En el Distrito Federal se anunció una iniciativa de la Ley de Seguridad Social de la Policía del Distrito Federal para establecer en lo particular los derechos de prestación social que tendrán estos servidores públicos.

Hasta el momento, las prestaciones sociales de los policías del Distrito Federal se encuentran sujetas a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Recordemos que las prestaciones sociales y seguros que comprende la Ley del ISSSTE son los siguientes:

En Chiapas se dictó formal prisión a cinco ex alcaldes, cuatro ex síndicos y tres ex funcionarios municipales acusados de asociación delictuosa, peculado y ejercicio indebido del servicio público en relación con la aplicación de los fondos para la reconstrucción después del huracán Stan.

 

El huracán Stan ocurrió en el 2005 dejando gran destrucción y muerte a su paso por Centroamérica y afectando el sur de México, fundamentalmente en Oaxaca y Chiapas lugar este último donde el desbordamiento de un río arraso con unas 2,500 viviendas y dejó incomunicada por tierra a Tapachula por el derribamiento de los puentes de acceso a la ciudad.

 

Tras la destrucción se entregaron fondos a los municipios para las labores de reconstrucción en diferentes comunidades, pero la revisión de la cuenta pública arrojó irregularidades entre las que se cuenta falta de documentación que demuestre el cumplimiento de objetivos y metas de la reconstrucción y la aplicación de los fondos.

 

La Contraloría del estado presentó en el 2008 denuncias por este hecho en contra de 150 ex servidores públicos de diversos municipios y 300 empresas privadas relacionadas con el caso de Stan y de estas denuncias es que ahora se desprende la formal prisión de estos 12 ex funcionarios en Chiapas. Como se trata de fondos entregado por el gobierno del estado, el caso es de jurisdicción local y no federal.

 

Fuente El Universal
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En el proceso que inició Salvador Carmona en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por daño moral en virtud de la suspensión que le impusieron de por vida, el futbolista le ha anotado dos goles a la federación. Recordemos que Salvador Carmona fue suspendido por no haber pasado una prueba antodoping que evidenció su consumo de ciertas drogas. 

 

En el proceso, el principal argumento de la defensa de la FMF es que los estatutos de FIFA la obligaban a sancionar a Carmona por cosnumo de drogas y para probar esto exhibieron copias simples de los estatutos de FIFA. Pero al ser copias simples, los estatutos de la FIFA no tienen valor legal, por lo que dichos estatutos no serán aceptados en el juicio. 

 

Y el siguiente golazo contra la federación se dio cuando el equipo Cruz Azul reconoció ante el Juez que Carmona no pudo cumplir con su contrato por la suspensión impuesta por la FMF y no por mandamiento de la FIFA, decisión con la cual al jugador se le cerraron todas las puertas de clubes de fútbol y ya no puede seguir jugando. 

 

Todo parece indicar que Carmona saldrá victorioso, aunque al asunto aun le queda tiempo para llegar a una sentencia definitiva.

 

Fuente La Jornada

 
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El congreso de Nuevo León aprobó una disposición que lógica indicaba que debía haber sido aprobada desde hace mucho tiempo y que se refiere a la prohibición de los policías de portar otro medio de comunicación diferente al que proporciona la dependencia de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

 

De esta manera los policías en Nuevo León no podrán llevar durante su servicio otro medio de comunicación o radiocomunicación, bajo el riesgo de ser sancionado de incumplir esta nueva disposición a la Ley de Seguridad con una amonestación o la inhabilitación. Incluso se prevé en la ley que pueda ser acusado penalmente si se demuestra que utilizó esos aparatos para filtrar información sobre operativos.

 

La reforma obedece a que toda comunicación en ejercicio de las funciones, debe ser del conocimiento de la autoridad por lo que no vulnera ninguna libertad o derecho civil de los policías.

 

Esta disposición, debido a la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, debería ser aprobado a nivel federal y en todos los estados de la República.

 

Fuente El Universal
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Desde el pasado 2 de junio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó la suspensión temporal de las operaciones de los 25 aviones de Aviacsa, hasta en tanto esta compañía no resuelva las 280 anomalías que supuestamente presenta.

 

Por supuesto que esto ha traído como consecuencia un pleito en los tribunales en el que tanto la empresa como las autoridades se manifiestan victoriosos.

