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La semana pasada se presentó una segunda iniciativa para incluir en el Código Penal Federal lo que se conoce como porno venganza o revenge porn, que es el publicar en Internet un video íntimo de alguna persona como un acto de desquite en contra de esa persona. La primera iniciativa fue presentada en marzo de 2015, por la senadora Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza, quien falleció este año.

La iniciativa presentada por legisladores del PAN propone adicionar el artículo 267 del Código Penal Federal con el objetivo de tipificar como acoso sexual esta conducta, aplicando una pena de hasta dos años de cárcel para la persona que incurra en ese delito.

El artículo establecería que “comete el delito de hostigamiento sexual quien, sin el consentimiento expreso de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones sexuales parciales o totales, que hubiera obtenido con o sin permiso en lugar privado fuera del alcance de terceros, aun cuando el material hubiese sido producido por la persona afectada”.

Y añade: “A quien cometa este delito se le impondrá una pena de seis a 12 meses de prisión y hasta quinientos días de multa. La pena se duplicará cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que tenga una relación familiar hasta en segundo grado”.

La iniciativa expone que, según la Policía Cibernética de la Ciudad de México, existen más de 2000 sitios con este tipo de contenido y 424 se concentran en la divulgación de estos materiales. En lo que va de 2016 se tienen reportados 266 incidentes como la afectación de la imagen, daño moral y acoso.

Asimismo destaca que esta conducta  no está considerada como delito en México, no hay ningún castigo para quien bajo el amparo de la impunidad expone la intimidad de otra persona, vulnerando su auto estima y poniendo en riesgo su vida pues muchas de las víctimas consideran el suicidio como la alternativa para salir del hostigamiento y los trastornos ocasionados

En su mayoría son mujeres las que se ven afectadas por este tipo de conductas existiendo inclusive sitios especializados donde se puede reconocer a la víctima, añadiendo su nombre completo, lugar de trabajo, dirección y su teléfono, o que cobran  a la víctima o a sus familias por retirar las imágenes.  Por ejemplo, en Estados Unidos las ganancias por sitio pueden alcanzar hasta 100,000 dólares al mes, afectando no solo a una persona sino a todo su entorno.

La iniciativa reconoce que la medida con mayor contundencia para no estar expuestos a este fenómeno, es evitar tomarse fotos íntimas, no compartir este tipo de contenido con nadie y tener un control estricto de la seguridad de los dispositivos, pero subraya que el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos según el artículo 1º de la Constitución y en concordancia, esta propuesta busca sancionar a las personas que divulguen imágenes o grabaciones insinuantes o sexuales como parte de una revancha o una extorsión a personas que las hayan compartido y que como consecuencia sean víctimas de hostigamiento

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