Pues bien, como ya es noticia conocida, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de ejercer la facultad de investigación en relación con lo sucedido el pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Al momento de votar, los ministros hicieron hincapié al mencionar que los resultados de su investigación no serán vinculatorios ni con ello se enviará a persona alguna a la cárcel o se castigará a los culpables o se determinará un monto de indemnización, sencillamente porque esa no es la función de la Suprema Corte.

Frente a estas declaraciones ya hay quienes han legado al extremo de opinar que la Suprema Corte no sirve para nada y que es un organismo que debería de desaparecer. Sin embargo esas declaraciones solo ponen en evidencia la falta de información de muchos ciudadanos respecto de la división de poderes, las funciones de cada poder y sus atribuciones y limitaciones.

Así, no corresponde al poder judicial investigar ni perseguir delitos, función de las procuradurías estatales y de la general en materia federal, sino que le corresponde juzgar cada caso y aplicar la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está ejerciendo una facultad de investigación que excepcionalmente le otorga la Constitución cuando ha habido grave violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. Así que la comisión que al efecto se ha creado y que iniciará funciones el 16 de agosto investigará respecto de los diez siguientes aspectos:

1. El marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y analizar los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías.

2. El origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.

3. El origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares no patrones para la prestación del servicio de guarderías.

4. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC.

5. Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron dicho convenio y su competencia, así como el procedimiento que se observó para su otorgamiento y cumplimiento con la normatividad relativa al funcionamiento como guardería.

6. Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones del funcionamiento de la Guardería ABC y, en caso de hacer observaciones, si se vigilaba el cumplimiento de las mismas.

7. Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, en relación con el otorgamiento del permiso de uso de suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del mismo inmueble y de los inmuebles aledaños.

8. Analizar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios encargados del buen funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente de fecha 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC, pudieron evitarse y, con ello, se hubiera podido salvaguardar la vida de e integridad de los menores que se encontraban en la misma.

9. Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso.

10. Identificar a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales, tanto del IMSS como del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora y demás que resulten.

Del resultado de estas investigaciones las autoridades competentes, que no es la Suprema Corte, podrán iniciar acción legal no solo penal sino administrativa contra las autoridades que se determinen responsables.

Además, como se logra apreciar, la Corte solo revisará lo relativo a la actuación de las autoridades y no de los dueños de la guardería puesto que la investigación se centra en violación de garantías o derechos humanos por el estado.

Fuente SCJN

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Una vez más, después de 11 años, siete meses y 16 días, se remueven las cenizas sobre la matanza de 45 personas en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó, Chiapas, del 22 de diciembre de 1997.

 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 40 de los 80 presuntos responsables, son inocentes, ya que la Procuraduría General de la República, presentó testigos falsos y fabricó pruebas, entre otras irregularidades en el caso.

 

El Vaticano emitió un comunicado en el cual desmiente que estén buscando una fórmula legal para que los sacerdotes que tienen hijos los reconozcan y éstos puedan no solo llevar sus apellidos sino también heredar sus bienes.

 

En este sentido empezó a correr un rumor que decía que el Vaticano estaba estudiando la posibilidad de crear una figura que vinculara civilmente, sin ser matrimonio, a las mujeres que vivieran en concubinato con los sacerdotes para que sus hijos quedaran protegidos legalmente.

 

Por parte del Vaticano se declaró escuetamente que esta información carecía de fundamento.

 

Los dos municipios más antiguos de México están ahora enfrentados por la delimitación territorial de donde subyacen razones económicas. Se trata de los municipios de Veracruz y de La Antigua.

 

El presidente municipal de La Antigua ha declarado que el municipio de Veracruz, con el que colinda, le quiere quitar más de 3,939 hectáreas, equivalentes a un cuarto de su territorio.

 

La historia señala a La Antigua como el lugar a donde llegó Hernán Cortés y en donde se fundó la Villa Rica de la Vera Cruz aquel viernes santo de 1519. Claro, hay quienes opinan que la llegada de Cortés fue más al norte, precisamente en las playas de la Villa Rica, pero si nos atenemos a la historia oficial que fue en La Antigua donde además se encuentra la primera ermita del continente, las ruinas de lo que fue la casa de Cortés y sus pobladores dicen que incluso está la Ceiba donde se amarraron las naves que después fueron quemadas (o desarmadas).

 

Después del escándalo mediático desatado por el receso legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este lunes inició el segundo período ordinario de sesiones con el discurso del presidente, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, y con el informe del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que explicaba que durante el receso solicitó diversos informes sobre el caso de la Guardería ABC en el que fallecieron ya 47 niños.

 

El ministro Aguirre explicó que obtuvo informes de la PGR, del IMSS, y de la Secretaría de Gobernación y que apenas el lunes obtuvo el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con estos informes integró un documento que precisó contiene más de 200 páginas y solicitó en el pleno que este informe sea estudiado por los ministros para que emitan su voto a favor o en contra de que la Corte ejerce la facultad de investigación por graves violaciones de los derechos humanos, establecida en el artículo 97 constitucional.

