El caso de Florence Cassez, la mujer francesa detenida, juzgada y sentenciada en México se trata más que de la impartición de justicia, de un caso politizado tanto en Francia como en México.

 

Florence Cassez fue sentenciada en primera instancia a 96 años de prisión, sentencia que se modificó tras una apelación a 60 años por los cargos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tres cargos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

 

Francia, con fundamento en la Convención de Estrasburgo para el Traslado de Personas Condenadas firmado en 1983 entre México y Europa, solicitó el traslado de esta ciudadana francesa para que purgara su sentencia en territorio francés. Sin embargo, el presidente de México anunció que no será trasladad porque no están dadas las condiciones en Francia para que cumpla su sentencia de manera completa. Esto en vista de que Francia se reservó en la firma del documento el derecho de decidir si aplicaba a los reos su propia Constitución y sus leyes.

 

Hay que precisar que este caso no se trata de una extradición porque en esta figura el estado que reclama a la persona la acusa de algún delito o la ha inculpado y la busca para cumplir la sentencia y el caso de Cassez es contrario ya que los delitos los cometió en México, donde fue sentenciada y donde está cumpliendo su sentencia. Para el estado francés esta mujer no ha cometido ningún delito.

 

Como la decisión de no trasladarla no es judicial sino una decisión directa del presidente, es decir, ejecutiva, no se puede hablar de “apelación” término que se aplica a las decisiones del poder judicial. En todo caso corresponde al gobierno de Francia la negociación del traslado siempre que asegure el cumplimiento de la sentencia de manera satisfactoria para el gobierno de México.

 

El abogado de la mujer declaró que tramitará un amparo para exponer la inocencia de su clienta y que en último caso acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son vinculatorias en México, para presentar ante ellos el caso por violación de garantías o derechos humanos. Pero la realidad es que este caso no se trata tanto de la culpabilidad o inocencia de la mujer, quien ha sido plenamente identificada como perpetradora de al menos tres secuestros, sino de la violación del proceso judicial ya que se ha acusado que hubo varias inconsistencias en la actuación procesal. Otro caso de la importancia de cumplir a pie juntillas con las leyes y normas, es decir, con el principio de legalidad.

 

En Francia se ha puesto igual empeño en su liberación como sucedió con Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla, y en México se ha enarbolado como una bandera electoral de la lucha contra el crimen. Y en medio del conflicto diplomático entre ambas naciones estamos los ciudadanos y las víctimas del crimen organizado que queremos que se cumpla el estado de derecho.

 

Fuente El Universal

 

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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que demandará por responsabilidad civil al gobierno de Sonora y a los dueños y responsables de la guardería ABC por la tragedia ocurrida a principios de este mes donde fallecieron 47 niños.

Estas demandas podrían parecer un intento de deslinde de responsabilidades del IMSS, lo cual, sin embargo, no es posible, ya que el responsable inmediato de que la guardería cumpliera con las normas de seguridad y operación es el propio Instituto, al estar subrogando a particulares una obligación que por ley le corresponde prestar al estado a través del Seguro.

Independientemente de ello, los funcionarios públicos del IMSS encargados de vigilar las guarderías y el cumplimiento de la normativa por parte de las mismas, están sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en su artículo 7 establece que “será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

En relación con el caso de la niña “robada” en un hospital del Distrito Federal, ya se detuvo a la mujer responsable de sacar a la menor del hospital y se está investigando la posible participación de los padres en el delito ya que la acusada declaró que los papás le “regalaron” a la niña.

 

Se deben precisar los términos. La bebé es una persona humana y no un objeto por lo que no se debe hablar de robo que según el Código Penal Federal es el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Por tanto, se trata de un delito de secuestro.

 

Y debido a la razón antes expuesta, tampoco se puede decir que la niña fue “regalada” y en caso de que se compruebe que los papás establecieron un acuerdo previo con la acusada, se configuraría el delito de abandono de personas.

 

Lamentablemente esta situación de “regalar” bebés no es tan inusual como nos gustaría, ya que muchos padres, quizá desesperados por su situación económica sin que ello sea excusa, entregan a sus niños a otras personas a cambio de dinero con lo que se configura la trata de personas.

 

Si la madre o el padre no pueden cuidar de sus hijos, lo ideal es que conforme a las disposiciones legales aplicables en sus estados, entreguen a esos niños en adopción, acción mediante la cual no cometen ningún delito y dan a los niños la oportunidad de integrarse rápidamente a otra familia sin que se vea complicada su situación legal.

 

Mediante este proceso la madre renuncia ante un juez a la patria potestad del menor, acto con el cual el juez entrega dicha potestad y custodia a otra persona o a una institución de asistencia que se encarga de entregar esa patria potestad a otra persona. Con este procedimiento en un plazo de dos o tres meses, el niño se incorpora legalmente a su nueva familia.

 

Cuando hay abandono, por otro lado, el estado debe dejar pasar un plazo de tiempo, que generalmente es de seis meses, antes de pronunciar legalmente el abandono, retirar la patria potestad y entregarla a las instituciones pertinentes para que a su vez busquen papás para ese niño. Y mientras el tiempo pasa, el menor no se incorpora plenamente a una familia que le provea del cuidado, atención y amor necesarios para su desarrollo físico y emocional.

