El  22 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional que facultan al Procurador General de Justicia Militar para representar al Ejecutivo Federal en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten ante la Suprema Corte, ampliando aquellas que se refieren al juicio de amparo.

 

Como todo lo relativo al Ejército en general, este tema se ha prestado a controversia y declaraciones descalificando esta reforma.

 

Para algunos, como Pablo Gómez, Senador de la República,  implica una violación a la Constitución por que la misma concede esta facultad a la Consejería Jurídica de la Federación, afirmación alejada de la realidad, o que el ejecutivo no puede asignar funciones a las dependencias.

 

Otros, como el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Alfonso Suárez del Real, señalan que se otorga una facultad extraordinaria al fuero militar e implica un deslinde por parte del Presidente como comandante de las fuerzas armadas, para asumir los costos que implica su actuación en materia de seguridad interior.

 

En una conferencia ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la pobreza será un obstáculo para que los países en desarrollo puedan tener acceso a la futura vacuna contra la influenza humana debido a la imposibilidad de pagar las vacunas y consideró que un obstáculo adicional son las disposiciones en materia de propiedad intelectual y patentes.

 

El Mercosur,  por su parte, en su próxima conferencia se prepara para solicitar a la Organización Mundial de la Salud su intermediación para garantizar el acceso a las vacunas, a los reactivos y a los antivirales para los países en vías de desarrollo.

 

Se señala que en la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial de la Salud se propuso declarar a la vacuna contra la Influenza A/H1N1 como “Bien Público Universal”.

 

En nuestro país la Ley de la Propiedad Industrial señala en su artículo 77, que por causas de emergencia o seguridad nacional,  incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual podrá  declarar que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

 

Será interesante ver si una vez que se desarrolle la vacuna y se registre en nuestro país la patente, el Gobierno Mexicano hace válida esta disposición.

 

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Durante las pasadas campañas políticas, muchos candidatos de diferentes partidos políticos anunciaron como promesas de campaña la reducción de los sueldos de los altos funcionarios. Y se trata de una promesa populista que seguramente a algunos les habrá ganado votos.

 

Sin embargo la nueva legislatura de la Cámara de Diputados no será la que se encargue de impulsar esta propuesta toda vez que se trata de un decreto que al modificar los artículos 75, 115, 116, 122,123 y 127 de la Constitución, establecen que ningún funcionario público podrá percibir un sueldo mayor que el Presidente de la república. A esta iniciativa de reforma se le ha conocido como ley de los salarios máximos aunque no se trata formalmente de una ley.

 

Como se trata de reformas constitucionales el decreto fue enviado a las legislaturas de los estados para que lo votara y en su caso aprobaran y el miércoles pasado la Comisión Permanente recibió la notificación de que ya habían recibido la aprobación de 17 legislaturas estatales.

 

Los estados que aprobaron las reformas son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luís Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

 

Al haberse obtenido los votos necesarios para las reformas a los mencionados artículos constitucionales, el presidente de la Comisión Permanente, el senador Gustavo Madero Muñoz declaró aprobado el decreto y solicitó que fuera enviado al Presidente para seguir el proceso legislativo.

 

En la sesión el senador Francisco Arroyo solicitó que el decreto se enviara directamente al Diario Oficial de la Federación para ordenar su publicación aduciendo que el presidente no puede vetar este decreto. Sin embargo, al depender el Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación y ésta ser parte del ejecutivo, no hay motivo para que el decreto no pase por el Presidente y sea él quien ordene su publicación.

 

Fuente Comisión Permanente

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El ex presidente Vicente Fox, vuelve a estar en los medios, para su satisfacción, por la construcción de un hotel en los terrenos que ocupa la hacienda San Cristóbal.

 

En la ex Hacienda San Cristóbal se construyó el llamado “Centro Fox” que aloja un centro de estudios, biblioteca y museo y además incluye réplicas de la Oficina Presidencial y de la Sala de Gabinete.

 

Su misión es el contribuir al fomento de liderazgos en base a valores sociales a través de una plataforma que promueva equidad, para impulsar las ideas y acciones de nuestra gente proyectándola nacional e internacionalmente. 

 

Ahora el “presidente” Fox pretende construir en esa propiedad un hotel de cuatro estrellas. En una primera fase tendrá siete habitaciones, para que finalmente opere con quince, y conectará directamente con el Centro Fox, pues se edifica en el casco de la ex Hacienda San Cristóbal.

 

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal detectó que se edifica sin permisos de construcción, de uso de suelo ni estudios de impacto ambiental, por lo que se podrían hacer acreedores a una multa equivalente al 50% del valor de cada una de las cabañas que se han edificado, aproximadamente 250 mil pesos. El Centro Fox señala que sólo “se ha iniciado la remodelación de los cuartos originales, para dar servicio a los visitantes”.

 

Sin embargo, el alcalde de San Francisco del Rincón, municipio en donde se encuentra el rancho, descartó que se vaya a multar al ex presidente Vicente Fox, “para ser justos o parejos”.

 

Ahora algunos medios señalan que el ex presidente podría ser condenado a diez años de cárcel por la construcción de este hotel, ya que la ex hacienda es un monumento histórico y no cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

 

En términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, artículo 36, son monumentos históricos, las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

 

Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos, previa autorización del Instituto correspondiente.

 

A quien dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

 

El casco de la ex Hacienda, data de 1614, por lo que de conformidad con la ley, podría ser considerado monumento histórico. Pero si ya se construyó el centro de estudios, difícilmente negarán la construcción del hotel. ¿Y el respeto a la legalidad y el estado de derecho?

