Debido al gran descontento de la ciudadanía con los partidos políticos, la selección de sus candidatos y la falta de propuestas serias, se ha estado planteando por diversos grupos y organización civiles sin fines partidistas, la anulación del voto en las próximas elecciones del 5 de julio.

La anulación del voto es un medio de protesta social, que si bien no está ampliamente regulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) no tiene los mismos efectos políticos que el abstencionismo, es decir, el no asistir a la casilla.

De acuerdo con el COFIPE, en su artículo 274, es un voto nulo:

“a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.”

Estos votos nulos se contabilizan al final de la elección, al igual que las boletas sobrantes que son de las personas que dejaron de ir a votar y por lo tanto no se utilizaron. Pero sus efectos jurídicos son diferentes, al menos de primera instancia.

Lo anterior porque cuando el paquete electoral de una casilla determinada llega al Consejo Distrital y resulta que hay más votos nulos que la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar de la votación, dicho Consejo deberá abrir el paquete electoral y volver a realizar el escrutinio y cómputo de los votos. Esto según la fracción II del inciso d) del artículo 295 del mismo COFIPE y es una regla que se aplica en las elecciones de diputados, senadores y presidente.

Desafortunadamente los legisladores no previeron lo que sucedería legalmente si resultara que después del conteo del Consejo Distrital, la cantidad de votos nulos permaneciera inalterada, es decir, que existan más votos nulos que diferencia de votos entre el candidato en primer lugar y el del segundo lugar. O incluso, que existiera una mayor cantidad de votos nulos que votos a favor de algún candidato.

Pero aunque legalmente no haya nada previsto, por el momento, políticamente no es lo mismo haber obtenido una victoria frente a otro candidato de otro partido político que frente a la manifestación social de estar en contra de esa victoria. Eso habla de una ciudadanía más madura y lista para ejercer una verdadera presión para que los diputados, en el caso de estas elecciones, trabajen en función de México y no en beneficio propio.

Y está ahí la radical diferencia con el abstencionismo que solo habla de una ciudadanía apática a quien no le interesa quien la represente y como tal no vigilará la actuación de sus gobernantes y representantes.

Por ello lo importante es acudir este 5 de julio a votar. No se trata de anular el voto por anularlo ya que si tienes un candidato en el que crees, vota por él. Pero si no estás de acuerdo con ninguno y con ningún partido político, es mejor anular el voto que dejar de votar.

Será interesante ver la reacción de la clase política frente a una ciudadanía exigente y demandante que ya no está dispuesta a quedarse callada.

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José Luis González González, quien fuera propietario y director general de la empresa PubliXII dedicada a vender automóviles a precios más bajos que los del mercado, a condición de que se portaran durante tres años anuncios publicitarios, y quien fue detenido en Jalisco en noviembre pasado, fue sentenciado en el primer proceso que se lleva en su cotra a 40 años de prisión por fraude genérico cometido contra 28 personas.

 

El juez lo condenó asimismo al pago de $139.680 pesos por concepto de multas y &1, 053,000 pesos de reparación de daño a los 28 defraudados.

Esta, sin embargo, es la primera sentencia que se dicta contra Gonzáles. Ya en noviembre pasado en que se dio su captura, reportábamos que se segurián varios procesos en su contra debido al número de personas que fueron defraudadas por su empresa.

 

Relacionado con este fraude ya se han condenado a otras cuatro personas, entre quienes se cuenta el socio de González, Nelson Lozada Garay, condenado a 617 años, 6 meses y 16 días de prisión.

 

Fuente Noticias MSN

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En el Código Penal Federal existe un capítulo denominado Delitos de Ultrajes a la Nación y en su artículo 191 establece que a quien "ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez”.

 

Este es el delito que hace ocho años cometió un poeta de Campeche al publicar en una revista local un poema denominado La patria entre mierda en donde al hacer alusión a la bandera nacional, ofendió a una asociación civil que lo denunció ante la Secretaría de Gobernación.

 

Sergio Witz, el poeta, fue sancionado con multa de $50.00 pesos, que aunque la cantidad es irrisoria, la sentencia pretendía sentar un precedente para desmotivar el uso de los signos patrios de manera ofensiva. Pero este hecho dio ocasión a Witz para defender lo relativo a su libertad de expresión, ya que aunque expresó que su poema no es bueno y ni siquiera le gusta, es su derecho de expresar sus sentimientos.

 

Con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el 29 de mayo, se crean nuevos organismos y se asignan nuevas facultades tanto al Procurador, subprocuradores, ministerios públicos y policías ministeriales, entre otros.

 

Bajo la nueva legislación los auxiliares directos del Ministerio Público son los oficiales ministeriales, la Policía Federal Ministerial, la policía federal y los servicios periciales. Anteriormente los auxiliares eran la policía federal investigadora y los servicios periciales e indirectamente auxiliaba la Policía Federal Preventiva.

