Birrete y mazo

Un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión definitiva del proyecto Hotel Riviera Cancún, promovido por la empresa MX RIUSA II, S.A. DE C.V., pero se estableció el pago de una garantía de 10 millones de pesos.

La suspensión de la obra, de otorgarse la garantía, sería hasta que se defina el fondo del amparo promovido en contra de la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Cancún 2014-2030, aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez en agosto de 2014, que es lo que ha permitido la autorización de obras como la de este hotel.

El PDU en cuestión actualiza los usos de suelo en sitios de alto valor ambiental, aumentando en gran porcentaje el desarrollo de obras permitidas en tales sitios con restricciones en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Benito Juárez, facilitando que los constructores obtengan autorización de la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción de infraestructura turística en zona de influencia de manglar así como de dos áreas naturales protegidas: Manglares de Nichupté y Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, afectando dichas zonas de manglar, la recarga de acuíferos y, con ello, violando el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes de la región.

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Cancún ha determinado una garantía por más de 10 millones de pesos para que surta efectos la suspensión definitiva.

Sin embargo, la organización se ha opuesto a esta garantía con base en una tesis aislada, que aunque no es obligatoria sirve para orientar el criterio del juez. lo cual contradice el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según el cual es improcedente fijar garantía para que surta efecto la suspensión en el amparo, cuando el acto reclamado involucre la violación al derecho humano a un medio ambiente sano.

Esta tesis establece que “cuando en el amparo el acto reclamado pueda ocasionar daños al medio ambiente, … la suspensión de aquél no puede estar a expensas de una garantía, ya que sería privilegiar derechos individuales sobre derechos colectivos de índole ecológico”.

Además, en el criterio se agrega que para que la suspensión definitiva en estos casos surta efectos “es improcedente esa garantía, si se tiene en cuenta que, de fijarse, el quejoso podría no exhibirla y se ejecutarían los actos reclamados de manera irreparable para la colectividad, en contravención al derecho humano mencionado (derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas).

Igualmente, se subraya que podría implicar “que pudiera exhibirse una contragarantía que, de presentarse, llevaría a la ejecución de los actos, que es precisamente lo que pretende evitarse hasta el análisis de fondo materia del juicio principal, además de que resultaría en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dada la naturaleza del derecho humano en juego, en perjuicio de la sociedad y de sus derechos colectivos ecológicos, los cuales se anteponen al interés de los particulares”.

Este criterio es relativamente nuevo, ya que se emitió en junio de este año. De llegarse a construir jurisprudencia sosteniendo el mismo, sería de gran beneficio para este tipo de casos en que está en juego el beneficio de la sociedad.

La decisión final esta en manos del juez de distrito.


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