Para todos nos resulta muy común identificar la comida yucateca en relación con el chile habanero, pero resulta que actualmente existe un pleito en la península de Yucatán por la denominación de origen de este producto agrícola.

 

Aunque el trámite fue iniciado por un productor de Yucatán, productores de Campeche y Quintana Roo se adhirieron a esta solicitud, e inclusive los gobernadores de los estados  solicitaron en común acuerdo, efectuar el cambio de nombre de la declaratoria y nombrar el producto como "Chile Habanero de la Península de Yucatán”.

 

El problema está en que en el resolutivo Primero de la Declaratoria se señala que “…se otorga la protección prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen "CHILE HABANERO DE YUCATAN", para amparar los productos descritos en los Considerandos de la presente Declaratoria…”, y en esos considerandos sólo se hace referencia  a los municipios que conforman el Estado de Yucatán.

 

Por lo anterior , el gobierno de Quintana Roo ya interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que su producción no se vea afectada, ya que ésta llega a ser de un millón de toneladas anuales.

 

Seguramente Campeche hará lo mismo.

 

Fuente Milenio

 

www.miabogadoenlinea.net

Banamex esta enfrentando en estos momentos un juicio en su contra por más de 7, 000 millones de dólares.

El juicio se inició hace más de una década cuando Banamex se negó a pagar una inversión de $400.00 actuales, con una tasa de interes del 91%  y que se renovaría automáticamente cada 28 días en los mismos términos, anatocismo pues.

El particular ya ganó en dos instancias y como último recurso Banamex solicitó el amparo. El asunto fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación porque llegó a la conclusión de que este caso “podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebraren, con el consecuente impacto económico y social para el país, dado que el asunto no sólo trata de la interpretación de contratos bancarios, sino que al alegarse la renovación en las condiciones pactadas en ellos, puede generase el reclamo de cantidades exorbitantes por concepto de intereses”.

El banco argumenta que no se puede mantener una tasa fija durante todo el plazo de una inversión y que lo que hacen las instituciones financieras es renovar la inversión en el plazo de vencimiento y reinvertirla a la tasa vigente en el mercado, la cual deberá fijarse por el Banco de México según las condiciones económicas que vive el país.

No la tiene nada fácil la Corte, porque si del contrato se desprende la capitalización de intereses, tendrán que ser coherentes con la sentencia en la que se aceptó el anatocismo. ¿Justicia divina?

Fuente: El Universal

www.miabogadoenlinea.net

La Asociación Mexicana de Bancos informó que a partir del 5 de diciembre van a retener los cheques que sean devueltos, y en su lugar entregarán un comprobante o una copia certificada que haga constar la retención.

 

Estas medidas se establecen para tener una mayor eficiencia operativa y en consecuencia, seguridad.

 

Esta medida sólo beneficia a los bancos y no a los usuarios ya que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para poder demandar el pago del cheque por la vía judicial, requiere que se exhiba físicamente el cheque, que es la base de la acción, lo que implicará realizar un trámite para poder recuperar ese cheque.

 

Fuente: El Universal

 

www.miabogadoenlinea.net

 

En Tlaxcala hay un pleito entre el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, y el Congreso local.

 

Todo inició cuando el Congreso, en octubre de 2007, decidió no ratificar en sus cargos a siete magistrados. Los Magistrados decidieron promover una controversia constitucional en contra del Congreso local ante la Suprema Corte de Justicia, pero esto no dio los resultados esperados, ya que en el proyecto elaborado por la Corte, ésta ratificaba los resultados del procedimiento de evaluación de los mencionados Magistrados y concluía que ninguno de los juzgadores cumplía con los requerimientos para ser ratificado.

 

Lo anterior motivó que los magistrados se desistieran de la acción, antes de que la Corte aprobará su criterio.

 

Ahora  han iniciado una nueva acción legal para defenderse, promoviendo juicios de protección constitucional, que es una especie de amparo local, que deben de resolver ellos mismos, es decir, son juez y parte.

 

El presidente del Tribunal, Luis Aquiahuatl Hernández, uno de los afectados, no sólo admitió la demanda a trámite, sino que otorgó una suspensión para que todos sigan despachando, mientras ellos mismos deciden si la Legislatura hizo bien al no ratificarlos.

 

Es penoso cuando aquellos que deben defender la legalidad, son los primeros que la violan.

 

Fuente El Siglo de Torreón 

 

www.miabogadoenlinea.net

En Chihuahua esta frase se aplica como anillo al dedo en el caso de Carmela Aguirre Moreno. 

El ministerio público federal y el juez actuaron con gran celeridad, ya que la denuncia se presentó el 3 de septiembre y en menos de dos días esta persona ya había sido consignada, tomando en cuenta que el poblado donde se encontraba esta a un día de camino de la cabecera municipal. Además, se espera que en dos semanas se tenga lista la sentencia correspondiente. 

Este es el modelo de justicia al que aspiramos, y desearíamos que todos los delitos fueran atendidos con tal celeridad, más aun en el ambiente de inseguridad que se vive en este Estado. 

