondo de apoyo para esta contingencia.

 

Fuente El Universal
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La organización internacional Human Rights Watch (HRW) emitió un documento denominado “Impunidad Uniformada: Uso Indebido de la Justicia Militar en México”, en donde denuncia 17 casos de violaciones a los derechos humanos de más de 70 personas por parte de miembros del ejército durante sus operativos en contra del narcotráfico.

 

Según este documento los militares son responsables de varias muertes de civiles desarmados, entre ellos niños, como el caso de un militar que bajo los efectos del alcohol abrió fuego contra un camión matando a dos mujeres y un niño.

 

La organización acusa la impunidad de los responsables de estos actos y menciona que solo 4 soldados han sido juzgados civilmente.

 

Hasta el momento el gobierno de México no ha emitido ninguna declaración sobre este documento de HRW, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

 

El paquete de seguridad, enviado por el Presidente Calderón al Congreso, en donde se regula la actuación de las fuerzas armadas en su actuación en las ciudades de nuestro país, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

 

Sin duda este documento volverá a traer sobre la mesa el debate relativo a la actuación del ejército en las calles frente al clima de inseguridad y violencia que vivimos debido al narcotráfico y aunque de ninguna manera se trata de lo más justo, se tendrá que resolver a favor del bien de lo que reporta el bien de la mayoría.

 

Fuente BBC Mundo
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Para la Cámara de Diputados, la actual Legislatura termina hoy jueves 30 de abril. Por ello, con todo y desinfectante y cerco sanitario, las sesiones de la semana pasada y la del martes de esta última semana de abril, han sido sesiones expeditas en donde los dictámenes se están aprobando en votaciones económicas, casi sin ser sometidas a discusión.

 

En la sesión del martes 28 de abril, que empezó a las 13:13 horas, con la presencia de 385 diputados de 500 que conforman la Cámara, se aprobaron dictámenes de reformas de las siguientes leyes que pasaron al Senado para su discusión y aprobación:

El pasado 24 de abril, el New York Times publicó una nota sobre el entrenamiento que diferentes Ministerios Públicos recibieron en Austin, Texas, en cuanto a la oralidad en los juicios del orden penal, tal y como ya se prevé en diferentes estados y a nivel federal para que se haga el cambio gradualmente en todos los estados de la República.

 

Esta nota fue traducida literalmente y publicada en MSN Noticias, pero se trata de una traducción que falla en adaptar los términos a nuestro sistema legal y de esta manera se refiere a “fiscales”, figura que en México no existe, y se incurre en otros errores que exponen la falta de conocimiento, por parte del redactor original de la nota, y por tanto, del traductor, sobre los antecedentes históricos del sistema legal mexicano.

Frente a la emergencia que se ha desatado en el país con el virus de la Influenza, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado de prensa el domingo 26 de abril, en el que además de retomar las medidas tomadas por la Secretaría de Salud y del Trabajo, anuncia que debido al tipo de funciones que efectúa, no se interrumpen sus funciones esta semana, pero que no contarán los términos del 27 al 30 de abril a fin de evitar que las personas acudan a las instalaciones judiciales, salvo que se trate de asuntos de verdadera necesidad, como un amparo, por ejemplo.

 

En materia laboral, retoman las previsiones de la STPS en cuanto a trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, que volverán al trabajo hasta el 5 de mayo, y se anuncia que el 4 de mayo habrá suspensión de laborales en todo el país, salvo lo que se refiere a las guardias.

 

Fuente Consejo de la Judicatura Federal
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La disputa legal entre Martha Sahagún y la Revista Proceso, a raíz de la publicación de un reportaje de Olga Wornat sobre el proceso de la nulidad religiosa del matrimonio  de la ex primera dama de México y su primer marido, Manuel Bribiesca, continúa.

 

Recordemos que en el proceso civil que interpuso Sahagún, tanto Proceso como la periodista fueron encontrados culpables de lastimar el derecho al honor de la demandante y como tal condenados a pagarle una indemnización.

