En los medios impresos se ha divulgado las diversas quejas que existen en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los Derechos Humanos en el combate al narcotráfico y delincuencia. En las distintas instancias tanto civiles como públicas, existen más de 700 quejas por allanamiento, desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y consignación de inocentes. El perfil de todas las víctimas, dice Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados del Estado de Chihuahua, es el mismo: “personas de bajo nivel económico y con algún antecedente penal”.

 

Asimismo la organización Human Rights Watch envió una carta a Hillary Clinton para expresar su preocupación por los abusos graves cometidos por los militares durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, por lo que sugirió al gobierno estadounidense que retenga parte de los fondos del Plan Mérida hasta que el gobierno mexicano garantice que todas las acusaciones de violaciones perpetradas por militares “sean investigadas y juzgadas por la autoridad civil”.

 

Todo esto ha llevado a cuestionar el papel del Ejército en el combate al narcotráfico y la delincuencia y el “fuero militar o de guerra” que impide que los elementos castrenses sean juzgados por la justicia civil.

 

Las actividades del Ejército en esta materia se dan desde hace más de quince años, con  fundamento en el artículo 89 fracción VI de la Constitución que señala como una facultad del Presidente de la República el “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la Ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sus actividades se incrementaron a partir de la administración del Presidente Felipe Calderón.

 

El papel del Ejército en materia de seguridad ya fue analizado por la Suprema Corte de la Nación la cual emitió cuatro tesis jurisprudenciales en las que establece que las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones.

 

Por otra parte, la Corte señala que el apoyo que otorgue el Ejercito a las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, es imprescindible que lo realice a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma.

 

Además, considera que en este supuesto, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.

 

Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución señala que “…subsiste el fuero de guerra, (conocido también como fuero militar), para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” Es de destacarse que este artículo nunca ha sido reformado.

 

El constituyente de 1917 decidió preservar el "fuero de guerra", para que los militares fueran juzgados por militares conforme a sus propias leyes y así conservar la disciplina militar, que es la fuerza del Ejército y "requisito indispensable para la vida de esta institución", lo que necesariamente impone "la necesidad de castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva, …cuestión tal que no se logra a través de los tribunales ordinarios, debido a la variedad de negocios de los que deben conocer.”

 

El artículo 57 del Código de Justicia Militar establece que son delitos contra la disciplina militar, entre otros, aquellos del orden común o federal, cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Este código establece que cuando en estos casos, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar. Estas disposiciones no han sido modificadas desde 1933.

Actualmente el fuero militar está siendo analizado en el seno de la Suprema Corte, pero su criterio no se definirá en el corto plazo.

 

Este es el “marco legal”  bajo el cual el Ejército ha venido actuando en el combate a la delincuencia, que no ha sido modificado o actualizado en más de setenta años, y hasta el momento no existen las disposiciones que regulen lo establecido por la Corte, por lo que el Código de Justicia Militar y demás disposiciones militares no hacen ninguna referencia a la actuación del Ejército en tiempos de paz, como coadyuvantes en la seguridad pública o sobre las sanciones en caso de violar los derechos humanos de los civiles. Sin duda las circunstancias actuales nos obligan a revisar su marco de actuación.

Y este es un llamado que las propias autoridades castrenses han hecho al poder ejecutivo y legislativo, ya que el militar se enseña sólo a obedecer al superior y a realizar las actividades necesarias para cumplir con su misión u objetivo, y corresponde a la autoridad civil definir como se debe dar esta actuación.

 

Esas disposiciones deberán mantener la disciplina militar imponiendo, como decía el Constituyente de 1917, "…castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva…” contra aquellos militares que abusen de la autoridad que les ha sido otorgada.

 

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El mexicano Alejandro Ordaz Moreno fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel en España. Se le acusa del intento  de homicidio en contra de dos policías, con los que se lío a golpes al salir de un bar el 8 de marzo de 2008. Los policías lo confundieron con un delincuente y él con unos secuestradores. (Ver Estudiante Mexicano preso en España).

 

Por cada intento de homicidio lo condenaron a 3 años y 3 meses; y a un año y 10 meses por atentado a la autoridad. A partir de ahora su abogado tiene cinco días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Madrid, que para nosotros sería el recurso de apelación ante un juzgado de Distrito.

 

Alejandro es Maestro en Ingeniería titulado por la Universidad de Guanajuato. En el momento del incidente se encontraba estudiando el Doctorado en la Universidad de Sevilla en España, becado por el CONACYT.

 

El Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, que preside Carlos Phillips Olmedo, hijo de Dolores Olmedo Patiño, anunció que ante las falsificaciones que se están presentado de la obra de Frida Kahlo, se está considerando crear un catálogo que contenga toda la obra de la artista con fichas técnicas y que incluya además una relación de sus pertenencias personales y otros artículos como cartas y diarios a fin de evitar la proliferación de falsificaciones.

