Jacinta Francisco Marcial es la mujer otomí que en el año de 2008 fue condenada a 21 años de cárcel y a apagar una multa de dos mil días de salario mínimo, después de haber sido acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI cuando llevaban a cabo un operativo de levantamiento de discos pirata en el mercado de Santiago Mexquiquitlán en Querétaro.

 

Tras la sentencia y su consecuente apelación, el día de hoy se emite el comunicado de que el magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito repondrá el procedimiento porque encontró inconsistencias en las declaraciones de los policías, de los testigos y de la propia Jacinta, por lo que se deben aclarar dichas inconsistencia para conocer la verdad histórica y llegar a sí a la verdad legal.

 

El caso de Jacinta fue puesto en los reflectores públicos por el periodista Ricardo Rocha, lo cual, creamos con fervor, no fue el motivo por el cual el magistrado decidiera revisar el caso, sino que se trata de una decisión en aras de la justicia en México.

 

Y mientras se revisa el caso de Jacinta, nos podemos preguntar ¿qué pasó con Sebastiana?

 

Fuente Consejo de la Judicatura Federal

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El pasado lunes el ejército mexicano detuvo a tres menores de edad en una comunidad rural de Apatzingán, Michoacán. Eran los encargados por los narcotraficantes de la zona para cuidar los accesos al poblado de Potrerillos y de cuidar unas armas AK-47, entre otras cosas.

 

El ejército los puso a disposición del Ministerio Público.

 

La pregunta es ¿cómo los van a juzgar? Hasta el día de hoy el Congreso no ha concluido el proceso legislativo para aprobar la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes y actualmente se encuentra pendiente de dictamen en las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos desde el 4 de septiembre de 2007.

 

Además, la Suprema Corte ha analizado la posibilidad de ordenar la liberación de los menores que han sido consignados al Consejo Tutelar para Menores, ya que este constitucionalmente debió haber sido sustituido por el nuevo sistema desde el 12 de marzo de 2006.

 

Así, todos aquellos menores de 18 años que hayan cometido delitos federales como posesión de armas de uso exclusivo del ejercito, robar combustible, lavar dinero, atacar las vías generales de comunicación, o cualquier otro delito federal, podrían ser liberados.

 

Fuente Exonline 

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Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de finanzas del D.F., fue condenado a 8 años de cárcel y a pagar una multa de 661 días de salario mínimo, por lavado de dinero.

 

Recordemos que Gustavo Ponce fue Secretario de Finanzas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal y que fue destituido de su cargo en el 2004 tras darse a conocer un video en donde él hacía fuertes apuestas de dinero en el Hotel Bellagio en Las Vegas, Nevada.

 

Una vez destituido, fue aprehendido en Cuernavaca Morelos, el 9 de octubre de ese mismo año y procesado por 11 cargos, relacionados con el transporte de fuertes cantidades de dinero y con el fraude de 30 millones de pesos cometidos contra el propio Distrito Federal. Tras su detención, Ponce se declaró como “chivo expiatorio” del gobierno de López Obrador.

 

Lo que en su momento fue un gran escándalo, hoy su sentencia queda reducida a unas cuantas líneas en páginas interiores de algunos diarios de circulación nacional.

 

Fuente El Universal

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Los seguidores a la Santa Muerte han iniciado una serie de protestas y manifestaciones argumentando que son perseguidos por causas religiosas ya que se suele confundir a los adoradores a la Santa Muerte con narcotraficantes y delincuentes.

 

Se han quejado de que tanto autoridades federales como municipales, auxiliadas por el mismo ejército, han destruido varios de sus templos y capillas, como ocurrió en Nuevo Laredo a finales del mes pasado.

 

Este culto tiene más seguidores en el norte de la República y alguno de sus líderes religiosos comentó que interpondrá denuncia penal en México por la destrucción de los templos, pero que además acudirán ante autoridades internacionales para levantar una queja por lo que consideran una persecución religiosa.

 

Los fieles solicitan que se respete su derecho de libertad de culto, garantizado por el 24 constitucional, argumentando que no se trata de una religión privativa de la delincuencia organizada, sino que hay todo tipo de personas y que no se comete ningún delito mediante su práctica. Su registro como iglesia, sin embargo, parece no haber procedido en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

 

Recordemos que en México todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y con ello puede practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

 

Fuente BBC Mundo

 
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A principios de esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a juzgados y tribunales federales el aplazamiento de sus resoluciones en contra de las leyes antitabaco, tanto del Distrito Federal como la federal, con la finalidad de que ellos resuelvan primero sus casos sobre el particular y así, a partir de las tesis, los juzgados y tribunales puedan pronunciarse en la materia.

 

Así, la Corte resolverá primero el juicio de acción de inconstitucionalidad promovido por algunos asambleístas en contra de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, en donde se argumenta que esta ley, del Distrito Federal, se contrapone a la ley federal ya que obliga que todos los espacios cerrados sean cien por ciento libres de humo, mientras que la ley federal dispone que se deben crear sitios específicos para fumadores.

 

Una vez que la Corte resuelva el juicio de acción de inconstitucionalidad, deberá resolver otros casos que atrajo para su revisión y que fueron amparos interpuestos por particulares que alegan violación de sus derechos, y por establecimientos mercantiles que buscan la anulación de ciertas disposiciones de la ley.

