El titular del Ejecutivo presentó ante el Senado una propuesta para reformar la Ley de Amparo a fin de que los procedimientos correspondientes se puedan llevar por medios electrónicos.

Con esta iniciativa se busca promover la simplificación de los procedimientos tanto para los órganos jurisdiccionales como para los usuarios del sistema de impartición de justicia como una medida que contribuya a la desregulación.

Los tribunales ya tienen experiencia en cuando al manejo virtual de los expedientes, puesto que ya cuentan con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el que se captura y reporta los movimientos en los de asuntos del conocimiento de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

 

Este sistema también se aprovecha para enviar y recibir todo tipo de comunicaciones,promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias y comunicaciones oficiales a través de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes.

Esta iniciativa complementa de alguna manera la propuesta que el pasado 19 de marzo presentó el grupo parlamentario del PRI para reformar la Ley de Amparo. Esa iniciativa de marzo recoge algunas de las inquietudes y propuestas que se han realizado en la materia y propone darle nuevas atribuciones a los tribunales de circuito, modificar el amparo directo y la suspensión del acto reclamado, y la más importante, modificar el principio de relatividad, llamado también fórmula Otero, otorgando al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaración general en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que establezca jurisprudencia por reiteración que determine la inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución. Esto significaría que la sentencia de amparo se aplicaría a todos los casos y no que cada persona tenga que tramitar su propio amparo.

Es posible que esta nueva legislatura realice las tan deseadas reformas en la materia que nos permita contar con un juicio de amparo acorde al siglo XXI.

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