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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el impuesto que debe pagarse al recibir los recursos de la subcuenta de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez es el equivalente al que pagan los trabajadores por concepto de ingresos por salarios y otras prestaciones laborales.

Al resolver cuatro juicios de amparo con este criterio, los ministros declararon la inconstitucionalidad de la Regla 1.3.10.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 y 1.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 la cual establecía que al ser un ingreso “esporádico”, por lo que las Administradoras de Fondos para el Retiro debían retener el 20 por ciento del total que ahorró el trabajador en su vida laboral.

Los magistrados determinaron que la tasa que debe aplicarse es la que se aplica a los salarios, que va desde el 1.92 por ciento para los de menores ingresos hasta el 28 por ciento, ya que la subcuenta de retiro es un ahorro “acumulable” que debe pagar impuestos de acuerdo a los otros ingresos que recibe el trabajador como son vacaciones, primas dominicales, primas vacacionales, etc., tasa que puede modificarse cada año.

Los ministros rechazaron que el cobrar impuestos sobre la subcuenta de retiro viole los derechos a la vida digna, derecho a la seguridad social o el derecho a la propiedad privada, al afectar un ingreso para vivir dignamente el final de su vida, impide el acceso pleno a los derechos de seguridad social y restringe su derecho a disponer y gozar de recursos que “se fueron construyendo a lo largo de su vida laboral, por lo que forman parte de su patrimonio individual y familiar, el cual no puede ser afectado”.

La Segunda Sala destacó que no existe disposición constitucional que prohíba establecer tributos en relación con este tipo de ingresos “en tanto constituyen manifestación de riqueza”.

Finalmente, los ministros señalaron que la reforma a la Ley del Seguro Social que creó el “SAR 92”, estableció que la cuenta individual debería estar integrada por dos subcuentas: la del seguro de retiro y la del Fondo Nacional de Vivienda y que deberían recibir el mismo tratamiento fiscal que lo correspondiente a los ingresos por salarios y prestaciones.

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