 

Pero para tener en cuenta las necesidades de los niños, debemos expresarnos correctamente y dejar de hablar de ellos como si fueran objetos susceptibles de intercambio mercantil.

 

Fuente El Universal

 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió otorgar el amparo al ex director del periódico La Antorcha, de Acámbaro, Guanajuato, quien fue condenado en su momento a tres años un mes y quince días de prisión, por delito de ataques a la vida privada.

 

La sentencia fue impuesta a raíz de un juicio en donde el ex alcalde de Acámabaro denunció al que fuera director del periódico por la publicación de una entrevista con quien fuera chofer de ese alcalde ya que consideró que lo publicado le causaba descrédito y dañaba su reputación.

 

El juzgado que conoció del caso se basó en la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato, vigente en ese momento, y que tipificaba el permiso de dicha publicación como un delito de ataque a la vida privada y por tal motivo lo condenó.

 

El pasado 10 de junio los cinco propietarios de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora que se quemó y dejó como saldo hasta el momento 46 niños muertos y 11 más seriamente lesionados, solicitaron un amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en contra de los actos de las autoridades estatales y federales.

 

El juicio de amparo es una institución que protege a las personas contra actos de autoridad que violen o vulneren sus derechos o garantías individuales por lo que se requiere que exista un acto de autoridad, que puede incluso ser una ley, y que exista una lesión en los derechos de quien se ampara a raíz de ese acto de autoridad.

En el Distrito Federal se anunció una iniciativa de la Ley de Seguridad Social de la Policía del Distrito Federal para establecer en lo particular los derechos de prestación social que tendrán estos servidores públicos.

Hasta el momento, las prestaciones sociales de los policías del Distrito Federal se encuentran sujetas a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Recordemos que las prestaciones sociales y seguros que comprende la Ley del ISSSTE son los siguientes:

En Chiapas se dictó formal prisión a cinco ex alcaldes, cuatro ex síndicos y tres ex funcionarios municipales acusados de asociación delictuosa, peculado y ejercicio indebido del servicio público en relación con la aplicación de los fondos para la reconstrucción después del huracán Stan.

 

El huracán Stan ocurrió en el 2005 dejando gran destrucción y muerte a su paso por Centroamérica y afectando el sur de México, fundamentalmente en Oaxaca y Chiapas lugar este último donde el desbordamiento de un río arraso con unas 2,500 viviendas y dejó incomunicada por tierra a Tapachula por el derribamiento de los puentes de acceso a la ciudad.

 

Tras la destrucción se entregaron fondos a los municipios para las labores de reconstrucción en diferentes comunidades, pero la revisión de la cuenta pública arrojó irregularidades entre las que se cuenta falta de documentación que demuestre el cumplimiento de objetivos y metas de la reconstrucción y la aplicación de los fondos.

 

La Contraloría del estado presentó en el 2008 denuncias por este hecho en contra de 150 ex servidores públicos de diversos municipios y 300 empresas privadas relacionadas con el caso de Stan y de estas denuncias es que ahora se desprende la formal prisión de estos 12 ex funcionarios en Chiapas. Como se trata de fondos entregado por el gobierno del estado, el caso es de jurisdicción local y no federal.

 

Fuente El Universal
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En el proceso que inició Salvador Carmona en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por daño moral en virtud de la suspensión que le impusieron de por vida, el futbolista le ha anotado dos goles a la federación. Recordemos que Salvador Carmona fue suspendido por no haber pasado una prueba antodoping que evidenció su consumo de ciertas drogas. 

 

En el proceso, el principal argumento de la defensa de la FMF es que los estatutos de FIFA la obligaban a sancionar a Carmona por cosnumo de drogas y para probar esto exhibieron copias simples de los estatutos de FIFA. Pero al ser copias simples, los estatutos de la FIFA no tienen valor legal, por lo que dichos estatutos no serán aceptados en el juicio. 

 

Y el siguiente golazo contra la federación se dio cuando el equipo Cruz Azul reconoció ante el Juez que Carmona no pudo cumplir con su contrato por la suspensión impuesta por la FMF y no por mandamiento de la FIFA, decisión con la cual al jugador se le cerraron todas las puertas de clubes de fútbol y ya no puede seguir jugando. 

 

Todo parece indicar que Carmona saldrá victorioso, aunque al asunto aun le queda tiempo para llegar a una sentencia definitiva.

 

Fuente La Jornada

 
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El congreso de Nuevo León aprobó una disposición que lógica indicaba que debía haber sido aprobada desde hace mucho tiempo y que se refiere a la prohibición de los policías de portar otro medio de comunicación diferente al que proporciona la dependencia de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

 

De esta manera los policías en Nuevo León no podrán llevar durante su servicio otro medio de comunicación o radiocomunicación, bajo el riesgo de ser sancionado de incumplir esta nueva disposición a la Ley de Seguridad con una amonestación o la inhabilitación. Incluso se prevé en la ley que pueda ser acusado penalmente si se demuestra que utilizó esos aparatos para filtrar información sobre operativos.

 

La reforma obedece a que toda comunicación en ejercicio de las funciones, debe ser del conocimiento de la autoridad por lo que no vulnera ninguna libertad o derecho civil de los policías.

 

Esta disposición, debido a la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, debería ser aprobado a nivel federal y en todos los estados de la República.

 

Fuente El Universal
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