Un grupo de personas que defiende a las personas con discapacidad solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la CONAPRED, la capacitación contra la discriminación de dos actrices de Televisa, Galilea Montijo y Roxana Castellanos, quienes en el programa Hazme Reír, jugaron una pesada broma a otro actor de nombre Sammy, quien padece discapacidad intelectual moderada.

 

Sin embargo, la CNDH carece de competencia para conocer este tipo de hechos ya que dicho organismo solo puede conocer de quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades y servidores públicos de carácter federal, salvo del Poder Judicial, y la organización que se queja lo hace en contra de personas físicas que no son autoridad y en contra de una persona moral, la televisora, que tampoco es autoridad.

 

La CONAPRED, por su lado, sí puede conocer de este tipo de quejas y tiene la facultad de iniciar un procedimiento conciliatorio entre las partes, si así lo aceptan ambas partes, o en su caso de asesorar al quejoso y canalizarlo a las instancias judiciales apropiadas. Pero para hacerlo habría que ver si con su actuación tanto la empresa como las actrices acusadas discriminaron a la supuesta víctima.

 

 

La candidata (o ex candidata) panista a diputada local, Dania Ibett Puga, quien estaba en cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales en el estado de Colima, fue detenida el pasado lunes tras haber robado algunos artículos de una tienda departamental. El partido que la respaldaba ya anunció que están en trámites para retirar su candidatura de una lista que ya había sido aprobada por el Instituto Electoral de Colima, y piden a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias respecto de los hechos que consideraron de gravedad.

Pero éste no es el único caso de una persona que se postula a una candidatura y que tiene un pasado de conflictos con la ley. Está también el caso de Lucía Morett, quien está vinculada con las FARC y a quien el PT ofreció una candidatura para evitar que en el futuro sea perseguida “injustamente”.

Sin caer en análisis políticos que no nos corresponden en este espacio, pretendemos recordar nada más los requisitos para ser diputados, establecidos en el artículo 55 de la Constitución Política:

La organización mexicana de consumidores El Poder del Consumidor (EPC) presentó una queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) en contra de Bimbo por publicidad engañosa en vista de que venden el pan integral como 100% integral, cuando no utilizan trigo integral, sino harinas procesadas que son muy dañinas para las personas diabéticas y que favorecen la obesidad, casualmente dos de las enfermedades que aquejan a la gran mayoría de la población de nuestro país.

 

Según declaración del director de EPC, Alejandro Calvillo, la PROFECO no contestó a esta queja razón por la cual la organización de consumidores tramitó un Amparo contra la dependencia por haber violado el derecho de petición, consagrado en la Constitución, al no responder sobre el particular. Dicho Amparo fue presentado el 23 de octubre pasado ante el Juzgado 4 en materia Administrativa, radicado en el Distrito Federal.

En lo que es un esfuerzo por regularizar diversas situaciones legales de los bienes de los mexicanos, iniciaron en el Distrito Federal las llamadas Jornadas Notariales que tienen la finalidad de prestar, con descuentos de hasta el 80%, diversos servicios notariales.

Entre estos servicios están la escrituración de inmuebles, la elaboración de testamentos y los trámites sucesorios, así como el otorgamiento de diversos descuentos como del impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos del Registro Público de la Propiedad.

Estas jornadas en el Distrito Federal iniciaron en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco y ocurren del 18 al 23 de mayo.

A nivel federal se lleva a cabo un programa parecido a este en el mes de septiembre, pero solo se refiere a testamentos, otorgando un descuento al realizar el trámite.

Todos estos programas pretenden, como ya se mencionó, regularizar las situaciones legales de muchos mexicano que no lo hacen por el alto costo de los trámites notariales, y se trata de situaciones que si se dejan pasar de largo pueden ocasionar serios perjuicios para las personas que muchas veces terminan en largos juicios que pudieron ser evitados con un trámite.

Fuente Excelsior

miabogadoenlinea.net

Al declararse por parte del Consejo de Salubridad General de que la Influenza se trata de una enfermedad grave, varios laboratorios nacionales han estado ejerciendo presión ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que las patentes de los medicamentos que se utilizan para curar dicha enfermedad, como el Tamiflú, se abran y pueda ser fabricado por estos laboratorios mexicanos.

La solicitud se base en el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece en su primer párrafo que “por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto (IMPI), por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.”