 

La Policía Federal Ministerial sustituye a la policía Federal Investigadora, conocida cotidianamente como AFI y a los actuales agentes se les concede un período de 30 días para que declaren si desean seguir en funciones, ahora como policías ministeriales, ser reubicados en la administración pública federal o sujetarse a un plan de conclusión definitiva de servicios. De continuar prestando servicios, deberán someterse a los controles de confianza y sujetarse a las condiciones del servicio civil de carrera que se llama en la ley de competencias profesionales, al igual que lo deberán hacer los ministerios públicos en lo particular y en lo general todo servidor público de la PGR.

El pasado miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo por el cual se hace un llamado al Ejecutivo Federal para que se publiquen diferentes leyes que fueron aprobadas por el Congreso en el pasado período de sesiones ordinarias que concluyó el 30 de abril.

 

Estas leyes ya cumplieron prácticamente todo el proceso legislativo y solo falta la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación para tener plena vigencia y poder formar así parte del marco jurídico de nuestro país.

 

Los decretos de leyes que fueron aprobadas pero que no han sido publicadas, suman más de 30 y entre las más importantes están las leyes en materia de seguridad como la Ley de la Policía Federal, que es una nueva ley y las reformas al Código Penal Federal y Código de Procedimientos Penales. También está en espera la Ley General de Turismo y reformas a la Ley General de Salud.

 

Al momento de hacerse el llamado no se habían publicado la Ley de Extinción de Dominio, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ni la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, las cuales fueron publicadas el día de hoy 29 de mayo.

 

Por fechas de aprobación de los decretos, las leyes que están en espera de ser publicadas para iniciar su vigencia son las siguientes:

A partir de la cobertura que ciertos medios le dieron al caso de Jacinta, la mujer que fue condenada a 21 años por secuestro de agentes de la AFI, el Consejo de la Judicatura Federal ha estado publicando comunicados con las actuaciones relativas a la reposición del caso con la finalidad de hacerlas transparentes.

 

El lunes pasado se efectuó el careo de Jacinta con una testigo del caso. De acuerdo con el comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, en la diligencia estuvo presente un perito traductor de nombre Zeferino Esteban Ventura, cuya intervención no fue necesaria pues la acusada respondió en fluido castellano.

 

Sin embargo los medios reportan que el día 26 no hubo perito traductor con lo que acusan que se siguen violando los derechos de esta mujer otomí. El CJF, al momento de escribir esta nota, no había publicado comunicado alguno al respecto, por lo que desconocemos si en efecto no hubo perito traductor o si no fue requerido por la comprensión del idioma de la acusada.

 

La Secretaría de la Función Pública negó la solicitud de licencia sin goce de sueldo que hizo Miguel Ángel Jiménez para separarse del puesto de director general de la Lotería Nacional mientras se llevan a cabo las indagatorias sobre los presuntos sobornos a favor de candidatos del PAN en Campeche. La licencia fue solicitada para que no se considerara que su permanencia en la dirección de la LOTENAL pudiera entorpecer dichas investigaciones.

 

Cuarenta y siete días después de que hiciera la solicitud, la SFP contestó que no se le otorga licencia. En su comunicado menciona que no se entorpecen las investigaciones del supuesto delito con su permanencia al frente del organismo, aunque la razón real de habérsele negado dicha licencia es que dentro de la estructura de la Lotería Nacional no está considerado un sistema de suplencias por lo que de habérsele concedido dicha renuncia el organismo hubiera quedado acéfalo.

Con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año, empezó el plazo de un año para que las empresas que tienen concesión para prestar el servicio de telefonía móvil registren a todos los usuarios de líneas de los llamados celulares, con la finalidad de que se cuente con una base de datos que sirva para la investigación de la comisión de diversos delitos como la extorsión o el secuestro.

El registro de las líneas no es algo nuevo en el mundo. De hecho es una práctica que se efectúa en casi todos los países de Europa y aunque se trata de leyes un tanto controvertidas, los datos registrados quedan protegidos por normas de privacidad y la función que se cumple con este registro es también el de seguridad.

En México, bajo esta ley, es obligación de las empresas de telefonía móvil registrar los siguientes datos:

El pasado 30 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa fue reconocida por México el 16 de diciembre de 1998, ordenó nuevamente al estado mexicano a implementar todas las medidas cautelares convenientes a fin de proteger la vida y la integridad corporal de diferentes indígenas en el estado de Guerrero.

El grupo de las personas protegidas por la resolución lo conforman una mujer defensora de los derechos humanos y su familia; una mujer que reportó haber sido violada por miembros del ejército y cuya causa penal se está siguiendo; 41 miembros de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco; 29 miembros de la Organización de la Montaña Tlachinollan; y los familiares de Raúl Lucas Castro y Manuel Ponce Rosas quienes fueron asesinados.

Todas estas personas que conforman comunidades enteras han declarado haber sido víctimas de amenazas y agresiones por miembros del ejército y que a partir de que se han establecido en sus comunidades su forma de vida ha tenido que cambiar sustancialmente debido a la manera en que se han conducido no solo los miembros del ejército sino también los policías y autoridades municipales.