 

Pero la sentencia fue apelada y se resolvió que aun cuando se vulneraba el derecho al honor, no se configuraba una violación a la intimidad y como tal la indemnización fue disminuida y la revista Proceso exonerada de cualquier responsabilidad.

 

Y las cosas no quedaron ahí ya que Sahagún se amparó contra dicha resolución y ese Amparo acaba de ser atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte en vista de que el caso reviste interés general por contener aspectos sobre el derecho a la intimidad y honor de las personas frente a la libertad de expresión y al derecho a la información.

 

Es así como la Corte revisará hasta donde se extiende el derecho a la intimidad de personas públicas o famosas, frente al derecho que tenemos de ser informados y de expresar opiniones libremente, lo que incluye las relaciones entre los periodistas y escritores y sus editores.

 

Así, la Corte fijará una postura apegada a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México para futuros casos.

 

Fuente Suprema Corte de Justicia de la Nación

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En el marco de la entrega a los premios Libertad de Expresión 2009 que tuvo verificativo en Londres, la periodista Sanjuana Martínez, autora de los libros "Prueba de Fe. Las redes de cardenales y obispos en la pederastia clerical" (Editorial Planeta, 2007) y "Manto púrpura. Pederastia clerical en tiempos del cardenal Norberto Rivera Carrera" (Editorial Grijalbo, 2007), declaró que en México ha sufrido censura por publicar artículos que acusan a la Iglesia Católica.

Aseguró que sus libros fueron retirados de algunas librerías cuyos dueños se declararon católicos y que en la presentación de sus obras los mismos periodistas se excusaron con ella al no poder publicar las presentaciones por tener prohibido hablar en contra de la Iglesia Católica.

Sanjuana Martínez, ganadora de un premio Ortega y Gasset por reportajes de pederastia cometidos por el clero, dijo que su obra se basa en investigaciones de hechos que quedan sustentados y que son textos que representan la lucha por la libertad de información en México.

Y lamentablemente son los hechos los que sustentan su obra como hoy lo podemos constatar tras la detención de un sacerdote católico envuelto en la recientemente desmantelada red de pornografía infantil.

Tristemente, como también lo demostró el caso de la periodista Lidia Cacho, la pederastia en un delito en donde se defiende con el silencio a todos, menos a los niños que sufren tan deleznable abuso.

Fuente BBC Mundo

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El problema del sistema federal radica en la determinación de fueros o competencias y con ello la lentitud de la investigación de delitos, particularmente, y la impartición de justicia.

 

Es palpable esta situación en el caso de Casitas del Sur. Por denuncia hecha ante las autoridades del Distrito Federal, se realizó el cateo de este albergue, del cual se desprendió la comisión de diversos delitos, ellos del fuero local.

 

Pero al ver la gravedad del asunto y el vínculo de casitas del Sur con otros albergues en distintos estados de la República, la Procuraduría General de la República (del orden federal), atrajo la investigación porque presupone que se han cometido delitos del orden federal como el tráfico de menores y delincuencia organizada.

 

En un comunicado la PGR dio a conocer lo anterior, haciendo marcado énfasis en la colaboración que ha recibido de las autoridades del Distrito Federal, especialmente la PGJDF. Lo mencionamos porque desafortunadamente los casos se empiezan a diluir cuando empiezan las discusiones entre las autoridades locales y federales, así que esperamos que ese tono amable entre procuradurías sea el que prevalezca para que se conozca la verdad jurídica sobre el paradero de los niños que estaban en Casitas del Sur como Ilse Michel.

 

Será la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la encargada de conducir la investigación por parte de la PGR.

 

Y la pregunta que todos nos hacemos ¿la PGR apena se dio cuenta de que este caso se trata de tráfico de menores y delincuencia organizada?

 

Fuente El Universal
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