En una demanda para exigir el pago de pensión alimenticia, el demandado se defendió poniendo en tela de juicio su paternidad y presentó una solicitud para que se practicara una prueba de laboratorio para que mediante el análisis del ADN determinara si él es o no el padre de esos niños.

 

La madre de los menores, que demandó el pago de pensión alimenticia, se amparó contra la solicitud de la prueba de ADN argumentando que la sola solicitud de la misma violaba el artículo 4° constitucional de sus hijos al no garantizarles su derecho a una vida digna al tener que someterse a las pruebas de laboratorio.

El miércoles venció el plazo para que los países presentaran ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Marítima, CLSC por sus siglas en inglés, sus límites de la plataforma continental.

La exposición de dicha información se fundamenta en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y pretende asentar los límites de cada país y sus reclamos sobre las plataformas continentales de tal manera que después del 13 de mayo no se aceptarán reclamos no expuestos ante la Comisión que pertenece a la ONU.

La plataforma continental, según la CONVEMAR comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. Su importancia radica en el hecho de que el estado que reclama la plataforma continental es quien tiene la facultad de explotar esa zona en sus recursos.

La nota del día es sin duda la “orden” del IFE a YouTube para que retire un video que circula hace más de un mes en la red, en donde con la canción de la película de Rudo y Cursi, que es copia de una canción en inglés, parodian al gobernador de Veracruz.

 

Independientemente de que el hecho ha generado más visitas al canal de YouTube con este video, queda por resolver la cuestión legal, ya que de acuerdo con la prensa nacional, el consejero del IFE, Marco Antonio Gómez, declaró que se solicitó con base en la Constitución el retiro de dicho spot.

 

Hay que definir sin embargo el artículo en el cual se está basando el IFE para “ordenar” que se retire el spot y luego se debe definir que se considera spot publicitario, porque el video en cuestión no es propaganda ni a favor ni en contra de ningún candidato o partido político.

 

Pero además, con el video no se contrató tiempo, ya que de haber sido así el IFE si tendría capacidad legal de ordenar que se retirara (y aún quedaría la duda si puede interferir en Internet). Y el video tampoco se puede catalogar de propaganda política o electoral que denigre a las personas como lo establece el apartado C del artículo 41 de la Constitución, porque solo plantea, desde el punto de vista del creador, hechos.

 

¿Puede entonces el IFE ordenar a YouTube que se retire el video? Consideramos que no existe esa capacidad legal, como si la tienen con medios como la televisión o el radio cuando se trata de publicidad pagada.

 

En todo caso se trata de una cooperación que preste YouTube al IFE, de la cual habló en febrero pasado el gerente de comunicación de la empresa en América Latina, Ricardo Blanco, quien en entrevista con el Excelsior dijo que en YouTube estaban “completamente dispuestos a colaborar con las autoridades locales y federales para revisar cada caso y generar un balance entre los involucrados” y retirar videos difamatorios, que incumplan su reglamento y políticas de uso, cuidando de mantener el balance entre la libertad de expresión de los usuarios y el respeto.

 

Sin duda el video en cuestión es difamatorio, pero no ataca a ningún candidato porque el gobernador de Veracruz no es candidato a nada, por lo que creemos que Fidel Herrera más que acudir ante el IFE debería acudir ante el poder judicial y denunciar por difamación a quien creó y subió a la plataforma de YouTube el video, quien para exculparse tendría que demostrar todo lo que dice en la parodia de la horrible canción de Rudo y Cursi.

 

Fuente El Universal y Excelsior

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Es una realidad que las leyes no siempre son justas para todos, pero el derecho se trata precisamente de buscar el bien de la mayoría.

La protección al medio ambiente no escapa de esta realidad y a veces la aplicación de las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pueden ser injustas si no se aplican en la justa medida de las necesidades.

 

Los indígenas Cucapá del estado de Sonora han interpuesto un amparo en contra de la prohibición de pescar en las márgenes y delta del Río Colorado, que fue declarada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California.

 

La etnia Cucapá tiene sus orígenes en la época prehispánica y se trata de un grupo binacional ubicado en la frontera norte de México, conformado por tres asentamientos y entre los tres no existen más de mil habitantes.

 

Los indígenas alegan que la pesca es parte de su cultura y medio de subsistencia y en ese sentido argumentan que tienen un volumen de pesca por temporada de 250 toneladas.