 

Respecto de las declaraciones de Nelson Vargas respecto de la contratación de asesores privados en la negociación con secuestradores, Ernesto Mendieta, negociador en la materia, se encuentra bajo la mira de la Procuraduría General de la República puesto que pudo haber incurrido en un delito debido a las negociaciones.

Mediante decreto del 13 de mayo de 1996 se adicionó el artículo 366 bis al Código Penal Federal para sancionar como delito diversas acciones de los llamados negociadores o asesores en materia de secuestros y se describen las siguientes conductas:

  1. Actuar como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima;
  2. Colaborar en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;
  3. Actuar como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen en favor de la víctima, evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro;
  4. Aconsejar el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades;
  5. Efectuar el cambio de moneda nacional por divisas, o de éstas por moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate de un secuestro.
  6. Intimidar a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes.

Ernesto Mendieta argumenta a su favor que no actúo como negociador en el caso de Silvia Vargas, sino como analista de información, y en relación con el caso de Alejandro Martí ya también declaró como testigo de la entrega del dinero por parte de Martí al chofer para que lo entregara a los secuestradores.

De ser encontrado culpable de algún delito de los aquí mencionados, podría recibir una sentencia de dos a diez años de prisión y multa de doscientos a mil días de salario mínimo.

Y si bien es cierto que hay que buscar sacar ventaja de todas las situaciones, las empresas como la de Mendieta oscilan entre lo legal y la ilegalidad.

Por eso el llamado de las autoridades a denunciar estos delitos. Aunque muchas veces por la falta de credibilidad en las autoridades, los familiares de las víctimas prefieren ponerse en contacto con este tipo de asesores quienes de acuerdo con la víctima cobran sus honorarios.

Fuente El Universal.

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María del Refugio García Ramos y su esposo José Durán llevan gobernando el municipio de Pueblo Nuevo en el Estado de Guanajuato, durante doce años.

La historia empezó en 1994, año en el que José Durán Gonzaléz tomó por primera vez el poder como alcalde de Pueblo Nuevo,  y su esposa María del Refugio, ocupó la primera regiduría.

En 1997 es electa alcaldesa María del Refugio y su cuñado Antonio Durán González, es primer regidor. José fungió como Director Social y Rural del municipio.

En 2000, regresa José Durán y en esta ocasión, su cuñado, Fernando García Ramos, es primer regidor. Su prima hermana Lucila Castro Durán es Contralora y otra prima, Georgina Castro Durán, es presidenta del Consejo Municipal Electoral en Pueblo Nuevo.

En el 2003, gana las elecciones otra persona, Leonardo Solórzano Villanueva, pero en 2006 José Durán González, regresa con su familia al palacio municipal. Es de destacar que su contrincante fue….Larissa Solórzano Villanueva.

Este  2009 se postuló María del Refugio y después de un conflicto post-electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato le dió el triunfo en perjuicio de…. Leonardo Solórzano Villanueva, quien no se quiere quedar atrás.

Estas personas han llevado al extremo el principio previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “… Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.”, porque así lo han decidido los partidos y los electores.

Fuente: Milenio Leon

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La Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal mantiene el registro del número de casos presentados por materias en tribunales federales y el sentido de las resoluciones y nos ha parecido interesante dar a conocer algo de esta información.

 

En materia penal federal, el concentrado de información del 2008 en Juzgados de Distrito totaliza las denuncias presentadas en todo el país en 31,938, de cuyos procesos resultaron sentencias condenatorias 21,647 que representa el 67.78% del total de denuncias. Las sentencias absolutorias representaron ese año el 6.75%, siendo un total de 2,156.

 

El estado que recibió mayor número de denuncias fue Baja California con 3,638, seguido del Distrito Federal con 3,215. El que menos denuncias recibió fue Aguascalientes con 37 de las cuales 20 fueron condenatorias.

 

En el marco de la ceremonia de festoejo del 150 aniversario de la expedición de las Leyes de reforma, el Presidente Felipe Calderón anunció y se comprometió a que durante su gobierno sería expedida la Cédula de Identidad Ciudadana como un documento que será “garantía legal y práctica de la identidad y personalidad jurídica”, expresó.

La expedición de este documento no es una idea nueva. De hecho ha sido un proyecto recurrente en sexenios anteriores que por alguna razón que desconocemos no ha llegado a la práctica.

La Ley General de Población en el artículo 86 señala que el Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Este registro de población se refiere a todo mexicano, ciudadano o no con lo que se incluye a los menores de edad y el registro de los extranjeros en México en el catálogo de extranjeros. Con ello se distingue tres tipos de registro: el de menores, el de ciudadanos y el de extranjeros.