 Fuente El Universal

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El Director de Asuntos Jurídicos del DIF del Estado de México declaró que este año se han encontrado menos cantidad de recién nacidos abandonados que en años anteriores como el 2008 en donde se abandonaron 100 bebés.

 

Los niños abandonados cuentan con algunas horas de nacidos y son abandonados en sitios inhóspitos, sin papeles que los vinculen con sus padres biológicos y se cuentan más niñas abandonadas que niños. A ese respecto no explicó si se debe a que el índice de natalidad de niñas es mayor que el de niños o a motivos culturales discriminatorios.

 

Brevemente explica que el proceso legal que sigue al rescate de estos menores es el de registrarlos para que mediante un Acta de Nacimiento se haga constar la existencia de esa persona jurídica, además de asignarle un nombre lo cual es uno de los principales derechos de toda persona. De esta manera se escogen un nombre y apellidos para asentar en el acta.

 

La Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados que inicie el llamado juicio de procedencia con la finalidad de eliminar el fuero del actual diputado por el PRD, Víctor Varela, e iniciar así la acción penal en contra de esta persona por daño en propiedad privada por un monto de $127,000 pesos.

 

El fuero político es una figura que nació con la idea de proteger a ciertos servidores públicos, entre ellos a los legisladores, tanto federales como locales, de ser perseguidos por sus acciones o por sus declaraciones cuando hicieran uso de la voz en la Tribuna, en una época en que podían ser perseguidos políticamente por defender a la naciente democracia mexicana.

 

En estos momentos muchos analistas se cuestionan sobre la guerra que nuestro país ha desatado contra el narco y el replanteamiento de la misma.

 

Hasta ahora lo que hemos visto es un ataque frontal en el que han muerto miles de mexicanos, criminales o no, y que no ha resultado del todo eficiente porque si se elimina la cabeza de un grupo que se pulveriza, éste se convierte en otros dos, y desaparece uno y lo sustituye otro. Y más aun se han envalentonado manifestando abiertamente su intención de seguir delinquiendo y enfrentarse al Estado.

 

 ¿Pero este es el único camino? No, definitivamente no.  Siempre existen distintos caminos para llegar a un mismo destino.

 

Si estas operaciones las realizan los criminales por que son muy lucrativas, entonces sigamos el dinero. Lo hacen por avaricia, entonces quitémosles el producto de ésta. Si nos referimos a la historia, a Al Capone lo detuvieron por sus nexos con el dinero, por evasión fiscal, no por los demás delitos que cometió.

 

Aunque el combate al lavado de dinero data de 1986 en Estados Unidos en México aparece el concepto por primera vez en 1990 en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. En 1996 se incluye en el Código Penal Federal en el artículo 400 bis.

 

Esto ha dado origen a diversa normatividad que obliga a las entidades financieras a notificar a las autoridades sobre operaciones sospechosas, a partir de un determinado monto, y están obligados a dar seguimiento a ese tipo de clientes. Inclusive, existen medidas para supervisar las cuentas de funcionarios de alto nivel y de sus familiares, definiéndoles como personas económicamente expuestas. Esto con independencia de las investigaciones que pueda realizar la PGR cuando no se utilice el Sistema Financiero Mexicano.

 

El problema es que estos mecanismos no han sido utilizados en forma eficiente por nuestro país. Según el FMI en su Reporte de Evaluación Detallada sobre Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, las autoridades mexicanas solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, aunque la PGR dice que son 47.

 

Por otra parte, cifras de la propia PGR revelan que la mayoría de las sentencias obtenidas en 2007 por el delito de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero en aeropuertos del país durante operativos contra el crimen organizado o bien por denuncias anónimas.

 

Hacienda por su parte reporta que ha presentado 126 denuncias por presunto lavado de dinero. Este es uno de los problemas, ya que es un delito que se persigue por querella o denuncia por parte de las autoridades fiscales.

 

Todos sabemos que ese dinero está incrustado en nuestra economía y que representa montos exorbitantes. Tal vez por eso, y por el miedo a generar una mayor inestabilidad económica, es que nuestro gobierno no ha hecho uso de todas las armas legales con que cuenta.

 

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En su discurso de clausura del periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayoagoitia recordó que es por disposición de ley que la Corte funcione en dos periodos de sesiones por lo que la clausura de este periodo es por ministerio de ley y no por arbitrio o capricho de los ministros como se expiso en varios medios de comunicación.

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que “La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre”.

 

El ministro Mayagoitia aseguró que no se trata de interrumpir el trabajo sino de reordenarlo porque los órganos y las comisiones permanecen en funciones. Esta reordenación es para poder seguir en el segundo periodo con las funciones y temas pendientes de la Corte.

 

Estos grandes temas que tendrán que resolver los 11 ministros que conforman nuestra Suprema Corte de Justicia en el siguiente período son:

En virtud de la condena de ocho años y cuatro meses de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Sevilla en contra de Alejandro Ordaz Moreno al encontrarlo culpable de los delitos de intento de homicidio y de atentado contra la autoridad, la Embajada de México en España ha sido sometida a duras críticas por su escasa intervención en el asunto o su silencio después de la sentencia, e inclusive los padres del joven alegan que la situación se alargó por el consulado y que este no actuó como debía.

 

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores la protección consular es el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y atender sus demandas.

 

La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece, como obligación del servicio exterior y especialmente del servicio consular “proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, los derechos de los mexicanos en el extranjero y mantener informada a la Secretaría de la condición en que se encuentran los nacionales mexicanos, particularmente en los casos en que proceda una protección especial”. Entre los servicios que se presta está la asesoría jurídica, que puede ser a través de los abogados consultores de las representaciones.