Desde el pasado 2 de junio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó la suspensión temporal de las operaciones de los 25 aviones de Aviacsa, hasta en tanto esta compañía no resuelva las 280 anomalías que supuestamente presenta.

 

Por supuesto que esto ha traído como consecuencia un pleito en los tribunales en el que tanto la empresa como las autoridades se manifiestan victoriosos.

 

La compañía interpuso un amparo en contra de SCT, ante el Juez V de Distrito de Ciudad Valles, San Luís Potosí, el cual concedió la suspensión provisional, es decir, permitió a Aviacsa continuar volando hasta en tanto se determinaba si es constitucional la actuación de SCT.

 

Pero SCT interpuso un recurso de queja en contra del Juez V, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, y el día 11 resolvió que la queja era fundada. SCT dice que con base esa resolución quedaba firme la prohibición de la SCT para que los aviones de Aviacsa se queden en tierra, y que la misma es irrevocable.

 

Sin embargo este fallo no impedía resolver sobre la suspensión definitiva, así ayer  Aviacsa informó que el juez quinto de distrito, ya le otorgó la suspensión definitiva en contra de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que 20 de sus aeronaves pueden reiniciar operaciones en virtud de que cuenta con certificados de aeronavegabilidad expedidos por las propias autoridades de la SCT el pasado 30 de mayo.

 

Resultan extrañas y contradictorias las dos posiciones. En todo caso, es de destacar que las consecuencias de la queja es que el juez deje sin efectos la resolución en que concedió la suspensión provisional y emita un nuevo fallo en los términos establecidos por el Tribunal Colegiado. Así que el asunto no ha concluido como dice SCT.

 

Mientras compañía y gobierno se dan con todo lo que tienen, las personas que ya tenían sus boletos, siguen sin poder volar.

 

Fuente Exonline

 

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En una decisión un poco tardía, la Corte decidió amparar a los empresarios que impugnaron las reformas al Impuesto al Activo de 2007 que les impedía deducir las deudas que contrajeron con sus proveedores.

 

La decisión podrá beneficiar a 15,000 empresarios que promovieron el amparo, los cuales podrán hacer estas deducciones, pero deberán pagar el impuesto  a una tasa del 1.8%, que era la vigente en 2003.

 

En términos reales esto implica que el gobierno federal tenga que devolver casi 4 mil millones de pesos. El procurador Fiscal lo consideró un triunfo porque esperaba que la cantidad a devolver sería mayor.

 

Si de antemano se hubiese analizado las consecuencias de esta reforma o se hubieran hecho adecuadamente, el Gobierno no tendría que hacer este gasto. Esta es otra situación que demuestra la importancia del cumplimiento de la legalidad.

 

Fuente SCJN y El Universal

 

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En otro asunto que tienen que ver con el bienestar de los niños en nuestro país, se dio a conocer que los familiares de cinco niños “perdidos” en el albergue de Casitas del Sur acudió ante el Alto Comisionado de la ONU en México para solicitar su intervención en la búsqueda de los niños.

 

Estas personas, entre quienes está la mamá de Ilse Michel, manifestaron que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal los han acosado.

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió una oficina en México en julio de 2002 tras un acuerdo suscrito con el gobierno y trabaja no solo con autoridades sino también con distintas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

 

El periódico El Universal publicó una nota en donde da a conocer que un grupo de ejidatarios en Tamaulipas, representados por los abogados Diego Fernández de Cevallos y Javier Lozano Gracia, ganó un Amparo en revisión el pasado mes de noviembre por la inconstitucionalidad del Decreto de Expropiación por el cual el gobierno hizo uso de sus tierras para construir y operar los que hoy en día es el Puerto de Altamira.

Por ley, toda expropiación debe darse mediante un decreto del ejecutivo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en donde se exponga la causa de utilidad pública por la que se hace la expropiación y el monto con el que se indemniza a los propietarios de ese bien o bienes.

Lo anterior quiere decir que las expropiaciones son públicas, que solo se hacen por causas que beneficien a la población, llamadas de utilidad pública, y que se especifican en la propia ley y que a cambio el gobierno indemniza al afectado. La ley que reglamenta esta materia es la Ley de Expropiación.

Tras el muy lamentable incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora, se empiezan a deslindar responsabilidades para encontrar a los responsables por las faltas de condiciones de seguridad y medidas de protección civil bajo las cuales funcionaba la guardería.

Esta guardería operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El régimen obligatorio del IMSS comprende los siguientes seguros: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

Hablando en específico del servicio de guarderías a madres trabajadoras, el IMSS opera con un esquema de subrogación por el cual otra persona, un particular, presta el servicio directamente a los derechohabientes en lugar del propio IMSS. Así lo establece el artículo 213 de la Ley del Seguro Social que dice que el Instituto podrá celebrar convenios de subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

El tema penitenciario se ha vuelto a poner bajo el reflector público, como suele hacerse periódicamente, aunque la realidad sea que se discutan los viejos problemas una y otra vez sin que aparentemente se estén resolviendo.

 

La sobrepoblación de reos, la falta de trabajo carcelario o el hecho de que no haya prisiones diferentes para sentenciados que para indiciados, son algunos de los problemas que gobierno tras gobierno y generación tras generación de estudiantes de derecho analizan porque son situaciones no resueltas.

 

Es cierto que no basta con endurecer las leyes para perseguir al crimen organizado si el sistema penitenciario, una vez que son sentenciados, no funciona apropiadamente como un sistema de readaptación y reinserción social, lo que tampoco significa que la solución sea matarlos para que haya más espacio, es decir, la pena de muerte.

El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer cifras relacionadas con el sentido de las sentencias emitidas por juzgados federales en torno del delito de secuestro, en los años de 2007, 2008 y 2009, llegando a la conclusión que el 91. 56 por ciento de los casos de secuestro han resultado en sentencias condenatorias.

 

Estas cifras se refieren a los casos que han ventilado los juzgados federales cuya competencia estiba en que intervenga en su comisión la delincuencia organizada y en los años citados se trata de 474 procesos concluidos, donde 434 sentencias fueron condenatorias y 40 absolutorias.

 

Pese a que es un logro del poder judicial en cuanto al porcentaje de condenados, la cifra de 474 procesos por secuestro es muy baja comparada con las cifras que se proporcionan en relación con el número de secuestros que se cometen en México.

 

El pasado mes de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo promovido por Martha Sahagún en contra de la sentencia que exoneró a la revista Proceso del pago de indemnización por haber lastimado el derecho al honor y a la intimidad de la demandante y en ese sentido se disminuyó el monto de la indemnización que debía pagar la periodista Olga Wornat a la esposa de Vicente Fox.

 

Contra esa sentencia Olga Wornat se amparó porque considera que al condenarla a pagar una indemnización a Sahagún por un artículo que publicó, se viola su derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de imprenta y los principios de seguridad y legalidad jurídica.

 

El 2 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como procedentes los autos en los que se admitieron los amparos promovidos por distintas empresas de comunicación en contra de las reformas constitucionales en materia electoral por vicios en el proceso legislativo, por lo que declaró sin fundamento  dos quejas presentadas por el IFE respecto de estas admisiones.

 

El instituto estimaba en esas quejas que la admisión de los recursos de amparo por parte de dos jueces federales, uno en Guerrero y otro en Nayarit, eran improcedentes. Sin analizar el fondo del amparo ni aceptarlo o negarlo, la Corte determinó que los recursos de queja del IFE eran infundados porque no hay ninguna causa de notoria improcedencia para no admitir los amparos.