 

La Corte giró esta instrucción con la finalidad de acelerar el trabajo judicial sobre el caso particular, como en su momento lo hizo con los amparos en contra de las reformas de la Ley del ISSSTE.

 

Fuente El Universal.
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La llamada Reforma Electoral del 2007 está atravesando su prueba de fuego en estas elecciones en cuanto a la promoción de los partidos políticos y candidatos.

 

Por ejemplo, se acaba de multar al Partido Verde Ecologista Mexicano con $10 millones de pesos por un comercial en donde aparece la actriz Maité Perroni hablando de las labores de los legisladores de dicho partido.

 

La multa fue impuesta, sin embargo, no por lo que se dice en la propaganda sino porque no fue contratada a través del IFE como especifica la ley que debe hacerse cuando se trata de promoción de un partido.

 

¿Por qué no se multa también a las televisoras? Porque se alega que fueron engañadas por el partido ya que cuando se compró el espacio se suponía que se trataba del informe de labores de un diputado federal. La ley contiene ese caso de excepción en que si se trata de informe de labores el partido puede comprar el espacio directamente.

 

Probablemente el partido multado acudirá ante el Tribunal Federal Electoral para recurrir la multa y lo interesante será conocer la sentencia del tribunal en cuanto a la interpretación de la ley.

 

Fuente El Universal 

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La semana pasada se presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Usuarios de Internet, que busca regular desde el lenguaje utilizado en las transacciones comerciales por este medio, como garantizar la no discriminación ni censura  a los usuarios.

 

Las transacciones comerciales por medios electrónicos son reguladas en este momento por la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero con esta ley se pretende uniformar el lenguaje y la protección de los usuarios.

 

En otros países del mundo ya existen este tipo de leyes que además garantizan el acceso de los usuarios a los servicios proporcionados en la red, sin discriminar por discapacidades físicas.

 

Actualmente muchas transacciones financieras y comerciales se efectúan por Internet, así como la prestación de numerosos servicios gubernamentales por lo que la regulación de este medio, no nada más tendiente a eliminar la censura, sino sobretodo, que garantice el acceso de todos a estos servicios, se ha hecho indispensable.

 

Esta iniciativa fue presentada en la sesión del jueves 2 de abril junto con otras 24 iniciativas por lo que no es probable que sea discutida este período de sesiones que finaliza el 30 de abril de este año, con vacaciones de Semana Santa de por medio.

 

Fuente El Universal 
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La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de su recién creada Agencia Especializada de Extinción de Dominio, solicitó a un Juez en materia Civil la extinción de dominio contra el Hotel Madrid localizado en La Merced, en la Ciudad de México.

 

La solicitud se efectuó en vista de que se descubrió que en dicho hotel opera una red de trata de personas para prostituir mujeres, algunas de ellas menores de edad.

 

Estas evidencias fueron presentadas ante el juez con la solicitud de extinción de dominio con la finalidad de asegurar definitivamente las instalaciones del mencionado hotel. La ley establece un plazo máximo de 72 horas al juez para que se pronuncie sobre el particular por lo que se espera que a más tardar el sábado se resuelva esta primera demanda de extinción de dominio en el Distrito Federal.

 

Recordemos que esta ley fue aprobadaen el 2008 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y entró en vigor el pasado 9 de marzo. Se aplica en el Distrito Federal exclusivamente en casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas y aplica cuando el afectado no pueda demostrar su buena fe, desconocimiento de la utilización ilícita de los bienes o la procedencia lícita de los mismos.

 

De aprobarse la extinción de dominio sobre esta propiedad de La Merced, ésta pasará a ser propiedad del gobierno del Distrito Federal, quien deberá utilizarlo, por mandato de ley, en acciones de bienestar social.

 

Las autoridades capitalinas ya están preparando otra solicitud en contra de otro hotel ubicado en la misma zona, también por trata de personas.

 

Fuente El Universal. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SS, trata aspectos sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres y ha sido actualizada para obligar a los centros de salud de toda la República a ofrecer la posibilidad del aborto en caso de violación y la receta de métodos anticonceptivos en casos de emergencia.

 

Sin embargo esta NOM, que al ser publicada será de cumplimiento obligatorio, ha estado en la polémica. Así, ciertas organizaciones civiles acusaron a la Secretaría de Salud de haber modificado la norma de manera unilateral para quitar la obligatoriedad de que los médicos ofrezcan la posibilidad del aborto, anteponiendo su objeción de conciencia y sobredimensionando los riesgos de los métodos contraceptivos de emergencia. La Secretaría de Salud, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debe hacer consultas a los medios interesados en la materia, antes de modificar la norma.

 

En febrero pasado la Secretaría de Salud eliminó las modificaciones que había realizado discrecionalmente, pero no envió la norma a la Secretaría de Gobernación para su publicación, sino hasta principios del pasado mes de marzo.

 

Las organizaciones civiles, ante la demora en la publicación de esta norma, denunciaron ante la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, una “resistencia” del gobierno de México para proteger los derechos de las mujeres.

 

Sin embargo, la Secretaría de Salud se ha deslindado de la responsabilidad en la dilación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de esta NOM, ya que el texto y la solicitud de publicación ya se enviaron a la Secretaría de Gobernación, responsable del DOF.

 

Recordemos que las disposiciones gubernamentales, tanto leyes, como acuerdos o Normas Oficiales Mexicanas, como es el caso, son obligatorias hasta que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

 

Fuente El Universal 
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