 

La compañía interpuso un amparo en contra de SCT, ante el Juez V de Distrito de Ciudad Valles, San Luís Potosí, el cual concedió la suspensión provisional, es decir, permitió a Aviacsa continuar volando hasta en tanto se determinaba si es constitucional la actuación de SCT.

 

Pero SCT interpuso un recurso de queja en contra del Juez V, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, y el día 11 resolvió que la queja era fundada. SCT dice que con base esa resolución quedaba firme la prohibición de la SCT para que los aviones de Aviacsa se queden en tierra, y que la misma es irrevocable.

 

Sin embargo este fallo no impedía resolver sobre la suspensión definitiva, así ayer  Aviacsa informó que el juez quinto de distrito, ya le otorgó la suspensión definitiva en contra de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que 20 de sus aeronaves pueden reiniciar operaciones en virtud de que cuenta con certificados de aeronavegabilidad expedidos por las propias autoridades de la SCT el pasado 30 de mayo.

 

Resultan extrañas y contradictorias las dos posiciones. En todo caso, es de destacar que las consecuencias de la queja es que el juez deje sin efectos la resolución en que concedió la suspensión provisional y emita un nuevo fallo en los términos establecidos por el Tribunal Colegiado. Así que el asunto no ha concluido como dice SCT.

 

Mientras compañía y gobierno se dan con todo lo que tienen, las personas que ya tenían sus boletos, siguen sin poder volar.

 

Fuente Exonline

 

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En una decisión un poco tardía, la Corte decidió amparar a los empresarios que impugnaron las reformas al Impuesto al Activo de 2007 que les impedía deducir las deudas que contrajeron con sus proveedores.

 

La decisión podrá beneficiar a 15,000 empresarios que promovieron el amparo, los cuales podrán hacer estas deducciones, pero deberán pagar el impuesto  a una tasa del 1.8%, que era la vigente en 2003.

 

En términos reales esto implica que el gobierno federal tenga que devolver casi 4 mil millones de pesos. El procurador Fiscal lo consideró un triunfo porque esperaba que la cantidad a devolver sería mayor.

 

Si de antemano se hubiese analizado las consecuencias de esta reforma o se hubieran hecho adecuadamente, el Gobierno no tendría que hacer este gasto. Esta es otra situación que demuestra la importancia del cumplimiento de la legalidad.

 

Fuente SCJN y El Universal

 

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En otro asunto que tienen que ver con el bienestar de los niños en nuestro país, se dio a conocer que los familiares de cinco niños “perdidos” en el albergue de Casitas del Sur acudió ante el Alto Comisionado de la ONU en México para solicitar su intervención en la búsqueda de los niños.

 

Estas personas, entre quienes está la mamá de Ilse Michel, manifestaron que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal los han acosado.

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió una oficina en México en julio de 2002 tras un acuerdo suscrito con el gobierno y trabaja no solo con autoridades sino también con distintas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

 

El periódico El Universal publicó una nota en donde da a conocer que un grupo de ejidatarios en Tamaulipas, representados por los abogados Diego Fernández de Cevallos y Javier Lozano Gracia, ganó un Amparo en revisión el pasado mes de noviembre por la inconstitucionalidad del Decreto de Expropiación por el cual el gobierno hizo uso de sus tierras para construir y operar los que hoy en día es el Puerto de Altamira.

Por ley, toda expropiación debe darse mediante un decreto del ejecutivo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en donde se exponga la causa de utilidad pública por la que se hace la expropiación y el monto con el que se indemniza a los propietarios de ese bien o bienes.

Lo anterior quiere decir que las expropiaciones son públicas, que solo se hacen por causas que beneficien a la población, llamadas de utilidad pública, y que se especifican en la propia ley y que a cambio el gobierno indemniza al afectado. La ley que reglamenta esta materia es la Ley de Expropiación.

Tras el muy lamentable incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora, se empiezan a deslindar responsabilidades para encontrar a los responsables por las faltas de condiciones de seguridad y medidas de protección civil bajo las cuales funcionaba la guardería.

Esta guardería operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El régimen obligatorio del IMSS comprende los siguientes seguros: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

Hablando en específico del servicio de guarderías a madres trabajadoras, el IMSS opera con un esquema de subrogación por el cual otra persona, un particular, presta el servicio directamente a los derechohabientes en lugar del propio IMSS. Así lo establece el artículo 213 de la Ley del Seguro Social que dice que el Instituto podrá celebrar convenios de subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.