Ella está acusada de lo que en el Código Penal Federal se define como Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, específicamente se trata de un delito contra la biodiversidad previsto en la fracción II artículo 418, y que comúnmente se conoce como tala ilegal, que tienen una pena que va de seis meses a nueve años de prisión. Carmela Aguirre Moreno es una indígena Raramurí. 

El Ministerio Público Federal la consignó por haber arrancado mil 71 árboles. Ella reconoce que arrancó alrededor de 20 árboles de su parcela, mismos que habían sembrado unos ejidatarios, y que los arrancó porque nadie le pidió permiso, además de que encontró el lugar lleno de alambre de púas. La parcela la usa para la siembra de maíz y frijol y no tiene ningún ingreso monetario.

 

Es triste que el sistema de impartición de justicia se aplique con tal celeridad en casos como estos, en donde además parece que en el fondo no hay tanta justicia como debería.

 

Fuente El Universal  

 
www.miabogadoenlinea.net 

 

El pasado 5 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes los recursos de revisión interpuestos por las viudas de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

 

Esta decisión ha causado gran controversia en los medios, en virtud de la trascendencia para las viudas de los mineros.

 

Los familiares de los mineros pretendían que se aumentara en un 25% la indemnización que la empresa les había otorgado, ya que estaba basada en un salario menor al que realmente percibían los trabajadores fallecidos hace dos años. Los mineros muertos en Pasta de Conchos percibían un sueldo de 300 pesos diarios, sin embargo estaban inscritos en el Seguro Social con 80 pesos, sin que hubiesen logrado probar este hecho.

 

Este tema no es materia de la Suprema Corte de Justicia, ya que ésta y sus Salas conocen sobre los recursos de revisión  en amparo contra las sentencias en las que habiéndose impugnado la constitucionalidad de una ley o reglamento federal o local, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.

 

Es por esto que los ministros declararon improcedente el recurso de revisión, ya que, no se encuentra planteada la inconstitucionalidad o la interpretación de un artículo de la Constitución Federal y únicamente hacen valer cuestiones de legalidad sobre el alcance y valoración de las pruebas de los juicios.

 

Los ministros subrayaron que para la procedencia de los recursos era necesario que desde la demanda de amparo se hubiera impugnado la inconstitucionalidad de un precepto legal; la interpretación de un artículo de la Carta Magna, o en su caso, que el tribunal colegiado, en su sentencia, hubiera realizado tal interpretación, cuestión que no sucedió.

 

En todo caso, más bien pareciera que esto fue un error por parte de la defensa de los familiares de los mineros fallecidos, que en este caso era llevada por la Procuraduría Federal del Trabajo.

 

WWW.MIABOGADOENLINEA.NET

Hasta este momento, toda la atención ha estado sobre los servidores públicos que fallecieron en el accidente aéreo del Lear Jet, pero nadie se ha preocupado por la situación de los civiles que también se vieron afectados. Sin embargo, ellos están protegidos por la Ley.

 

La Ley de Aviación Civil establece que todos loa aviones que utilizan es espacio aéreo de la República Mexicana debe de contratar y mantener vigente un seguro que cubra las responsabilidades por los daños a pasajeros, carga, equipaje facturado o a terceros en la operación de las aeronaves.

 

Todas, incluyendo los del Estado, entendiendo por estas las aeronaves de propiedad o uso de la Federación distintas de las militares, las de los gobiernos estatales y municipales y las de las entidades paraestatales  como es el caso del Jet.

 

Asimismo, el artículo 70 de la citada Ley señala que cuando por la operación de una aeronave, por objetos desprendidos de la misma o por abordaje, se causen daños a personas o cosas que se encuentren en la superficie, nacerá la responsabilidad con sólo establecer la existencia del daño y su causa.

¿Recuerdan este caso? Publi XIII era una empresa fundada en el 2000, que se dedicaba a vender automóviles a precios más bajos que los del mercado, a condición de que portaran durante tres años anuncios publicitarios. Las personas realizaban pagos que iban de 20 a 30 mil pesos para recibir su vehículo, pero el problema empezó cuando a pesar del pago los coches no se entregaban y la empresa se declaró en quiebra en 2003.

 

Desde entonces se han procesado a cuatro personas por el delito de fraude genérico, es decir, la autoridad judicial consideró que estas personas habían obtenido un lucro indebido por medio del engaño o aprovechando el error en que sus clientes se encontraban.

 

Al tener distintos procesos en su contra, se acumularon las penas, sumando en algunos casos más de 100 años de cárcel. Uno de ellos fue inclusive condenado a 617 años, 6 meses y 16 días de prisión, ya que en cada proceso se aplicaron sentencias diferentes. Sin embargo, de conformidad con el Código Penal para el Distrito Federal, la prisión que se aplicará a estas personas no podrá ser mayor de setenta años.

 

El caso vuelve a adquirir notoriedad ya que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, capturó a José Luis González González, propietario de la empresa Publi XIII, y autor intelectual de estos delitos, en ejercicio de 202 órdenes de aprehensión que pesaban sobre esta persona de parte de distintos jueces y estados.

 

Ahora deberá ser sujeto a proceso, el cual será bastante largo en virtud de la cantidad de juicios abiertos en su contra.

Fuente El Universal

www.miabogadoenlinea.net