 

Los derechos de la obra de Frida Kahlo no los tiene una sola persona. Por ejemplo, la obra que se exhibe en el Museo Casa Azul en Coyoacán pertenece a la Fundación antes referida. Esto porque Dolores Olmedo compró mucha obra de Frida Kahlo e incluso al morir Diego Rivera, tres años después que Frida, le cedió a la coleccionista los derechos de su obra, textos y documentos, otorgándole poder notarial sobre la obra que Olmedo Patiño poseía y que adquirió directamente del pintor, entre lo que se contaban algunas pertenencias de Kahlo. El nombre de Frida Kahlo, por su lado, es una marca registrada propiedad de Frida Kahlo Corporation fundada por una sobrina directa de la artista, Isolda P. Kahlo.

 

El Partido Social Demócrata (PSD) al no haber obtenido mínimo un 2% de la votación nacional, está destinado a perder su registro como partido político.

 

La regulación de los partidos políticos y agrupaciones políticas en México está regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece los requisitos para obtener el registro de partido político como las causas por las que se pierde tal registro.

 

De esta manera para constituir un partido político la agrupación que lo busca debe elaborar sus estatutos conforme a la Constitución y leyes mexicanas, presentar un plan de acción y tener al menos 3,000 afiliados en por lo menos 20 estados de la República o 300 afiliados en al menos 200 distritos electorales uninominales.

 

Colombia ha iniciado el procedimiento para solicitar a México la extradición de Lucía Morett quien resultara herida en marzo del año pasado en un ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC.

 

A Lucía Morett se le acusa en Colombia de asociación para delinquir con fines terroristas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

 

El procedimiento de la extradición, de acuerdo con la Ley de Extradición Internacional inicia con una solicitud del estado reclamante, en este caso Colombia, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde deberá entregar la orden de aprehensión, los delitos que se le imputan y pruebas suficientes de que esa persona cometió los delitos. Después de una evaluación, de considerarlo procedente, Relaciones Exteriores entrega el expediente a la Procuraduría General de la República para que promueva ante el Juez de Distrito competente que se dicte el auto de detención de la persona reclamada.

 

El pasado 7 de julio se celebró la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del juicio que se sigue en contra de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, maestro que el 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero por su relación con Lucio Cabañas. (Ver La CIDH conoce caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla).

 

Aunque el estado mexicano, a través del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont,  admitió la desaparición y muerte del Sr. Radilla, desconoció la competencia de la Corte para enjuiciar a nuestro país por hechos que ocurrieron antes de que ésta empezara a funcionar, en 1979, y de que México ratificara la Convención Americana de Derechos Humanos e ingresara en 1998 a ese tribunal y defendió la aplicación del fuero y del código de justicia miliar.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes legales de la familia de Radilla Pacheco respondieron que el Estado mexicano es culpable del delito de lesa humanidad. 

 

Las partes deberán presentar sus argumentos por escrito a más tardar el próximo 14 de agosto y se emitirá sentencia en el segundo semestre de 2009, según datos oficiales.

 

Fuente El Universal

 

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Los padres de Vania Vanesa Carmona Córdova, una niña de siete meses que presenta quemaduras en casi todo el cuerpo que le dejarán daños permanentes por el incendio ocurrido en una guardería en Hermosillo, Sonora, han presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la primera demanda por responsabilidad patrimonial del Estado.

 

En términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que  reconoce el derecho a la indemnización a aquellos que “…sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad irregular del Estado”, están exigiendo un indemnización no menor a mil millones de pesos.

 

Esta ley, al ser federal, aplica sobre entidades y dependencias de la Federación como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Después de la lucha entre los partidos y luego entre el Congreso y el gobierno para sacar adelante la nueva Ley de la Policía Federal, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos la ha impugnado por considerar que la misma viola las garantías constitucionales de los ciudadanos en los apartados que se refieren a las operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir y combatir delitos.

Así, la Comisión promovió un juicio de acción de inconstitucionalidad en contra de la citada Ley, asegurando que se violó la Constitución Política porque en la Ley de la Policía Federal no se fijaron los lineamientos mínimos bajo los cuales se podrán llevar a cabo estas actividades; y porque se dejó abierta la posibilidad de que dichas figuras puedan ser utilizadas para cualquier tipo de delito y no sólo para casos de delincuencia organizada pero este no será impedimento para que las operaciones encubiertas y de usuarios simulados se puedan llevar  acabo.

Esperemos que este asunto se resuelva en beneficio de la ciudadanía.

Fuente: Noticias al día

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Es interesante ver como los criterios sobre la igualdad, la discriminación y los derechos humanos han ido evolucionando.

 

En 1923 el Código Civil de Sonora prohibía el matrimonio de mujeres mexicanas con individuos de raza china.

 

Lo más increíble es que la Corte le negó el Amparo a una persona de origen chino, señalando que esta disposición no se consideraba “…anticonstitucional, ya que tal prohibición no implica una restricción  a las garantías individuales…”, debiendo considerarse como un impedimento más, estando esta disposición “…ajustada a derecho; sin que pueda decirse que esa ley sea privativa (el Código Civil de Sonora), porque no se ha expedido para aplicarla exclusivamente a una persona, sino a todos aquellos casos en que se pretendiera contraerse matrimonio en la circunstancias que prohíbe, y con tal procedimiento no se priva  a los interesados de ningún derecho, porque no lo tienen…”