El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, otorgó un amparo para que las autoridades “investiguen de manera seria y exhaustiva” la desaparición de una persona y se permita su búsqueda en las instalaciones del ejército mexicano.

Además, en la sentencia se establece que el amparo no se considerará cumplido sino hasta que se localice al quejoso con vida o se encuentren sus restos mortales, y se deslinden responsabilidades en el ámbito penal.

En la sentencia se explica que el Ejército mexicano se introdujo ilegalmente en el domicilio del quejoso sin que existiera ninguna orden de un juez o flagrancia, y lo detuviero arbitrariamente el 25 de noviembre de 2015.

Posteriormente, los militares lo entregaron a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo, Guanajuato, quienes lo mantuvieron ilegalmente detenido durante seis horas por supuestamente violar el bando municipal al faltarle el respeto a los militares por dirigirse a ellos con palabras altisonantes sin que existiera la determinación de un juez calificador que lo declarara responsable de la falta administrativa.

Finalmente, al ser liberado se acreditó, con grabaciones de las cámaras de seguridad pública y las entrevistas de los militares, que los militares lo detuvieron nuevamente al salir de los separos municipales, pero hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero.

Con lo anterior se probó la desaparición forzada y violación de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad, así como a la integridad personal y personalidad jurídica. El derecho a la integridad personal de la esposa también fue violado, debido al sufrimiento provocado por la incertidumbre sobre la situación de su marido.

En la sentencia se señala que la Procuraduría General de la República (PGR) inició la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y no por el de desaparición forzada; aunado a que aplicó el procedimiento penal tradicional, no obstante que la violación tuvo lugar cuando ya había entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en la entidad.

Los quejosos deberán ser inscritos en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, así como en el Registro Nacional de Víctimas y, se deberá iniciar un procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se pague a los quejosos una compensación en forma subsidiaria por “la grave violación a los derechos humanos cometida por elementos del Ejército mexicano”.

Más información cjf.gob.mx


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